Miguel Peiretti
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó una sentencia clave en la que declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de las garantías judiciales fundamentales en perjuicio de los abogados Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá. El fallo determinó que el Estado argentino vulneró de manera directa el derecho de los profesionales a ser oídos por un tribunal imparcial, a ser juzgados dentro de un plazo razonable y a interrogar a los testigos durante un proceso penal que se extendió por quince años, entre 1991 y 2006.
El origen del conflicto judicial se remonta a una causa civil en la que los doctores López de Belva y Podestá representaron a un particular en un litigio contra la Municipalidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. En ese proceso, la comuna fue condenada a pagar una indemnización. Durante la etapa de ejecución, los abogados presentaron liquidaciones parciales que fueron aceptadas por los asesores legales del municipio y formalmente aprobadas por el entonces titular del Juzgado de lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento Judicial de San Martín.
Sin embargo, tras el fallecimiento de dicho magistrado, la jueza nombrada en su reemplazo dispuso una pericia contable integral sobre los números aprobados. El informe pericial concluyó que existía un perjuicio patrimonial para la administración pública municipal debido a cálculos inexactos y a la aplicación de un mecanismo acumulativo de intereses sobre intereses (anatocismo), lo que incrementaba la deuda de forma desmesurada. Esta situación derivó en la apertura de una causa penal contra los letrados.
Un laberinto judicial de 15 años
La cronología del proceso penal refleja las dilaciones que fundamentaron la condena internacional:
7 de mayo de 1991: Se dictó el auto de procesamiento contra los abogados bajo la acusación del delito de fraude a la administración pública en grado de tentativa.
1 de marzo de 1993: El Juzgado en lo Criminal Nº 5 de San Martín dictó una sentencia condenatoria de dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional, junto con ocho años de inhabilitación especial para ejercer la abogacía. En el mismo acto, tres funcionarios municipales recibieron penas de prisión e inhabilitación.
7 de marzo de 2006: Tras una larga cadena de recursos de apelación y solicitudes defensivas que fueron sistemáticamente rechazadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró extinguida la acción penal por prescripción. El máximo tribunal argentino reconoció en ese momento que la prolongación del proceso por más de once años en instancias revisoras excedía cualquier parámetro de razonabilidad.
Los argumentos de la condena internacional
Al analizar el caso, la Corte IDH desmenuzó las irregularidades cometidas por la justicia argentina. En primer lugar, advirtió que las afirmaciones vertidas por el juez de primera instancia en el auto de procesamiento de 1991 configuraron un adelantamiento de criterio injustificado y un prejuzgamiento evidente, lo que atentó contra la garantía de imparcialidad objetiva que debe resguardar todo magistrado.
Asimismo, el tribunal internacional hizo foco en el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tramo final del expediente en la máxima instancia del país se demoró cuatro años y cuatro meses, registrando prolongados períodos de inactividad que no tenían justificación por parte del Estado ni guardaban relación con maniobras dilatorias de las víctimas. La Corte IDH enfatizó que esta demora forzada mantuvo a los profesionales en una situación de total incertidumbre sobre su futuro y sobre la subsistencia de la grave sanción de inhabilitación profesional.
Por último, la sentencia constató una grave afectación al derecho de defensa durante las audiencias previas al fallo de primera instancia. Los jueces impidieron que López de Belva y Podestá interrogaran a un testigo clave solicitado por otro de los imputados. El tribunal local se había amparado en una interpretación restrictiva de la norma procesal, aduciendo que solo el imputado oferente y el Agente Fiscal eran partes legítimas para interrogar, privando a los abogados de una herramienta de control probatorio fundamental.
Debido a estas faltas, el tribunal con sede en San José de Costa Rica declaró que la Argentina violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 8.2.f (Derecho de la defensa a interrogar testigos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En contrapartida, el tribunal desestimó otras acusaciones de la defensa referidas a la falta de motivación, la vulneración del principio de doble juzgamiento (ne bis in idem), el derecho a la propiedad o la igualdad ante la ley, por considerar que no se aportaron elementos de prueba suficientes.
Reparaciones e indemnizaciones
La Corte IDH dictaminó que la sola emisión de la sentencia ya representa una forma de reparación para el honor de los profesionales afectados. No obstante, ordenó formalmente al Estado argentino cumplir con las siguientes medidas accesorias:
1. Publicar y difundir el texto íntegro de la sentencia y su resumen oficial en los canales gubernamentales.
2. Abonar de manera obligatoria las sumas económicas fijadas en el fallo en concepto de indemnización por daño inmaterial, costos y gastos del proceso.
3. Reintegrar los fondos correspondientes a los gastos operativos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte.
El histórico fallo contó con la deliberación de los jueces Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), Nancy Hernández López (Costa Rica), Alberto Borea Odría (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Por cuestiones reglamentarias vinculadas a su nacionalidad, la jueza argentina Verónica Gómez no participó del debate ni de la firma del documento. Varios de los magistrados presentaron votos disidentes y parcialmente disidentes respecto a puntos específicos del texto final.
