Miguel Peiretti
Argentina, Brasil y Bolivia sufrieron estos últimos días afectaciones a sus respectivas soberanías nacionales por parte de acciones directas o indirectas de Estados Unidos y de corporaciones vinculadas a sus intereses. Los movimientos geopolíticos recientes develan una aceleración en la implementación de estrategias de control político, sumadas al despliegue de sus tentáculos financieros y empresariales en el plano económico y social de la región.
El mapa del injerencismo en Sudamérica se volvió cada vez más explícito a través de fallos judiciales polémicos, la intervención corporativa en procesos electorales y la persecución de funcionarios judiciales que investigaban tramas de desestabilización política.
Brasil y el bloqueo digital en pleno proceso electoral
Aunque Brasil mantiene una autonomía estratégica internacional y ha resistido la guerra arancelaria de Washington, el escenario político se tensionó tras la presentación del presidente Lula ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En dicha asamblea, el mandatario brasileño afirmó de manera contundente que no permitiría que enemigos de la democracia, internos o externos, socavaran la voluntad popular de su país.
Apenas un día después de este pronunciamiento, la empresa estadounidense Meta desactivó la cuenta de anuncios de la campaña oficial de Lula, bloqueando la difusión de propaganda electoral en Facebook e Instagram, y dejando temporalmente fuera de servicio su página personal. El Partido de los Trabajadores (PT) denunció vínculos políticos entre firmas ligadas al entorno del gobierno norteamericano y la oposición local. Tras el cierre de las elecciones en primera vuelta, la Policía Federal de Brasil abrió una investigación preliminar para determinar si existió una interferencia directa de Estados Unidos en el proceso democrático.
El retorno de la DEA y la destitución del fiscal general en Bolivia
En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz se desenvuelve en un contexto de fuerte alineamiento con la agenda de Washington, lo que propició el regreso de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras dos décadas de ausencia. La tensión institucional alcanzó su punto más crítico a raíz del caso de Fernando Cerimedo, asesor político investigado por supuestos nexos con el intento de golpe de Estado en Brasil.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien lideraba las investigaciones contra Cerimedo por granjas de bots y presuntos vínculos con el narcotráfico, fue secuestrado temporalmente por una facción policial en Sucre. Este operativo se desplegó inmediatamente después de que Estados Unidos le revocara la visa a Mariaca por difundir fotos del entorno de Cerimedo con Donald Trump Jr. Posteriormente, el Departamento de Estado norteamericano incluyó al fiscal en una lista de funcionarios sancionados, lo que derivó en su destitución definitiva y en una violenta irrupción armada en la sede del Ministerio Público Fiscal para detener a las autoridades presentes. Desde la Fiscalía denunciaron que las maniobras obedecieron a una abierta presión de la DEA y del gobierno estadounidense para frenar las causas judiciales.
Fallos judiciales y recursos estratégicos en Argentina
En Argentina, el panorama de alineamiento con los intereses del Norte Global se profundizó mediante la intervención de los grandes fondos de inversión internacionales en la macroeconomía y la subordinación de las fuerzas de seguridad locales. El punto de mayor conflicto se desató tras un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó temporalmente la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, permitiendo la puesta en venta de áreas de frontera y valiosos recursos hídricos a manos de capitales extranjeros.
Aunque el máximo tribunal debió dar marcha atrás mediante una medida cautelar ante la inminencia de masivas movilizaciones sociales que congregan reclamos por la soberanía, la educación pública y los derechos laborales, la vulnerabilidad del territorio quedó expuesta. Actores corporativos y soberanos de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente concentran las mayores extensiones de tierras productivas en el país. El esquema de subordinación se completa con la firma de memorandos bilaterales cuestionados por la soberanía nacional, que contemplan incluso la instalación de dependencias del Departamento de Estado estadounidense en territorio de la ciudad de Buenos Aires para supervisar de manera directa los asuntos de seguridad interna
