Miguel Peiretti
La iniciativa, impulsada de manera conjunta por el abogado Washington Andrade, el reconocido dirigente indígena Leonidas Iza y el referente Jorge Cáceres, congregó a un importante arco de ciudadanos y organizaciones sociales que exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE) que deje de dilatar el proceso y dé curso legal al trámite correspondiente.
La concentración ciudadana comenzó a las 18:00 horas en la avenida de los Shyris, punto desde el cual los manifestantes iniciaron una caminata portando velas, carteles y antorchas encendidas como símbolo de protesta y resistencia. La movilización culminó de manera pacífica frente a las oficinas centrales de la sede del organismo electoral, ubicadas sobre la avenida Seis de Diciembre.
Presión al CNE por los formularios de firmas
Durante todo el trayecto y frente a las puertas del CNE, las consignas de los manifestantes se concentraron en una exigencia administrativa inmediata: la entrega oficial de los formularios impresos necesarios para iniciar la recolección física de las firmas de los ciudadanos en todo el territorio ecuatoriano. Los organizadores del colectivo defendieron que la revocatoria del mandato es un mecanismo democrático legítimo contemplado de forma taxativa en la Constitución de la República y rechazaron con firmeza las acusaciones de desestabilización formuladas desde el palacio presidencial.
Tras concluir la movilización, el jurista Washington Andrade utilizó su cuenta oficial en la red social X para anunciar que, a partir de esa misma noche del 4 de julio, las bases sociales se declaraban en estado de vigilia permanente “por la democracia y el respeto a nuestros derechos de participación”, a la espera de una resolución favorable por parte de las autoridades electorales.
Cabe recordar que la solicitud formal de revocatoria fue presentada originalmente el pasado 9 de junio de 2026. Los ciudadanos e instituciones demandantes atribuyen al binomio presidencial un grave e sistemático incumplimiento de las promesas de campaña y de las responsabilidades asumidas en su plan de trabajo oficial.
El Gobierno denuncia falta de sustento
Por su parte, la administración del presidente Daniel Noboa ha salido a cruzar con dureza la movilización popular. Desde el Ejecutivo nacional sostuvieron de forma oficial que la petición de destitución anticipada carece por completo de sustento jurídico y constitucional, por lo que elevaron un pedido formal para que la presentación sea declarada totalmente improcedente por las autoridades de control. Mientras el debate técnico y social divide aguas en el país, la decisión final sobre la admisión o el archivo definitivo del trámite permanece exclusivamente bajo la órbita de los magistrados del CNE.
