El sacrificio de la mayoría para que los ricos ganen más dispuesto por Milei

“No volvemos al pasado porque la Argentina del futuro es la que queremos, porque no hay futuro en el pasado”, dijo el entonces presidente Mauricio Macri en 2019, en plena campaña electoral previa a las Paso del 11 de agosto, y a un año más un mes de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional el mayor préstamo en la historia del organismo, cuyo principal accionista es Estados Unidos. Desde entonces la economía y la política argentinas están sujetas a las revisiones y “recomendaciones” del organismo, con resultados a la vista en el último tramo del gobierno de Juntos por el Cambio y todo el mandato del Frente de Todos. Hasta que llegó el gobierno de Javier Milei, que revisó las metas y la dirección de las “reformas estructurales” empujadas por el FMI y anunció, aún antes de triunfar en el balotaje del 19 de noviembre 2023 –tras alcanzar el segundo puesto en las generales– que su gestión iba a ir en el mismo sentido pero “mucho más profundo”. Era la –incluso celebrada– “motosierra”, un instrumento de campaña de utilería, que sin embargo, en no pocas ocasiones, se transformó en el agite de una verdadera máquina de poda y corte a explosión. ¿Y qué fue y qué es la motosierra? Un grupo de estudios económicos local, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, publicó esta semana un trabajo que midió cómo afectó –hasta ahora– la poda y escamonda que el jefe del Estado viene aplicando desde el día uno en el Poder Ejecutivo. “La licuación salarial de Milei en números” se titula el análisis. Y, de arranque nomás, deja bien en claro que “la casta”, entendida como un sector enquistado que crea privilegios en cualquier parte del Estado y la sociedad sólo para absorberlos, es la menos perjudicada, si es que tuvo perjuicio alguno.

“Milei decidió llevar a cabo la segunda devaluación más brusca de la historia del país en diciembre de 2023 y el efecto sobre la inflación fue inmediato”, afirma el estudio de Mate. Basta ver un par de ejemplos de asunciones: el 17 de diciembre de 2015, a siete días de asumir el gobierno de Mauricio Macri, su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, dispuso una devaluación del 40,4%. Antes que él gobernaron Cristina Fernández por dos períodos, y Néstor Kirchner por uno: ambos devaluaron 0% al asumir. Y, con el estallido social, político y económico de 2001, el 31 de diciembre de ese año asumía el presidente interino Eduardo Duhalde. Su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, devaluó a la semana, el 7 de enero de 2002, cuando ya el Congreso dinamitó la ley de Convertibilidad. Un 28,6%, y chau el 1 a 1.

Antes había gobernado Carlos Menem, quien en medio de la hiperinflación con picos en 1989 y 1990 tuvo un traspaso de poder por adelantado, el 8 de julio de 1989. Al asumir con Miguel Roig como ministro de Economía –falleció súbitamente y lo reemplazó Néstor Rapanelli, tal como su predecesor, ejecutivo de Bunge & Born– también la devaluación fue de 0%, pero en una crisis galopante: la devaluación se había resuelto con el estallido del Plan Austral y el fracaso del Plan Primavera en abril de 1989, cuando el dólar pasó de 80 australes a 200 australes: un 150%. El cambio de moneda del peso al austral había sido lanzado por el ministro de Economía ortodoxo Juan Sourrouille en 1985, y se inició con paridad 1 austral equivalente a 1 dólar estadounidense. Seis años después, en abril de 1991, la convertibilidad del ministro de Economía Domingo Cavallo se inició con 1 dólar equivalente a 10.000 australes.

El 12 de diciembre de 2023, Luis Caputo, ministro de Economía de Milei, anunció una devaluación del 118,3%. Con dos días, el nuevo gobierno pasaba la divisa oficial de 366,45 pesos a 800 pesos.

“Se generó así una inédita pérdida de poder adquisitivo del salario, que llegó a ser de 16% en sólo un mes para los trabajadores estatales”, da cuenta el trabajo de Mate. Y subraya que, con ello, superó en 3 puntos el recorte que ensayó en 2001 la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, en la malograda gestión de Fernando de la Rúa.

Así, desde el vamos, la pérdida del poder de compra del salarió de diciembre contra noviembre del año fue del 16% para los trabajadores estatales; del 11% para los trabajadores registrados del sector privado, y del 14% para los trabajadores del sector privado no registrados, recopiló el Mirador con datos del Indec.

Esto se traduce en que si, por ejemplo en el caso de los trabajadores en negro, en noviembre podían acceder a 100 unidades de algo, al mes siguiente les alcanzó para comprar 86.

En billetes implicó que las pérdidas para el conjunto de las y los trabajadores en diciembre de 2023 totalizaron $1.128.278.000.000, destaca el Mate.

Es más de 1.100 millones de millones, 1,1 billón de pesos. Pero además, esa pérdida en los bolsillos tiene otros impactos. El trabajo de Mate listó $390.202.000.000 de pérdida directa de recaudación fiscal por aportes y contribuciones directos, es decir una caída de recursos en el Estado: “Los aportes y contribuciones porcentuales sobre los salarios que pagan trabajadores y patrones

constituyen el principal ingreso fiscal. Explican cerca de un tercio de la recaudación. Además, se podría agregar el efecto indirecto en la recaudación de la caída del consumo asociada a la caída salarial”, puntualizó el Mirador.

La pérdida salarial implicó al mismo tiempo $109.744 millones menos para la cobertura de salud de los trabajadores: “Las obras sociales sindicales, estatales y en menor medida –por diferentes convenios– algunas privadas, se financian mediante aportes que realizan trabajadores y

empleadores. La caída del salario afecta los ingresos de estas entidades y tensiona sobre todo el sistema de Salud”, detalla el análisis.

Y también los mismos gremios tuvieron fuerte impacto, que alcanzó a 24.388 millones de pesos menos: “La cuota sindical que pagan los trabajadores es un porcentaje fijo del salario. Al caer el salario, cae la cuota y los sindicatos pierden ingresos”.

En conjunto suma una sideral transferencia de ingresos de $1.652.611.000.000. “Es la suma de los valores perdidos con la licuación salarial”, marca el trabajo. ¿Y a quiénes se quedaron con esa porción? “La mayor parte de esos 1,65 billones fue ganancia adicional para exportadores, alimenticias, energéticas y otras”.

El análisis repara además en que en diciembre impactó el aguinaldo. Por ello se disimuló la pérdida, pero no sólo eso: “Se licuó un salario y medio por cada trabajador registrado, elevando el monto de la transferencia de riqueza generada”.

Con todo, la transferencia de recursos transitó en una dirección nítida de suma cero: desde sectores más endebles hacia otros más poderosos, sin que la licuación salarial haya afectado ni a “la casta” ni a los “empresaurios” que definió genéricamente el el presidente Milei. Y la transferencia se operó sin que los beneficiarios enunciaran crisis alguna ni balances negativos, lo cual acerca al plan motosierra no a una estabilidad como mejora de ingresos familiares, sino a un chiste que continúa circulando por redes sociales, que invita a “hacer un sacrificio para que los ricos ganen más”.