Mega estafa ganadera en Uruguay por 250 millones de dolares

“Engordamos tus ahorros”. “Invertí en el negocio más seguro de la historia" expresa un cartel de Conexión Ganadera, quienes terminaron engordando algunas cuentas que son parte de la investigación al estallar el escándalo en medio de una situación en varias empresas de inversión ganadera que ya generaba preocupación en el ambiente, el reconocimiento de una deuda de 250 millones de dólares por parte de uno de los socios, Pablo Carrasco, a sus inversores destapó lo que se considera como una de las estafas más grandes del Uruguay.

El martes 22 de enero, por la noche, en una reunión virtual, Carrasco admitió frente más de 100 inversores —de, alrededor, un total de 4.000— la situación patrimonial “difícil” que atravesaba la firma de inversión dedicada a la compra y venta de ganado: mientras el activo rondaba los 150 millones de dólares, los pasivos ascendían a 400 millones.

El anuncio oficial fue el comienzo de una polémica que rápidamente se transformó en escándalo por sus diferentes implicaciones. Para empezar, porque los implicados no tardaron en apuntar la presencia de una estafa: según el contador contratado por Conexión Ganadera para analizar las finanzas de la empresa, Ricardo Giovo, el método prometido por la firma de capitalización de ganado era “una timba” y el negocio “terminó en un esquema Ponzi” al haber asegurado renta fija con venta variable.

Al respecto se refirió también el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Fernando Mattos: sostuvo que hubo un “factor codicia” en las operaciones involucradas ya que la empresa prometía rentabilidades que iban desde duplicar a triplicar lo que se brinda en el sector promedio. También desligó a la cartera de cualquier tipo de responsabilidad, en línea con otra de las discusiones que se generó en torno al escándalo.

Desde entonces los damnificados fueron creciendo, con miles de inversores, muchos ellos pequeños, que vieron desvanecerse a sus ahorros. Hay decenas de argentinos, empresas pymes y hasta iglesias afectadas.

La discusión sobre el rol regulatorio del BCU

La implicancia del Banco Central del Uruguay (BCU) en el caso fue puesta sobre la mesa por quien hoy es el actual titular del MGAP, Alfred Fratti. Para el jerarca, la autoridad monetaria estuvo “omisa” en la crisis de Conexión Ganadera y podría haber intervenido al advertir lo que sucedía en dicha empresa. Es decir, no hubo la regulación adecuada.

Sin embargo, desde el BCU indicaron rápidamente que “las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera (...) no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central” debido a que “la naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo".

Para Fratti, en tanto, “para que el ahorro nacional en vez de irse se pueda aplicar en cuestiones que tengan que ver con la producción, tiene que haber determinadas garantías, cosas que en estos fondos, lamentablemente, no lo hubo".

Según el actual ministro, las crisis de las empresas ganaderas y las consecuencias de sus deudas “se asimila mucho a lo que son las corridas bancarias ”: “Esto nos va a traer problemas en que la gente vuelva a creer en el sector agropecuario como un lugar seguro de inversión".

De hecho, ya son varias las empresas y frigoríficos afectados por el escándalo de Conexión Ganadera. Las compañías Etranil S.A. y Del Terruño S.R.L., asociadas a la firma de Carrasco y Gustavo Basso, ingresaron en concurso de acreedores; el frigorífico Paso de los Toros —cuyo mayor accionista era Basso— detuvo la faena; y la planta Casa Blanca tuvo que enviar a sus trabajadores al seguro de paro ante la pérdida de confianza de los productores.

¿En qué situación se encuentra el caso en la Justicia?

Actualmente, Conexión Ganadera se encuentra intervenida por el síndico Alfred Ciavattone, y por decisión del juez de Concursos de 1° turno Leonardo Méndez, con el objetivo de evitar que la firma entre en concurso de acreedores, tal y como solicitaron algunos de los inversores. A su vez, la causa es investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez.

Asimismo, están vigentes medidas cautelares sobre Carrasco, su esposa Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia, y la viuda de Basso, Daniela Cabral Bilhere. Para todos ellos pesa el cierre de fronteras y la incautación de documentación de viaje por 180 días; así como un embargo por 250 millones de dólares.

Según el mismo Carrasco, la crisis en la empresa ganadera se debió a situaciones coyunturales como la pandemia de Covid-19 en 2020, la histórica sequía de 2023 y la corrida que se produjo ante el quiebre de negocios similares. Sin embargo, la aparición de firmas de contrato post mortem de Gustavo Basso complicó la causa, así como la sumatoria de nuevas denuncias en relación de falta de pago de impuestos, que también involucran a nuevos actores: Martín Bartol y Rodolfo Flores, gerentes general y operativo de la empresa.

Como episodio más llamativo, en tanto, se puede mencionar las pericias que se realizaron sobre el auto Tesla en el que murió Basso en noviembre pasado, y el ADN realizado sobre el cuerpo del entonces director de Conexión Ganadera para confirmar, efectivamente, su identidad —ante la eventual sospecha de que los restos no fueran suyos, algo que finalmente se descartó.