(APe).- El discurso oficial del gobierno nacional y también de las administraciones de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, está fundado en el combate al narcoterrorismo.
De allí que las fotografías de personas presas repitiendo la imagen de las cárceles de Bukele en El Salvador tiende a reforzar la supuesta ferocidad de quienes están detenidas y a las que se nombran como detenidos de “alto perfil”.
En este sentido los anuncios del gobierno provincial prometen más cárceles y miles de detenidos, cifras y promesas de una vociferada mano dura contra el delito.
En una reciente reunión de la Junta Provincial de Seguridad, la primera parte de la presentación fue el anuncio del plan de construcción de nuevas cárceles. La mayoría de la dirigencia presente aplaudió la planificación de nuevos lugares para el encierro como si fuera un claro signo de mejores tiempos. No hace mucho tiempo, el futuro mejor parecía ser consecuencia de escuelas a estrenar o nuevas fuentes de trabajo. Ahora no es así. Se aplauden los pronósticos de cárceles.
Una derrota social. La deshumanización es la contracara de la concentración y extranjerización de riquezas, la sombra del individualismo y el consumismo exacerbados.
Pero allí está la mano dura gozando de simpatías y votos, muchos votos.
En los últimos días de agosto de 2024, la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe presentó un recurso de hábeas corpus que sintetiza la realidad existencial de la mano dura en la geografía abrazada por las aguas marrones del río Paraná.
En 21 días fueron detenidas 876 personas en situación de calle y la mayoría de ellas fueron detenidas por no poseer DNI. En 385 casos la policía no informó el motivo del arresto.
“Los datos se obtuvieron de un estudio que realizó la Defensoría Regional de Rosario entre el 17 de julio y el 7 de agosto. Se sistematizaron actas y planillas que los defensores públicos de guardia confeccionaron en esos días, ya sea al ser notificados desde las seccionales o en recorridos propios por las dependencias. El recuento arrojó que 86 personas en situación de calle —todos varones— fueron detenidas en esos días por motivos como “responder con evasivas”, “no poseer DNI”, “actitud sospechosa” o “evitar al personal policial””, remarcaron los medios de comunicación que tomaron la denuncia.
Las detenciones fueron calificadas como “arbitrarias” y que “este fenómeno no sólo refleja un sesgo sistemático en la actuación de las fuerzas del orden, sino que también perpetúa un ciclo de marginalización y desprotección”.
El relevamiento detectó un “patrón de selectividad” y arrojó que cerca de veinte personas en situación de calle fueron detenidas más de una vez en distintos días o incluso con diferencia de horas.
Del total de casi 900 casos en el período bajo estudio surge que el principal motivo esgrimido por la policía fue que los demorados (166 en total) carecían de documento de identidad. Otras 103 personas fueron retenidas por “responder con evasivas” y 24 por “evitar al personal policial”, esto es, cuando al ver a la policía la persona “se cruza de vereda”, “da marcha atrás”, “vuelve sobre sus pasos” o “acelera los pasos”.
El recurso cita antecedentes y remarca que el control judicial de las detenciones tiene un efecto preventivo ante “controles masivos” sobre ciertos sectores: “El no control fomenta una práctica lesiva de los intereses generales de la comunidad (razias) y oculta responsabilidades penales y disciplinarias de los funcionarios policiales”.
Una vez más el sistema repite su lógica: mano dura contra los que menos tienen, mientras los dineros de los negocios mafiosos jamás son molestados porque gozan de la blandura de los que dicen que seguirán la siempre lejana ruta del dinero.
