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La medida cautelar fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin a raíz de lo solicitado por la fiscal Gabriela Lema. El imputado tiene 33 años y sus iniciales son GJZ y presta funciones en Tacural
Sucesos28/02/2024Quedó en prisión preventiva un empleado policial que es investigado como autor de ilícitos en perjuicio de la mujer que era su pareja, cometidos en un contexto de violencia de género en la localidad de Tacural (departamento Castellanos). El imputado tiene 33 años, sus iniciales son GJZ y la víctima también pertenece a la policía de la provincia de Santa Fe.
La medida cautelar fue impuesta sin plazos por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguín, a pedido de la fiscal Gabriela Lema, perteneciente a la Sección Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. La solicitud de la funcionaria del MPA fue planteada en una audiencia que se realizó de forma remota en los tribunales de Rafaela.
La representante del MPA indicó que “el jueves 15 de este mes, aproximadamente a las 21:30, el hombre investigado fue a una casa ubicada en calle San Martín al 600 de Tacural, donde estaba cenando la víctima”. Relató que “a los gritos, y en un estado de marcada exaltación, engañó a su pareja para que se retire del lugar en el que estaba y vaya a su casa, donde previamente el imputado había ingresado sin autorización y dañó pertenencias de la mujer”.
“Una vez que fueron a la vivienda de la mujer, el hombre volvió a entrar sin autorización, cerró la puerta con llave y la retuvo en su poder”, detalló la fiscal. “La víctima advirtió que le faltaba dinero y se lo reclamó al hombre investigado. Él la agredió físicamente, la intimidó con su arma reglamentaria, le apuntó a la cabeza y le exigió que no tuviera contacto con otro hombre, porque si lo hacía, la mataría a ella y luego él se suicidaría”, precisó la fiscal.
Lema argumentó que “dos días después, y en un notorio contexto de violencia de género, el hombre investigado volvió a ir a la casa de la mujer para verificar que no hubiera otra persona en el lugar”.
“Finalmente, el domingo 18 de febrero, el imputado retornó a la vivienda, nuevamente ingresó sin autorización, agredió verbal y físicamente a la mujer, mientras le reprochaba que ella tenía otra relación”, remarcó la fiscal. “Como consecuencia de esa acción, la víctima resultó con lesiones en diferentes partes de su cuerpo”, concluyó.
Lema planteó en la audiencia que “el policía imputado actuó en un contexto de violencia de género en el que se evidenció una clara desigualdad de poder entre él y la víctima, a quien le restringía la libertad de relacionarse con otras personas, la privaba de su libertad personal y ejercía violencia económica, psicológica y física”.
Lema valoró que, “para la instancia procesal en la que estamos, el magistrado tuvo por acreditada la materialidad de los hechos ilícitos, la autoría por parte del hombre imputado y el contexto de violencia de género”.
“Por otra parte, y tal como planteamos desde la Fiscalía, el juez contempló que los ilícitos investigados tienen una pena de efectivo cumplimiento, a raíz de la gravedad y de que fueron cometidos con un arma de fuego y con violencia”, subrayó la fiscal.
La funcionaria del MPA también se refirió a los riesgos procesales. “El magistrado los evaluó al momento de ordenar la preventiva, y dijo que cuando se trata de víctimas de violencia de género o delitos cometidos con violencia o con armas de fuego, la peligrosidad procesal se presume”, informó la fiscal.
Por último, Lema concluyó que “Bumaguin sostuvo que existe presunción de vulnerabilidad con respecto a la víctima, ya que los hechos ilícitos fueron cometidos con extrema violencia física y psicológica y en su condición de policía puede tener contacto con sus pares”.
Al policía que quedó en prisión preventiva la Fiscalía le endilgó la autoría de coacciones agravadas (por el empleo de armas); violación de domicilio reiterada; hurto; lesiones leves dolosas agravadas (por la violencia de género y por ser pareja de la víctima) reiteradas y privación ilegítima de la libertad agravada (por empleo de violencia y amenazas).
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