En el informe elaborado por seis organizaciones, señalan tres patrones de desaparición de corta duración cometidas por agentes estatales en el contexto del régimen de excepción establecido el 27 de marzo de 2022 y que se ha vuelto permanente por medio de 16 prórrogas.

El primero se refiere a personas que son capturadas por la Policía y militares en lugares públicos, en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información, y se les niega que la detención haya ocurrido y el paradero de la persona detenida.

“Luego tras varias semanas o meses y ante la insistencia con la Policía, los familiares reciben alguna información que les permite encontrar a la persona detenida en un centro penitenciario”, indica el documento.

Uno de los casos registrados por las ong es el de Héctor, quien fue detenido el 27 de mayo de 2022 junto a un sobrino, dentro de su vivienda en el municipio de Colón, bajo el delito de agrupaciones ilícitas por una supuesta llamada anónima.

El día de la detención, la familia acudió a diferentes delegaciones policiales para conocer su paradero, sin embargo, en estas le negaron información. Horas después de la detención, en otra delegación policial le informaron que Héctor había sido trasladado a las bartolinas conocidas como “El Penalito”, en San Salvador. En ese lugar, tampoco le brindaron datos sobre su ubicación.

Fue hasta agosto, es decir casi tres meses después, que los familiares, a través de unas imágenes publicadas en los medios de comunicación reconocieron a Héctor entre un grupo de reos que eran trasladados al penal de Mariona.

Los parientes del capturado se movilizaron hasta el centro penal y ahí les confirmaron, finalmente, que se encontraba recluido en ese lugar.

Un segundo patrón de desaparición está relacionado a casos en los que a pesar que la detención fue realizada en lugares públicos y ante la presencia de testigos, en las delegaciones policiales les niegan que se haya realizado la captura. Y aunque los parientes han interpuesto habeas corpus, no han tenido respuesta.

El tercer tipo de desapariciones son aquellas en las cuales las personas fueron capturadas, llevadas a un centro penal donde murieron debido a diferentes causas, pero los familiares no fueron informados y los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes.

El Diario de Hoy documentó cómo la familia de Rafael López Castellón, de 53 años, quien estaba recluido en el Centro Penal La Esperanza, se enteró de su muerte el día que intentaron sacar una solvencia de antecedentes penales para presentarla como arraigo.

Según el reporte del Instituto de Medicina Legal, el reo falleció el primero de junio en el hospital Zacamil, de San Salvador, por un problema de circulación, pero nunca le informaron a los familiares sobre su deceso, ellos se enteraron hasta el ocho de agosto cuando fueron a realizar el trámite, a pedido del abogado público que lo defendía, pero en el sistema policial aparecía como fallecido.

López Castellón era originario de Jucuapa, en Usulután, trabajaba en un molino, con el cual generaba ingresos para su familia. “Era un buen hombre, él aquí vivía y tenía su molino, estaba bien enfermo, solo se mantenía en su molino”, dijo Edith Torres, una vecina cuando se enteró de su muerte.

Más de 71,000 personas han sido detenidas durante el régimen de excepción, según los datos brindados por la autoridades de seguridad, sin embargo, esta cifra no puede ser corroborada debido a la reserva de información impuesta a los datos estadísticos, pese a que es de carácter público según la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por otra parte, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han documentado 5,400 denuncias de personas que han sufrido supuestas vulneraciones a sus derechos humanos desde que inició el régimen hasta el 20 de julio de este año. Uno de los hechos más graves documentados por las organizaciones sociales son las muertes bajo custodia del Estado que suman 173. Los denunciantes señalaron que muchos de los cadáveres de las víctimas presentaban señales de tortura, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento. Detenciones arbitrarias, falta al debido proceso, tratos crueles e inhumanos, acoso, amenazas, lesiones y agresiones sexuales, son otros de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.