Miguel Peiretti
La desregulación del mercado inmobiliario que comenzó a fines de 2023 transformó por completo las reglas de juego para millones de familias argentinas. Según el último relevamiento presentado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF), la falta de límites legales sumergió a los inquilinos en un escenario de asfixia económica, donde sostener un techo se volvió una misión casi imposible.
Los números que expone la investigación de la central obrera describen una realidad alarmante. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más de la mitad de los hogares que alquilan se ven obligados a destinar por encima del 50% de sus ingresos mensuales exclusivamente a pagar el contrato de locación. El deterioro es abrupto si se lo compara con el panorama de hace apenas un año, cuando esa situación afectaba a menos de cuatro de cada diez familias. Lejos de ser un problema aislado de las grandes urbes, los monitoreos en ciudades como Córdoba y Rosario confirman que la tendencia se replica con la misma fuerza en todo el interior del país.
Esta presión económica constante provocó que casi el 50% de los inquilinos arrastre algún tipo de deuda. Lo más grave del diagnóstico del IEF es el motivo que empuja este endeudamiento: la gran mayoría de las personas que solicitan un crédito o asistencia financiera no lo hacen para invertir o consumir, sino con el único fin de cubrir el canon mensual de su vivienda.
La amenaza de las reformas legislativas
A este complejo panorama económico se le suma la incertidumbre en el plano normativo. El informe pone la lupa sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado originalmente desde el Ejecutivo nacional. Aunque la iniciativa sufrió recortes importantes durante su paso por el Senado —perdiendo tres de sus siete capítulos de origen— y actualmente se encuentra sin debate prioritario en la Cámara de Diputados, los analistas del sector advierten que el peligro sigue latente.
Para los especialistas del gremio, que el proyecto esté paralizado en el Congreso no significa que haya sido archivado. Advierten que el oficialismo podría reactivar su tratamiento en cuanto consiga los consensos necesarios, lo que significaría un golpe directo para una franja de la población que ya se encuentra desprotegida. De hecho, el documento resalta que los mecanismos de desalojo exprés que la norma busca institucionalizar ya se ejecutan en la práctica diaria debido a las condiciones de vulnerabilidad actuales.
La raíz de esta crisis se remonta al impacto del DNU 70/23, que borró del mapa la anterior Ley de Alquileres. Al eliminar los plazos mínimos obligatorios, los índices de actualización que daban previsibilidad y las garantías que protegían a la parte más débil, el mercado quedó completamente desregulado, dejando las condiciones de habitabilidad al libre arbitrio de la oferta y la demanda.
