Miguel Peiretti
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de “asesinato” la muerte de un ciudadano colombiano a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). El trágico episodio se registró en el estado de Maine, en el noreste del país norteamericano, en medio de la intensa campaña de redadas y deportaciones masivas que impulsa la administración de Donald Trump.
La víctima fue identificada como Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años que residía en la localidad de Biddeford junto a su esposa y su pequeña hija de tres años. El inmigrante fue baleado por efectivos federales mientras se encontraba a bordo de su vehículo particular durante un procedimiento migratorio en la vía pública.
"Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los Estados Unidos", reaccionó con dureza Petro a través de su cuenta oficial en la plataforma X. El mandatario colombiano, reconocido crítico de las políticas de fronteras de Trump, exigió que "los asesinos paguen por su homicidio" y reclamó explicaciones urgentes a la Casa Blanca, afirmando que al joven "lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos".
Contradicciones y versiones cruzadas
El hecho encendió las alarmas debido a las notorias diferencias en los relatos oficiales del operativo. Inicialmente, el ICE aseguró que Durán Guerrero se encontraba en situación irregular, que pesaba sobre él una orden de expulsión inmediata y que intentó darse a la fuga, obligando al agente a abrir fuego "por razones de seguridad pública" ante el riesgo inminente de ser atropellado.
Sin embargo, esta reconstrucción difiere de los datos aportados por el senador de Maine, Angus King. El legislador reveló que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que los efectivos estaban ejecutando una orden de arresto que ni siquiera estaba dirigida específicamente contra el ciudadano colombiano. Para sumar mayor controversia, las organizaciones civiles Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente! aseguraron públicamente que la víctima contaba con una autorización legal vigente para trabajar en territorio estadounidense.
A esto se agrega que los agentes involucrados en el tiroteo no portaban cámaras corporales reglamentarias, lo que deja abiertas numerosas incógnitas sobre la distancia del disparo, las advertencias previas y el verdadero nivel de peligro que representaba el conductor. Un video de seguridad obtenido por agencias de noticias internacionales muestra una camioneta oficial bloqueando el paso del auto blanco de la víctima, tras lo cual dos agentes extraen a rastras el cuerpo ya inmóvil del conductor, sin que se logre divisar el momento exacto de las detonaciones.
Ola de protestas y freno a los controles
Este tiroteo representa la segunda ocasión en una semana en la que el ICE utiliza fuerza letal en procedimientos civiles, acumulando al menos nueve muertes desde el endurecimiento de la ofensiva contra la inmigración.
La muerte del joven desencadenó masivas manifestaciones vecinales en Maine. Centenas de ciudadanos se concentraron frente a un centro de detención federal en Scarborough portando pancartas con consignas como "No más asesinatos" y "Pongan fin a este terror". Ante la escalada de la tensión social y los cuestionamientos legales, la cúpula del ICE dispuso suspender temporalmente todos los controles de vehículos vinculados con la aplicación de las leyes de inmigración en la región.
