A pesar de que no mostraban directamente sus rostros o trataban torpemente de cubrirlos ante las cámaras, todos tenían una serie de características en común: salen de barrios empobrecidos de zonas marginales de Guayaquil, ninguno tiene más de 26 años, de hecho, dos son menores de edad, ninguno usa ropas de diseñador como los grandes capos a lo que representan, tampoco tenían equipamiento táctico como los miembros de grandes cárteles -que es lo que se supone que son-.
Sin ninguna identificación clara, más allá de “ser cholos mal vestidos y mal nutridos”, se declara objetivo militar a cualquier persona que comparta las características raciales y físicas de este grupo de personas.
Se debe tener muy presente el componente racista que tiene toda esta política, pues a pesar de que existe un alto número de integrantes de GDOs -aproximadamente 30.000 solo de las bandas más grandes-, solo en uno de los sectores más populares de Guayaquil, el Guasmo, existen alrededor de 500.000 habitantes. Encontrar a miembros reales de estas organizaciones es como buscar una aguja en un pajar. Los barrios marginales de Guayaquil, Machala o Babahoyo no son las únicas zonas en donde están estas organizaciones ni desde donde operan, y a pesar de esto, los operativos militares y policiales se centran con mayor fuerza en las zonas más empobrecidas del país.
El sentido común de la mayoría de población incluso aboga por aplicar mano dura a quién atente contra la supuesta ‘seguridad y paz’ social del Ecuador. Pero ¿realmente contra quien se aplican directamente esta política de mano dura? Para explicar esto, debemos entender que la política de austeridad, que busca reemplazar a las políticas sociales más básicas con libertad de consumo, ha causado este fenómeno tan complicado. La atractiva oferta de una vida criminal en donde se puede acceder una serie de lujos -impensables en el contexto popular de donde salen la mayoría de los integrantes de GDOs-, se sobrepone irremediablemente a la realidad cotidiana de estas personas y desemboca en la masiva cantidad de niños y jóvenes que escogen arriesgar su vida por alcanzar un mínimo destello de lujo, o inclusive solo medios de subsistencia.
A pesar de que se busca dar una respuesta “de gran magnitud” por parte del Estado a través de la declaratoria de conflicto armado interno, la debilidad más grande del Estado se muestra en dos fenómenos plenamente visibles: la toma de control de todos los centros penitenciarios del país por GDOs y la altísima capacidad de reclutamiento que estos mismos grupos tienen sobre niños desde 12 años o menos. La incomodidad que causa reconocer su raíz estructural, evita que los estamentos de poder generen políticas adecuadas de control, hasta que ocurre algún hecho que conmociona o incluso horroriza al resto de la población.
Trasladar cárceles a zonas históricamente desatendidas, donde es más que obvio que el Estado no tiene el control total del territorio, evidentemente empeora la situación de perdida de hegemonía estatal. ¿Qué nos hace pensar que el trasladar centros carcelarios a zonas más aisladas de territorio es la solución más optima para tener más control sobre la población carcelaria?
Las cárceles funcionan como una institución totalitaria, es decir que el Estado u la organización que tenga el control de esta, van a determinar por completo la vida de quieres estén recluidos. El evitar o en este punto detener el avance de las cárceles como centros de tortura y especialización de GDOs, podría lograr que se vea a población carcelaria como personas y no solo como el desecho de la sociedad. Lo primero que se debe hacer es un proceso profundo de humanización de las PPLs, tanto dentro como fuera de las cárceles.
El neoliberalismo más agresivo propone una limpieza social. La situación de crisis inevitablemente nos hace voltear a ver en la planificación y control estatal de estos fenómenos como la única alternativa viable a mediano plazo, sobre todo dentro del sistema capitalista de libre mercado en el que estamos inmersos. Sin embargo, es necesario pensar en una alternativa coherente con la continuación de la vida y la dignidad, y es la humanización de las PPLs y la destrucción de las desigualdades.
