La desinversión del gobierno de Javier Milei en las áreas de género, especialmente en el acompañamiento a las víctimas de violencia, es inversamente proporcional al incremento de esas situaciones registrado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema en el primer trimestre de la gestión de La Libertad Avanza.
El principal desmedro económico–cualitativo del gobierno fue el desfinanciamiento del Programa Acompañar, que asistía a más de 350 mil mujeres en riesgo de muerte por las situaciones de violencia intrafamiliar. Acompañar, impulsado por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, otorgaba a las víctimas, durante seis meses, un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil como una ayuda para zafar de la situación de riesgo que afrontaban. Además, brindaba acompañamiento psicológico y asistencia social a través de equipos especializados. Según datos publicados por la periodista Mariana Carbajal en el diario Página/12, el 45 por ciento de las beneficiarias de ese programa “se encontraba en ‘riesgo altísimo’ de volver a vivir la misma situación: en la mayoría de los casos sufrían violencia física y psicológica”.
Con la mendaz excusa de “no hay plata”, miles de potenciales víctimas de femicidios quedaron virtualmente al desamparo.
Paralelamente, la OVD (una repartición judicial que permanece abierta las 24 horas, durante los 365 días del año) recibió sólo en Capital Federal 4.430 consultas de mujeres afectadas por situaciones de violencia, prácticamente todas en el seno familiar. De ese total, 2.417 se transformaron en causas judiciales, que involucran como víctimas a 3.396 afectadas. Los tribunales, en sus distintas esferas, dictaron 8.281 medidas judiciales preventivas.
Ante una creciente demanda de asistencia de las víctimas por un incremento de casos de violencia, el Estado responde desistiendo de su rol de ayuda para los sectores vulnerables. Toda una polaroid del modelo Milei.
El informe de la OVD consigna que “el 71 por ciento de las personas atendidas era de sexo femenino y el 43 por ciento denunció un vínculo de pareja o expareja con la persona agresora, mientras que un 39 por ciento indicó tener un vínculo filial”. Por pareja, por padres, hijos o hermanos, la violencia abrumadoramente se produce dentro del núcleo cercano de la víctima. Cuando un juez dicta una medida –por ejemplo- de prohibición de contacto, en la práctica a menudo ello es de imposible cumplimiento. En la situación económica que atraviesa el país, el distanciamiento judicial entre victimario y víctima implica que uno de los dos quedará, con alto grado de probabilidad, en situación de calle.
Para eso estaba el Programa Acompañar. Para darle realidad y posibilidad a aquello para lo que el Poder Judicial no tiene alcance.
El riesgo para la salud física es real. El equipo médico de la OVD “detectó lesiones en 480 personas, producto de la violencia denunciada”, resumió el reporte. Además, “la violencia de tipo psicológico estuvo presente en el 97 por ciento de los casos, mientras que la física apareció en el 44 por ciento y la simbólica en el 42 por ciento. De acuerdo con las evaluaciones de los equipos interdisciplinarios de la OVD, el 29 por ciento de las personas afectadas registraban un riesgo alto o altísimo”.
La Oficina de Violencia Doméstica pone al descubierto otra situación a la que el gobierno de Javier Milei, con indubitables rasgos de misoginia, parece no prestarle atención. La OVD fue impulsada en el ámbito de la Corte por dos mujeres juezas: Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. Desde sus miradas femeninas, detectaron una problemática y accionaron sobre ella. La particularidad de sus miradas como mujeres permitió la creación de áreas específicas en las que nunca antes la Corte, siempre de carácter varonil, había pensado.
Milei propuso para completar el máximo tribunal a dos candidatos varones. De prosperar su iniciativa, habría una Corte de cinco hombres. Porque la paridad de género no está en la agenda del presidente por La Libertad Avanza.
Desde el propio bloque del oficialismo en el Senado se han impulsado iniciativas para que la Corte se complete con mujeres e incluso el formoseño Francisco Paoltroni ya anunció públicamente que votará en contra del pliego de Ariel Lijo y que quiere en su lugar a una figura femenina.
En la OVD trabajan abogados, psicólogos, trabajadores sociales y médicos, quienes componen “equipos interdisciplinarios que reciben las denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del relato de las personas afectadas y/o terceras, labran un acta, evalúan el nivel de riesgo y confeccionan un informe médico si es necesario constatar lesiones”.
“Una vez finalizada la entrevista y realizada la derivación correspondiente (judicial y no judicial), desde la OVD se realiza un seguimiento de la actividad judicial desplegada a partir de la recepción de la denuncia”, explican voceros de la Corte.
