Miguel Peiretti
El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles la emergencia energética y social en todo el país ante la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de dólares, lo que implica la habilitación de medidas excepcionales durante un año con el objetivo de garantizar el abastecimiento y sostener la actividad económica, comunicó la prensa local.
La medida fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira mediante el Decreto Supremo 5517, el cual autoriza de forma extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector.
De acuerdo con el Ejecutivo, la acción busca mitigar el impacto de la crisis entre la población, en un contexto marcado por la escasez de divisas y las restricciones externas que afectan a la economía boliviana.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción y devolver la calidad de vida a las y los bolivianos, así como garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”, establece el Decreto Supremo 5517.
Entre las acciones más sensibles, la medida responde al “déficit extremo” de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y los sectores estratégicos.
En este contexto, el Gobierno dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas y eliminó por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas.
El decreto establece también el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, con el objetivo de facilitar su ingreso al país y reducir los cuellos de botella en el abastecimiento interno.
A su vez, instruye a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el acceso a la infraestructura del sector en hasta 15 días.
La declaratoria de emergencia se produce tras la abrogación del Decreto Supremo 5503, que había generado protestas y críticas de distintos sectores sociales, al ser calificado de inconstitucional.
Con la nueva norma, el Gobierno intenta encarar la crisis energética, uno de los principales desafíos económicos y sociales del país sudamericano.
