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La Federación del sector y el sindicato de San Lorenzo anunciaron la medida de fuerza a partir de las 6 de mañana de este miércoles en todos los puertos y fábricas del país. Un juez dictó una intervención "light" de Vicentin.
Pais11/03/2025“A partir de las 6 horas de la mañana de este miércoles 12 de marzo, en todas las plantas y puertos aceiteros del país iniciaremos una medida de fuerza conjunta de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial aceitera, el incumplimiento salarial de Vicentin Saic y el incumplimiento de los derechos laborales en Explora SA Puerto San Martín”, dice el comunicado conjunto que ambas organizaciones difundieron la tarde de este martes.
La decisión de Vicentin Saic de abonar solo el 30% del salario de sus empleados, aceleró la medida de fuerza que la Federación ya venía pergeñando ante la decisión de la Cámara de la Industria Aceitera, (Ciara) de “dilatar” la discusión paritaria, cuyo acuerdo anterior venció el 31 de diciembre de 2024.
La medida de fuerza, consiste en una retención de tareas, ya se inició este martes en los puertos que Vicentin tiene en las localidades de San Lorenzo y Ricardone, por la falta de pago de los salarios. Eso también determinó que el juez civil y comercial de Reconquista que entienden en el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora, Fabián Lorenzini, dictara una resolución este martes disponiendo una suerte de intervención light de la empresa, al designar a dos “veedores controladores” sin desplazar al directorio de la compañía de su administración.
A través de un comunicado, el sector gremial señaló que “ante la decisión de la Ciara y las empresas aceiteras de dilatar la negociación paritaria y las diferentes acciones en contra de las y los trabajadores que encabezan firmas como Vicentin, que no pagó los salarios, y Explora, que despidió a 2 trabajadores, iniciamos una huelga nacional aceitera”.
La medida afectará el normal funcionamiento de terminales portuarias y procesadores de cereales, particularmente las agroexportadoras ubicadas el sur y al norte de Rosario.
“Vencido el 31 de diciembre de 2024 el acuerdo salarial de la paritaria aceitera, hace más de dos meses que están demorando el diálogo con propuestas irrisorias o que son, directamente, una falta de respeto hacia los trabajadores que día a día producimos en las plantas de todo el país, rompiendo con la negociación que venimos realizando hace largos años”, señalaron la Federación y el sindicato de San Lorenzo, que no participa de modo formal del agrupamiento de segundo grado, pero actúan de forma conjunta.
“Por estas razones, esta medida es exclusiva responsabilidad de las cámaras y las empresas del sector que llevan adelante un grave e ilegal avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras”, agregaron.
En otro tramo del comunicado, las entidades gremiales indicaron que “el accionar patronal, que impacta directamente sobre nuestros salarios, se parece demasiado a una revancha patronal, donde pretenden combinar el ajuste salarial y la militarización de plantas, como ocurrió en Explora”. Se trata de una planta de biodiesel ubicada en el Gran Rosario, que se negó a abonar una suma salarial acordada en partiaria, lo que derivó en una protesta gremial y en el posterior despidos de trabajadores.
“En el día de hoy, ante la Secretaría de Trabajo, Vicentin ha manifestado que tiene contratos con empresas como Bunge y ACA «por doce años, los cuales garantizan el pago de los costos de producción y los salarios. Estos contratos se harían operativos una vez homologado el acuerdo preventivo de acreedores», acuerdo que ha sido rechazado por el juez del concurso y por la Corte Suprema de Santa Fe”, recordaron los trabajadores.
En esa línea, agregaron que “es claro el grosero accionar extorsivo de las empresas aceiteras, quienes utilizan a los trabajadores y sus necesidades como rehenes de sus disputas por quedarse con una torta más grande del negocio”.
El juez civil y comercial de Reconquista, Lorenzini, dispuso esta martes la designación de dos “veedores controladores” de Vicentin Saic “sin desplazamiento de la administración”, a pedido de las partes del concurso ante la crisis financiera de la firma, según la resolución a la que accedió Conclusión.
“Se establecerá por lo tanto, una veeduría de control y seguimiento de la administración, sin desplazamiento de los actuales directores, y por un lapso inicial de 120 días; prorrogables en virtud de las circunstancias imperantes a la fecha de su vencimiento inicial, o mediando una petición expresa del comité de acreedores en tal sentido”, dice la resolución firmada por Lorenzini este mediodía.
Como había adelantado, Vicentin expuso en una audiencia que se celebró en el juzgado el 7 de marzo último, que “no contaban con la liquidez necesaria para afrontar el pago del 100% de los haberes correspondientes al mes de febrero de 2025 de su nómina salarial, cupo vencimiento operaba el día lunes 10 de marzo de 2025”.
Ante ese planteo empresarial, tanto el acreedor comercial mayoritario Grassi como los sindicatos del sector y otros actores del expediente del concurso, le solicitaron al juez la intervención de la compañía. El juzgado ya había dictado esa medida en 2020 y es extendió hasta agosto pasado. Desde ese momento, la firma nacida en la ciudad santafesina de Avellaneda comenzó a presentar presuntos problemas financieros que derivaron en la declarada imposibilidad de liquidar correctamente los salarios.
En la resolución de este martes, el juez Lorenzini señala que “este vaticinio -tristemente- se cumplió en el día de ayer cuando la empresa en crisis anunció que abonaría solamente el 30% de los salarios de su plantilla”. El juez agregó que “por lo tanto, consideramos razonable y ajustado de derecho asumir la instauración de mecanismos de seguimiento y control de la administración” de la empresa.
Tras analizar la situación financiera y el informe de los interventores, que dejaron su actividad en agosto pasado, el magistrado dispuso que “se establecerá por lo tanto, una veeduría de control y seguimiento de la administración, sin desplazamiento de los actuales directores, y por un lapso inicial de 120 días; prorrogables en virtud de las circunstancias imperantes a la fecha de su vencimiento inicial, o mediando una petición expresa del comité de acreedores en tal sentido”.
En ese entendimiento, indica el fallo, “los expertos designados para cumplir este rol procesal concursal serán, el contador público nacional Andrés Shocrón y el doctor Guillermo Nudemberg, en mérito a su labor anterior, dado el conocimiento precedente de los negocios y operaciones de la sociedad concursada, y por su acreditada idoneidad técnica; y ostentarán un doble rol de consultores técnicos del comité de acreedores y auxiliares del tribunal.
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