(APe).- La historia de la penalización de la infancia ha estado atravesada por los espasmos políticos y sociales de cada época. A pesar de eso, una y otra vez, los caballitos de batalla han sido los mismos. Cáncer social. Cultivadores del crimen. Puerta giratoria. Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga. El Estado es incapaz de contener el peor de todos los delitos violentos, que es el delito juvenil. En todo caso, cambian algunos actores. Mientras otros, se repiten en papeles horribles dentro de películas de mala muerte.
En apenas unas horas –y ya parece que ya no habrá freno- se tratará en el congreso (la C mayúscula se perdió hace rato a juzgar por el comportamiento de quienes ocupan bancas) la baja en la edad de punibilidad.
Pero a no caer en engaños. Si bien la edad para punir una persona está fijada en los 16 años, en la práctica hay decenas y decenas de pibes encerrados con bastante menos. En la provincia de Buenos Aires, por tomar un ejemplo radiográfico, hay casi 90 chicos (la absoluta mayoría son varones) con medidas privativas de libertad habilitadas por el artículo 64 de la Ley 13.634. El más niño de todos los niños tiene apenas 13. Siempre hay un modo para que el sistema concrete sus deseos más medulares.
Específicamente son 89 los chicos que cumplen alguna medida de seguridad en la provincia. Hay 59 que no llegan a los 16 (apenas 2 son mujeres) y 30 que si bien ya cumplieron los 16 el delito por el que se los imputa ocurrió antes de esa edad. En definitiva, la no punibilidad no impidió la medida de encierro para 51 de ellos y otro tipo de restricciones a su libertad para los restantes.
Cuando hace apenas unos días la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad dio a conocer los números, mencionó 55.925 delitos en todo el país imputables a menores de 16 años a lo largo de 8 años. La absoluta mayoría, delitos contra la propiedad. En las cifras, mezclan agua con aceite porque no fraccionan las edades del mismo modo para delitos contra la propiedad y homicidios dolosos. Ya que, en estos últimos, dividen de 0 a 14 y, luego, de 15 a 19. Y en lo relativo a robos, hurtos o daños la división es: 0 a 15, 16 a 17 y mayores de 18. De ese modo, los resultados llevan a pensar que hay un mayor número de homicidios dolosos de los reales. Y, más allá de que el dolor de los afectos de una víctima fatal es inconmensurable y el vacío los atravesará por siempre, la baja en la edad de punibilidad no será la solución mágica que impedirá un delito. Lo único que podría hacerlo no dependerá de esa ley sino de una política social real, concreta, tangible que el estado no está dispuesto a desarrollar porque, lisa y llanamente, implicaría un cambio de modelo económico.
¿Algo de toda esta parafernalia punitiva va a modificar las vidas cotidianas de la gente común? ¿De la que sufre de pobreza, de inseguridad, de enfermedades evitables, de falta de trabajo o del tan multiplicado pluriempleo de este presente aciago? Y más aún ¿va a transformar las vidas adolescentes que los incontables golpes de dolor y abandono diario condujeron a prácticas rayanas con la ilegalidad? Sobre todo, si se tiene en cuenta que ronda apenas el 2 por ciento la cifra de delitos cometidos dentro de esa franja etaria.
¿Cuál es el punto de partida en el que debe posicionarse una sociedad para hablar de su infancia? ¿El instante en que se comete un X delito por el que los engranajes del Poder Judicial, la policía, los organismos estatales se pondrán en marcha para intervenir?
En septiembre de 2008, Miguel Semán publicaba en APe la historia de una mujer que con sus “cinco hijos, después de ser exhibidos en televisión como ejemplares de una fauna exótica y autóctona, se aparecieron en la municipalidad de Moreno para pedir ayuda. Los funcionarios de minoridad reconocieron, sin culpas, que hasta ese momento, no se habían enterado de su existencia”. De ese ejemplo, que se repite como un eco infinito –y cada vez con más y más frecuencia- ¿ninguno de los hacedores y ejecutores de leyes y decretos aprendió algo?
