El periodismo, ejerce la representación implícita de la sociedad y tiene, en la dinámica de una democracia republicana, la función básica de informar veraz, objetiva y oportunamente a la sociedad sobre hechos de interés público. En ello también ayuda a facilitar la expresión de distintas voces en el debate social y vigila al poder, denunciando abusos y corrupción.
Opiniones15/05/2025 Por Miguel Rodriguez Villafañe
En dicha tarea, garantizada constitucionalmente, investiga, contextualiza, recibe informaciones y opiniones y las difunde, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Todo lo que permite a las personas comprender los hechos y ayuda a formar una sana opinión pública.
Sin importarle lo antes referido, el presidente Javier Milei, sistemáticamente, ataca al periodismo y a sus funciones. En sus discursos, conferencias y en redes sociales, utiliza palabras insultantes contra periodistas y medios en general y particularmente a los que son críticos. En su descalificación serial y constante los trata, con vehemencia, de “mentirosos”, “farsantes”, “delincuentes con micrófono”, “ensobrados”, “sicarios mediáticos”, “periodismo militante”, “basura kirchnerista”, “mercenarios del micrófono”, “soretes”, “ensobrados”, “corruptos”, “extorsionadores”, “basuras”, “zurdos de mierda”, “envenenadores de la vida de la gente con mentiras”, entre muchos otros modos ofensivos. Ha llegado a decir que, “No se odia lo suficiente a estos sicarios supuestos periodistas”, incitando, obviamente, a la violencia en contra de quienes informan, ya que, para tener una sociedad desinformada y dominada hay que matar o desacreditar a quienes informan.
Incluso, para denigrar más la tarea periodística, el ministro de Economía Luis Caputo dijo, el 02/05/25, que el periodismo es “una profesión que tiende a desaparecer”.
Los ataques al periodismo incluyeron, además, hostigamiento con denuncias penales sin fundamento contra medios y/o periodistas.
Aún más, el referente del gobierno en las redes sociales Daniel Parisini, conocido como el “gordo Dan”, pidió que el Presidente meta preso a periodistas por decreto.
En ese clima de odio, el periodista Roberto Navarro, director del portal de noticias web argentino “El Destape”, el 21/04/2025, fue víctima de una violenta agresión mientras se encontraba en el lobby de un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires. El ataque comenzó cuando un hombre lo agredió de forma verbal y en ese momento otro lo golpeó brutalmente en la cabeza, a la altura de la nuca, por la espalda y sin mediar palabra. El traumatismo le provocó una hinchazón muy grande en la cabeza, tuvo dificultad para el habla y debió ser hospitalizado por varios días.
También, el 29/04/2025, Santiago Caputo, asesor cercano a Milei, que tiene mucho poder en el gobierno, dado que le sacó una foto el fotógrafo Antonio Becerra, del diario “Tiempo Argentino”, la manoteó la credencial que lo identificaba, y le sacó una foto con el celular a la misma, con gestos de amenaza como diciendo, “ojo, ya sé quién eres”.
Todo lo que busca generar miedo y autocensura.
Al punto tal, que el legislador porteño por la Coalición Cívica Facundo del Gaiso presentó una denuncia penal contra el Presidente por “incitar a la violencia”.
A su vez, nunca, como ahora, las y los periodistas tienen tanta precarización laboral, bajos salarios, incertidumbre y con más cúmulo de tareas, tanto en la realización del contenido de la información como en el trabajo de la misma, ya que se busca que el o la periodista, en breve tiempo y simultáneamente, haga la nota, saque la foto o filme, suba el material a la web y comente la noticia, entre otros requerimientos.
Además, el gobierno unilateralmente y de manera ilegal, ha suspendido los fondos propios de la publicidad oficial, que no son subsidios, sino que integran los dineros destinados a garantizar la información pública para todos los sectores de la sociedad, a través de los diversos medios de difusión. Dinero que debe repartirse equitativamente y no sólo beneficiando a las empresas mediáticas poderosas económicamente, como se ha hecho desde siempre.
También en la línea de falta de transparencia y desinformación el gobierno cerró la agencia pública TELAM de noticias, transformándola en una empresa de publicidad estatal.
Además, ha condicionado y condiciona la actuación de la Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.). Ésta es una empresa estatal que tiene a su cargo la gestión de Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior. Dichos medios, son un servicio público básico.
El gobierno, también, sin explicación alguna, cerró las redes sociales de todos los medios públicos y de esa manera, destruyó la información estatal en las redes sociales.
Todo lo antes mencionado facilitó y facilita la concentración mediática y opera en contra del pluralismo informativo necesario.
Por su parte, el Presidente dictó el Decreto 780/2024, (B.O. 02/09/2024), por el que modifica la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. El mismo desnaturaliza la ley, con una serie de acciones que coartan, limitan, entorpecen y fundamentalmente, desalientan la posibilidad de acceder a la información pública, exponen a los periodistas a posibles represalias legales, creando un clima de autocensura y temor y se priva del control ciudadano al poder.
Milei debe hacerse cargo de las consecuencias civiles, penales y políticas que tienen sus actitudes y afirmaciones. Sus dichos insultantes implican diversos tipos penales como incitación al odio y a la violencia, instigación al delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas o intimidaciones, etc. Pero, fundamentalmente, su accionar imposibilita la convivencia democrática y merece una urgente respuesta legal y política contundente de todos los sectores de la sociedad.
Hay que señalar que, al respecto, no alcanza con meras declaraciones de repudio o de acompañamiento a los o las afectadas, ya que el presidente y su gobierno atenta contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, estructura básica de la democracia, garantizados por la Constitución Nacional.
Cabe reparar que, por ejemplo, a los jubilados y a quienes los acompañan, por el mero hecho de reclamar ejerciendo su libertad de expresarse, son reprimidos injustamente por la policía. Tal es el caso que se ha dado contra el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, integrante del Grupo de curas en opción por los pobres, que el 07/05/25 fue a respaldar la marcha de los jubilados y lo hirieron en la cara, al tratar se asistir a una jubilada caída en el suelo. En este aspecto, no podemos olvidar tampoco, que durante la movilización del 12/03/25 se impactó con una granada lacrimógena en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo.
Evidentemente, se busca colonizar las mentes y generar odio, miedo y desesperanza en la sociedad, imponiendo un discurso único, que no se permite que se discuta, al servicio de un verdadero colonialismo mental inaceptable, que implica una ruptura de nuestra soberanía en todos los aspectos. Se trata de demoler al Estado-Patria y generar una subordinación a intereses foráneos contrarios a las necesidades de nuestro pueblo, en un verdadero golpe de estado a cielo abierto, que afecta gravemente, la salud democrática y la vigencia de los derechos humanos en Argentina.
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