El 30 de mayo, Darío Villarruel hizo un análisis editorial en el que criticó lo dicho por Javier Milei en la Universidad de Stanford: que “va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre” y que, ante esa situación, “la gente va a decidir algo para no morirse de hambre”.
Opiniones14/06/2024 Por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal
Villarruel expuso lo obvio: que quien debía hacer algo para evitar la inanición del pueblo era el gobierno nacional y que, si no lo hacía, lo más probable es que exista algún tipo de reacción popular en la que la gente busque proveerse de comida. El periodista, además, marcó que la gravedad de lo dicho por el Presidente era aun mayor dado que se había hecho público que el Poder Ejecutivo tenía comida almacenada, pronta a vencer, sin repartir. En vez de responder con argumentos, el ministro de Justicia de la Nación decidió denunciar penalmente a Villarruel por “instigación a cometer delitos”. Es paradójico que un gobierno que concibe a la libertad como la no intervención del Estado en la sociedad responda a las críticas con la activación de la forma más intensa del poder estatal: el derecho penal. Además de denunciar a Villarruel, el ministro (que se define como “libertario en lo jurídico”) denunció por opinar a Nancy Pazos.
La denuncia de Cúneo Libarona es un precedente grave para nuestra vida democrática. Tanto a nivel nacional como internacional, la libertad de expresión es considerada un elemento básico del constitucionalismo liberal. En su génesis, el rol central de la libertad de expresión se debe, en gran parte, a la idea, arraigada en los fundadores del Estado moderno, de que la ciudadanía debe poder criticar a sus gobernantes sin temor a represalias. Por eso, la forma de expresión con mayor protección constitucional es aquella que cuestiona a funcionarios públicos.
Esto no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa, claro, pero sí que toda restricción tiene que estar totalmente justificada. Aquí hay que diferenciar entre dos situaciones. Cuando una expresión sobre funcionarios públicos es objetada por ser falsa, la conocida como “doctrina de la real malicia” exige probar que quien la vertió sabía (o fue gravemente negligente) de su falsedad y que se tratara de afirmaciones sobre hechos, y no de opiniones. Pero Cúneo Libarona no denuncia falsedades, sino que las opiniones periodísticas instigaron la comisión de delitos. Los principios aplicables son, entonces, otros, que imponen que solo puede restringirse una opinión si causa un “peligro actual y concreto”.
El único peligro actual y concreto de toda esta situación es que la denuncia a Villarruel y Pazos genere temor en los periodistas al momento de cuestionar al gobierno. En el fallo Kimel, la Corte Interamericana expuso que “la libertad de prensa proporciona uno de los mejores medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos”. Esto es lo que se pierde cuando se busca disuadir a periodistas a través de represalias estatales. La denuncia del ministro de Justicia hace a este efecto sumamente probable: como tienen dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la persecución penal tiene el máximo efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, desde la asunción de Milei, Argentina retrocedió 26 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa debido a las agresiones gubernamentales a periodistas por parte de funcionarios públicos. La denuncia a Villarruel y Pazos supone una nueva degradación institucional y lleva al país a un terreno muy peligroso en términos democráticos.
Si a este gobierno no se le puede exigir humanidad, al menos deberíamos pedirle que respete sus propias máximas. Llamativamente, ahora parece que el gobierno del libre mercado quiere un mercado no tan libre: la libertad parece tener sus límites cuando se molesta al poder
“Nunca la AFA pregunta por el origen del dinero”, había dicho Julio Grondona, eterno presidente de la casa madre del fútbol. Hoy esa AFA es el ring donde se disputa el poder entre las minorías que se enriquecen con las pasiones y necesidades populares. Otra fotografía del país goleado.
Siete mil bebés nacen anualmente con cardiopatías congénitas en el país. El 95% son compatibles con la vida si se las opera. Si no se desmantelara el Programa serían casi siete mil vidas niñas salvadas. Milei y Villarruel ya habían votado en contra de la ley en 2023. Decisiones que son ideología. No déficit cero. Las vidas que se pierdan tendrán culpables. Con nombre y apellido.
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Estados Unidos ha dejado de disimular: América Latina vuelve a ser concebida como un territorio a administrar, no como una región a dialogar.
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Cada año se fabrican en el mundo 12 mil millones de balas. Esta nochebuena dos nenas de 8 y 12 resultaron gravemente heridas por proyectiles que alguien arrojó al aire para festejar. Un hombre mató a otro porque le molestaban los ruidos de los fuegos artificiales. Todo en un país que va camino a una liberación del uso de armas de fuego.
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Es por declarar terrorista a la Fuerza Quds: «Recibirá una respuesta adecuada» dijeron. El gobierno iraní cuestionó la legalidad internacional de la medida adoptada por la Casa Rosada y calificó la decisión como inaceptable
Su nombre deriva, según la versión más aceptada, del catalán antiguo “xanfaina” que significa mezcla o mezcolanza de sobras, y ésta a su vez del latín “symphonia” (sinfonía) por la armonía que guardaban sus ingredientes.
El joven jinete Aarón Tort de Ayacucho sufrió graves heridas en un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 46, a la altura de Bragado en la que fallecieron dos personas
La Municipalidad comenzó una nueva obra de infraestructura urbana en el marco del programa Pavimento Solidario. En esta oportunidad, los trabajos corresponden a la construcción de cordón cuneta sobre calle Las Heras, en el tramo comprendido entre Sucre y Avellaneda.
