(APe).- Pertrechados para la guerra. Se los ve marchar con sus cascos, sus chalecos antibalas, sus escudos. Entran en escena con sus protectores de piernas antidisturbios. Irrumpen a bordo de sus motos ensordeciendo con los aceleradores que retumban. Rodean. Cercan. Gasean. Se predisponen para el golpe. Empujan. Obedecen puntillosamente las reglas del protocolo ministerial.
Las imágenes parecen evidenciar que irrumpieron violentamente en los alrededores del Congreso de la Nación para enfrentar a un feroz ejército enemigo. Y el resultado no se hará esperar: quemaduras con gas pimienta, traumatismos de cráneo, en piernas y brazos, síncopes, dificultades respiratorias. El poder de violencias del estado se reconcentró, por unas horas, en el grupo de jubilados que miércoles tras miércoles se plantan ante el Congreso de la Nación. Unos pocos cientos de mujeres y hombres con una mochila de años en su propia historia están en la mira de las fuerzas de represión. Policía Federal, Prefectura y el Grupo de Acción Motorizada de la Policía de la Ciudad se mostraron ávidos de acorralar y apalear a una de las porciones más frágiles de la sociedad. Que representan y simbolizan a esos cinco millones de jubilados (de un total de 7 millones y medio) que deben hacer piruetas y malabares para sobrevivir con lo que en marzo llegará a la ostentosa suma de 279.121,71? pesos por mes. Más un bono de 70 mil pesos que lleva un año congelado. Y que recibirán, para llegar a ese monto, un aumento del 2,21 por ciento. Sin medicamentos gratuitos.
En breve, con el final de la moratoria sólo podrá jubilarse una mujer de cada 10 y tres hombres de cada 10 en un país que, a lo largo de los últimos años, se empeñó en destruir el trabajo formal.
¿Cuál es el objetivo de fondo del ataque? ¿Amedrentar? ¿Disciplinar? Los interrogantes son infinitos. Pero es insoslayable preguntar además cuánto gasta el Estado nacional en los operativos represivos de cada miércoles.
En los mismos días en que se anunció ese 2,21 por ciento, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 176/2025 que confirmó un aumento para las fuerzas federales de seguridad del 5 por ciento para marzo. ¿Los fundamentos? El cambio de paradigma del concepto ‘Seguridad’, dijo la ministra. Un paradigma “donde la vida, la libertad y el patrimonio de las personas resultan los pilares fundamentales para el desarrollo de los proyectos de vida de cada individuo, como así también del progreso de la Nación en su conjunto, resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas Policiales y de seguridad federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”. Y advierte que es necesario “promover el bienestar del personal”. Léase: en tiempos en los que se vislumbran posibles protestas de familiares de personal securitario, es imprescindible calmar los ánimos.
Claramente, el poder de daño –a ojos del poder- de una protesta de policías, gendarmes o prefectos tendría una magnitud que haría temer a sus mandantes, que necesitan su disposición y participación activa en los reclamos de los sectores más frágiles y castigados de la sociedad.
