Maldita inflación: de quién es la paternidad del numerazo

(Letra P) Antes de que el INDEC anunciara el índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre, el Gobierno se había apresurado a atribuirle a Alberto Fernández y a Sergio Massa"cada punto de inflación". Cuando se supo que el mismo midió un espantoso 25,5%, Javier Milei filtró su conformidad por haber evitado un escenario peor y los aliados oficiosos que tiene en el PRO y la UCR se sumaron a la atribución de responsabilidades a la gestión pasada. En efecto, entre enero y diciembre últimos, la culpa de ese flagelo le pertenece en su totalidad a Fernández y a Massa, así como lo ocurrido en los primeros diez días del último mes del año. Sin embargo, ninguno de ellos eligió el camino de megadevaluación –que mostró por ahora solo la mitad de su efecto–, retirada de todo mecanismo de gestión de precios, dolarización de los combustibles, desregulación de mercados como el de los alquileres y la medicina privada, y reducción de la tasa de interés para licuar los ahorros en pesos. Esa parte la hizo Milei y mostrará sus efectos este mes y más allá.
Letra P recordó el martes que los principales analistas del mercado esperaban un IPC –de por sí impresionante– de 17,1% antes del Caputazo, dato que ayuda –solo eso– a aclarar el reparto de pecados. De lo que no hay dudas es de que los sectores más vulnerables de la sociedad –jubilados, pobres y clase media trabajadora– son las víctimas de un estado de cosas insoportable.

Abriendo el paquete

Así como la inflación de diciembre fue la mayor desde febrero de 1991, la de todo el año pasado –¡211,4%!– fue la más grave desde 1990. Eso puso a la Argentina al tope del ranking internacional, por encima de Venezuela y el Líbano.

El mencionado 25,5% se hace más ominoso cuando se lo desagrega:
Alimentos registró 29,7% en el mes y 251,3% en el año, bien por encima del promedio. Dentro de este rubro que hace a los índices de indigencia y pobreza –la desgracia de millones de compatriotas–, el pan de mesa se incrementó 38,4% en la zona metropolitana; la leche entera, 34,5%; el aceite de girasol, 56,6%; el arroz, 52,6%; la harina, 52,3%; los fideos secos, 30,4%; y el asado, 43,6%. Alerta roja.

Salud trepó 32,6% y, dentro de ese ítem, los medicamentos se dispararon 41%, cifra que se elevó a un pavoroso 77% en el último bimestre de 2023. Para peor, el impacto de los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga, de fuerte incidencia en los sectores medios, continúa en el mes en curso.
Transporte se encareció 31,7%, producto de la subida de los combustibles, y falta ahora que comience a reflejarse la reducción de los subsidios.
Un motivo más suma a la alarma: la inflación núcleo –que excluye precios regulados y estacionales, lo que la convierte en un indicador de tendencia– ajustó 28,3%, también por encima del promedio.
Primero hay que saber sufrir
Al declarar que la economía está en medio de un sinceramiento y reacomodamiento de precios relativos, el Gobierno acepta que la situación va a empeorar antes de mejorar. La cuestión es entonces cuándo va a mejorar y cuánto.
Por ahora, las expectativas empeoran. El Banco Central (BCRA) difundió ayer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de diciembre, última edición de esa encuesta que realiza cada mes entre analistas privados de referencia. Estos señalaron, en promedio, que esperan para este año un IPC de 213,%, 21,2 puntos porcentuales más que en la edición anterior. Además, proyectan una caída de la actividad del 2,6%.

 
La disparada de los precios genera, claro, consecuencias que van mucho más allá de la decisión del BCRA de poner en circulación billetes de 10.000 y 20.000 pesos. De fondo, la ola concentra los dilemas del plan económico, ya que, como dice la consultora Equilibra, la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI dependerá de "salir del crawling peg del 2% (mensual dispuesto por Luis Toto Caputo tras el salto de 118% del dólar) o devaluar en otoño". ¿Más inflación de segunda vuelta?

A pesar del rigor del hielo del ministro de Economía, esa consultora estima que "es difícil que el Gobierno alcance en 2024 un superávit primario de 2% del PBI", tal como se le prometió también al Fondo, "por pérdida de ingresos, menor ajuste del gasto social (mayor recesión y deterioro socioeconómico de lo esperado) y dificultad en el Congreso para aprobar todas las iniciativas que suben impuestos y bajan gastos". "Estimamos que este año se alcance un superávit primario de 0,5% del PBI, que ayudará a cumplir la meta de no asistencia del BCRA al Tesoro", completó.

En todo estás vos

La nueva fase de la carrera entre precios e ingresos populares está lanzada y cabe esperar que pierdan los segundos: moderadamente los salarios formales –debido a la pelea que darán los sindicatos más fuertes en las negociaciones paritarias– y, se teme, como en la guerra las jubilaciones, planes sociales y los informales.

Allí están las grandes víctimas del modelo. El encarecimiento del transporte, el gas y la luz por la reducción de subsidios, y la desmesura de la inflación de alimentos dispararán los niveles de indigencia y pobreza y sumergirán a la parte más vulnerable de la clase media.

Un poco más arriba se sufrirá, además, por la posible restauración del impuesto a las Ganancias y por la oligarquización de la medicina privada, así como de la educación, que en diciembre aportó apenas 6,2% al índice general, pero que hará estragos ni bien se acerque el inicio de las clases.

La tijera de Caputo es filosa: a los recortes severos en la Televisión Pública, entre otras dependencias, se sumó la decisión de terminar con todas las horas extras en el Estado nacional, lo que supondrá un daño severo para numerosos trabajadores que prácticamente las venían contando como un ingreso necesario para llegar a fin de mes.

Un párrafo aparte merecen las jubilaciones. El periodista de Clarín Ismael Bermúdez señaló con acierto en Twitter que la medida de la inflación de diciembre supone un recorte pleno, de ese mismo tamaño, de los pagos. Eso es así porque, por decisión del Gobierno, vuelven este mes a cobrar el mismo bono de 55.000 pesos que venían recibiendo, es decir sin que se haya actualizado en relación con el IPC.

 ¿Mantendrá la oposición dialoguista su postura de condicionar en el Congreso el aval a la derogación de la fórmula de movilidad de Fernández a que se establezca un criterio de ajustes que acompañen el infierno de los precios o se unirá en contra de los aumentos por decreto? Por favor, que alguien proteja a nuestros viejos.