El gobierno recaudó millonaria suma y transfirió menos de la mitad de lo que corresponde a obras viales. Los usuarios deben realizar cada vez más esfuerzo para llenar el tanque por los aumentos dispuestos por el gobierno, mientras las rutas están cada vez más rotas por falta de obras
Pais20/01/2025 Por Álvaro Arellano
El 28,5% de esa recaudación va destinado al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, que durante 2024 recibió 619 mil millones de pesos. También según la legislación nacional, el 50% de ese monto debería transferirse a Vialidad Nacional para obras en la red vial. El problema es que solo se transfirieron 149 mil millones, menos de la mitad de lo que corresponde.
Durante 2024 el gobierno de Javier Milei aumentó los combustibles de manera reiterada y en la mayoría de las casos el ajuste estuvo vinculado a una suba en el componente impositivo, que pagan los trabajadores. Pero más allá de esta situación, que contradijo a la promesa de bajar impuestos, la totalidad de los recursos no fueron al destino correspondiente (obras viales), ya que se transfirió y se ejecutó menos de la mitad del total.
Si bien el gobierno nacional embolsó una millonaria cifra proveniente del bolsillo de los conductores que afrontaron incesantes aumentos en cada carga, hay un porcentaje destinado a rutas y caminos que todavía no llegó a destino. Se sabe desde el primer momento en que asumió el gobierno nacional, que la obra pública se suspendería casi por completo, lo que se desconoce, por ahora, es a donde fue a parar el dinero que se recauda con esa finalidad.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en base a datos abiertos del presupuesto nacional, el impuesto a los combustibles, que está compuesto por alícuotas y montos fijos actualizables con el precio del combustible, recaudó durante todo el 2024 un total de $2,5 billones. Este monto representa un crecimiento interanual del 33,9% en términos reales, que solo fue superado por el Impuesto Pais.
De acuerdo a una Ley Nacional, el 28,5% de esa recaudación va destinado al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, que durante 2024 recibió 619 mil millones de pesos. También según la legislación nacional, el 50% de ese monto debería transferirse a Vialidad Nacional para obras en la red vial (equivalentes a 40 mil KM). El problema es que solo se transfirieron 149 mil millones, menos de la mitad de lo que corresponde.
Más allá de la decisión del Ejecutivo de cortar con la obra pública y hacer de ello una promesa de campaña, el hecho de enviar menos recursos a Vialidad significa un incumplimiento con la Ley. Pero también se cristaliza en la discontinuidad de obras de inversión y por ende menor seguridad vial y mayores riesgos para los conductores.
Los datos oficiales exhiben una fuerte subejecución del presupuesto para ese concepto, que en algunos casos apenas supera el 1% de ejecución.
Al poner la lupa sobre el reparto de las obras, desde Cepa destacaron el escaso federalismo por parte del Ejecutivo nacional, al suspender obras viales que se encontraban con mas del 70% de ejecución. Incluso como sucede en el caso de la Ruta 8 de Santa Fe, la obra se suspendió con un 95% de ejecución.
Ante este escenario, el economista de Cepa, Hernán Letcher, preguntó: «La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los impuestos al combustible recauden 5,5 billones de pesos en 2025. ¿El gobierno va a utilizar estos fondos como corresponden? ¿O va a seguir subejecutando obras viales?»
Más allá del destino de los recursos que no fueron transferidos como corresponde, Letcher afirmó: «Hay una ley que establece afectación específica de recursos y no se está cumpliendo. Eso es lo importante, Esa plata no se puede usar para otra cosa».
La medida alcanza a Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 18 exdirectivos, además de los responsables del grupo cerealero. Se los investiga por una presunta estafa contra el Estado que supera los 300 millones de dólares mediante el otorgamiento irregular de créditos y la liberación de garantías.
Sospecha de desvío de fondos. Cuando asumió, Milei le puso freno a los fondos destinados a la investigación científica que principalmente se financiaba con créditos internacionales; un esquema que se sostiene desde la década de los 90.
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