Hay que ser del barro para decir, como pronunció Evita hace casi 80 años, que desproteger a la infancia es renunciar al porvenir. Entonces, por más que los escribidores seriales de miseria propugnen penalidades a los cuatro vientos, no se trata de castigo y reja sino de algo mucho más profundo que una ley no es capaz de dar. ¿Es necesario, para entender la frase, recurrir a la ristra de derechos otorgados en los papeles a los millones de niños y niñas? ¿Esos que leen en un cartelón en la entrada de la escuela que les enuncia que tienen derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación, a la identidad pero después regresan a casa y el techo no está, la vivienda es un vagón ocupado y la enfermedad una compañía ineludible porque no hay cura fácil para quien nada tiene?
Porque, después de todo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Y la ley no es otra cosa que el resultado de las negociaciones, del intercambio de pactos entre esos hombres y mujeres que mes a mes reciben entre 7 y 9 millones y medio de pesos (sin representar a nadie más que a sus propios intereses), y no la consecuencia clara y transparente de las luchas de un pueblo por verdadera justicia y equidad.
Es extraña la condición humana. En un mismo ser pueden conjugarse las más bellas obras y también las más abyectas ideas. Por caso, un 9 de noviembre de 1914 el médico Luis Agote descubrió que la utilización de citrato de sodio en una transfusión permitía que la sangre se mantuviera en estado líquido y se salvaron así millones de vidas. Y cuatro años más tarde sería el padre de la Ley de Patronato de Menores que propugnaba arrancar de sus familias a los niños hijos de inmigrantes socialistas o anarquistas para criarlos bajo la tutela del Estado[1]. Una legislación que marcó los rumbos del país en su vínculo con la infancia durante largo rato.
El vaivén de la edad punible fue permanente, desde que en 1921, por el Código Penal de la Nación, se la ubicó en 14. De ahí en más osciló entre los 14 y los 16 a través de las décadas. Hubo en los últimos años infinitos intentos de reubicarla en los 14, e incluso de posicionarla en los 13 –con algunas voces que propugnaban edades más bajas aún- con proyectos que nunca pasaron de la media sanción.
Más allá de esos embates jurídicos que no han hecho más que evidenciar la hilacha suelta de diputados y senadores que deliberan y gobiernan en nombre del pueblo, la raíz de la problemática nunca ha sido abordada. Eso que con tanta claridad definió el juez de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, en una carta abierta al presidente en la que define que “el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo” y que “la cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir”.
Porque ese derecho penal arriba al presente de ese pibe ya envenenado por la rabia tras los golpes de una historia que sólo le deparó puertas cerradas.
Cuando mañana una mayoría de senadores le dé la estocada final al Régimen Penal Juvenil coronará una farsa: instalar en esa parte de la sociedad que aún sigue creyendo en los espejitos de colores que le vende el poder político que empezarán a poner fin al problema de la inseguridad.
Esa mayoría de senadores, que concluirán la tarea de sus pares de la Cámara Baja, marcarán este viernes los calendarios con la tinta de la infamia. Con la connivencia de demasiados, el atronador silencio de mucha gente buena y la resistencia por racimos de tantos otros.
Mientras tanto, de seis a siete niñas, niños y adolescentes de cada diez viven hundidos en la pobreza y ninguna de las leyes que este viernes serán sancionadas darán vuelta, mínimamente, esa perversidad. Por el contrario, la profundizarán.
[1] Parte de su discurso en el Congreso decía: “Los señores diputados habrán visto en aquellos días que hoy llamamos ‘la semana trágica’, que los principales autores de los desórdenes, que los que iban a la cabeza en donde había un ataque a la propiedad privada o donde se producía un asalto a mano armada, eran los chicuelos que viven en los portales, en los terrenos baldíos y en los sitios obscuros de la capital federal”.
