Poblaciones santafesinas alcanzadas por la emergencia agropecuaria

El Ministerio de Economía a partir de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial decidió prorrogar el estado de emergencia agropecuaria en Chaco y Santa Fe, declaradas a partir de una prolongada sequía que afectó las explotaciones en varios distritos provinciales.

Quedan comprendidas a partir del 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025, las explotaciones de Marini, Eusebia, Fidela, Colonia Bigand, Hugentobler, Eguzquiza, Aldao, Lehman, Sunchales, Colonia Bicha, Ataliva, Galisteo, Tacurales, Tacural, Raquel, Humberto I todos del departamento Castellanos, Virginia y Maua del departamento San Cristóbal, además abarca a los departamentos San Javier y San Justo, y los distritos Elisa, Jacinto L. Arauz, Ituzaingó, La Pelada, Soutomayor, Providencia, María Luisa, Santo Domingo, Progreso, Hipatia y Sarmiento pertenecientes al Departamento Las Colonias.

El Ministerio de Economía determinó para Santa Fe extender la medida hasta el 31 de agosto de 2025. En diciembre del año pasado, el organismo había emitido la Resolución 1297/2024 a raíz de un análisis realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), debido a la sequía en el norte de la provincia.

Los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que confirme que sus campos se encuentran dentro de las zonas declaradas para poder acceder a los beneficios establecidos por la legislación vigente.

Además, el Ministerio de Economía instruyó a las entidades bancarias nacionales y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar los mecanismos necesarios para garantizar a los productores afectados el acceso a exenciones impositivas y prórrogas en el cumplimiento de obligaciones, según lo estipulado en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509. También se delegó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la posibilidad de firmar convenios para asegurar la ejecución efectiva de la resolución en coordinación con las autoridades provinciales.

En el caso de Chaco, se estableció desde el 28 de marzo hasta el 24 de septiembre de 2025, para las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas de todo el territorio provincial.