El gobierno argentino armó un escape secreto de Venezuela

En una operación llevada a cabo por el gobierno argentino, este miércoles se conoció que lograron sacar de Venezuela a María Alexandra Gómez García, esposa del gendarme argentino detenido, Nahuel Gallo, y a su pequeño hijo, Víctor Benjamín, de dos años.

El operativo “secreto” fue realizado vía terrestre y planificado tácticamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con apoyo de organismos oficiales e internacionales. Alexandra y su hijo residían actualmente en el estado de Anzoátegui, Venezuela. Fue en ese lugar donde Gallo tenía previsto pasar las fiestas de fin de año en 2024, antes de ser detenido por las fuerzas especiales de Nicolás Maduro y acusado, sin pruebas, según organismos de derechos humanos, de formar parte de un "complot internacional" y de actuar como espía.

La madre del menor se encontraba, sin medios económicos, sin trabajo y sin documentos válidos, lo que imposibilitaba su salida. La situación del niño, el cual es ciudadano argentino como su padre, activó al Ministerio de Seguridad. En ese sentido, Bullrich gestionó la asistencia de Migraciones y Cancillería para garantizar documentación y respaldo, en su tránsito hacia Colombia, un país que recibe a millones de migrantes venezolanos.

La figura clave en el operativo fue Elisa Trotta, exembajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina y referente del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), quien colaboró en la logística para la extracción de la familia. 
La retención de Nahuel Gallo en Venezuela continúa siendo noticia en Latinoamérica. La única prueba de vida que ha ofrecido el régimen de Maduro es un video y un par de fotos en las que aparece vestido de preso. Su madre, Griselda, mantuvo reuniones con la ministra Bullrich recientemente, aunque sin respuestas sobre el estado actual de Gallo. 

Mientras tanto, Alexandra y su hijo ya se encuentran en territorio colombiano, bajo resguardo, esperando poder reencontrarse con su familia en Argentina. 

Desde los gobiernos de Argentina, Estados Unidos y Ecuador reforzaron la orden de evitar viajar al país por la falta de garantías y la creciente represión.