El 30 de mayo, Darío Villarruel hizo un análisis editorial en el que criticó lo dicho por Javier Milei en la Universidad de Stanford: que “va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre” y que, ante esa situación, “la gente va a decidir algo para no morirse de hambre”.
Opiniones 14/06/2024 Por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal
Villarruel expuso lo obvio: que quien debía hacer algo para evitar la inanición del pueblo era el gobierno nacional y que, si no lo hacía, lo más probable es que exista algún tipo de reacción popular en la que la gente busque proveerse de comida. El periodista, además, marcó que la gravedad de lo dicho por el Presidente era aun mayor dado que se había hecho público que el Poder Ejecutivo tenía comida almacenada, pronta a vencer, sin repartir. En vez de responder con argumentos, el ministro de Justicia de la Nación decidió denunciar penalmente a Villarruel por “instigación a cometer delitos”. Es paradójico que un gobierno que concibe a la libertad como la no intervención del Estado en la sociedad responda a las críticas con la activación de la forma más intensa del poder estatal: el derecho penal. Además de denunciar a Villarruel, el ministro (que se define como “libertario en lo jurídico”) denunció por opinar a Nancy Pazos.
La denuncia de Cúneo Libarona es un precedente grave para nuestra vida democrática. Tanto a nivel nacional como internacional, la libertad de expresión es considerada un elemento básico del constitucionalismo liberal. En su génesis, el rol central de la libertad de expresión se debe, en gran parte, a la idea, arraigada en los fundadores del Estado moderno, de que la ciudadanía debe poder criticar a sus gobernantes sin temor a represalias. Por eso, la forma de expresión con mayor protección constitucional es aquella que cuestiona a funcionarios públicos.
Esto no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa, claro, pero sí que toda restricción tiene que estar totalmente justificada. Aquí hay que diferenciar entre dos situaciones. Cuando una expresión sobre funcionarios públicos es objetada por ser falsa, la conocida como “doctrina de la real malicia” exige probar que quien la vertió sabía (o fue gravemente negligente) de su falsedad y que se tratara de afirmaciones sobre hechos, y no de opiniones. Pero Cúneo Libarona no denuncia falsedades, sino que las opiniones periodísticas instigaron la comisión de delitos. Los principios aplicables son, entonces, otros, que imponen que solo puede restringirse una opinión si causa un “peligro actual y concreto”.
El único peligro actual y concreto de toda esta situación es que la denuncia a Villarruel y Pazos genere temor en los periodistas al momento de cuestionar al gobierno. En el fallo Kimel, la Corte Interamericana expuso que “la libertad de prensa proporciona uno de los mejores medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos”. Esto es lo que se pierde cuando se busca disuadir a periodistas a través de represalias estatales. La denuncia del ministro de Justicia hace a este efecto sumamente probable: como tienen dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la persecución penal tiene el máximo efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, desde la asunción de Milei, Argentina retrocedió 26 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa debido a las agresiones gubernamentales a periodistas por parte de funcionarios públicos. La denuncia a Villarruel y Pazos supone una nueva degradación institucional y lleva al país a un terreno muy peligroso en términos democráticos.
Si a este gobierno no se le puede exigir humanidad, al menos deberíamos pedirle que respete sus propias máximas. Llamativamente, ahora parece que el gobierno del libre mercado quiere un mercado no tan libre: la libertad parece tener sus límites cuando se molesta al poder
Para quienes lo vivimos, o bien lo conocemos por lecturas, decir “Felices Pascuas” durante años connotó las tan conocidas palabras “La casa está en orden” de Raúl Alfonsín luego del levantamiento militar de Aldo Rico en Campo de Mayo en las Pascuas de 1987, mientras una multitud fervorosa se había agolpado para defender al gobierno constitucional, y, sobre todo, para defender la democracia casi recién lograda.
El drama permanente que sufren los hatianos porque siempre les llegan las fuerzas armadas extranjeras para supuestamente ayudar a combatir consecuencias sociales de procesos económicos feroces que son producto de las mismas potencias que dicen ser solidarias con el dolor humano. Habrá que empezar a pedir que no los ayuden más.
Intento de golpe de estado en Bolivia. Un nuevo botón de realismo mágico latinoamericano enhebra una larga cadena de intereses lejanos al pueblo. Una vez más en el territorio que constituye el “triángulo del litio”. Las élites racistas se siguen llenando los bolsillos de sudor campesino mientras buscan seguir gestando la colonialidad del poder.
Fue en esta tarde de finales de mayo, neblinosa y destemplada, que Norita nos dejó huérfanos y huérfanas de Madre. En medio de un país hundido en el hambre criminal y la esperanza acorralada por una incierta comparsa gobernante, ella era el sol que se sobreponía a tanto crepúsculo. Somos de su sangre. Y acaso en ella podamos resistir este embate de los malos tiempos.
Los defensores de la libertad no se proponen desalojar universidades, sino cerrarlas
Los niños cotizan en bolsa, como el oro, la plata, el agua o el petróleo. Son tratados como mercancías. Y los programas de protección de la niñez son cáscaras vacías y no están a la altura de las prioridades. La historia de Loan nos vuelve a sacudir como sociedad.
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El evento se desarrollará el 19 de septiembre en el Centro de Convenciones de la capital provincial. Reunirá a Parques Industriales, empresas, zonas francas, puertos y representantes del sector.
El municipio con la complicidad de los sindicatos municipales de San Francisco y Morteros otorga los aumentos de sueldos a empleados municipales de forma ilegal, bajo la denominación de no remunerativo perjudicando al sector pasivo e incrementando el déficit de la Caja de Jubilaciones
Un 44 % crecieron la cantidad de bandas narco que operan en el departamento San Cristóbal de acuerdo a un informe elaborado por el Diputado Provincial, periodista Carlos del Frade, presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, para que el Ejecutivo responda sobre las medidas implementadas para su desarticulación.