Miguel Peiretti
La decisión llega luego de un largo proceso de deterioro económico que incluyó un concurso preventivo iniciado en 2025, el cual no logró revertir la crisis. Finalmente, la propia compañía solicitó la quiebra al reconocer su estado de cesación de pagos e insolvencia generalizada.
El pasivo de la cooperativa ronda los 120 millones de dólares y acumula más de 1.500 acreedores, en un contexto en el que la estructura productiva quedó fuertemente debilitada y sin capacidad de recuperación.
El impacto también es social: según denunció el gremio Atilra, la empresa arrastra al menos ocho meses de salarios impagos, además de aguinaldos adeudados, lo que profundizó el conflicto laboral en sus plantas.
El expediente se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, donde ya se habían detectado irregularidades, falta de información contable y un deterioro sostenido de la actividad. La quiebra aparece así como la formalización de una situación que en el sector ya era considerada inevitable.
El fallo estableció que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos, momento en el cual cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos.
También se aclaró que los sueldos y retribuciones generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la ley.
