Miguel Peiretti
Pablo Doro padre fue condenado en la causa conocida como “compras directas”, se originó en 2003 durante el gobierno del Frente Cívico y Social y demoró 20 años en llegar a juicio.
A veinte años de los hechos denunciados, el juicio por las compras directas concluyó con la condena por fraude a la Administración Pública al ex ministro de Salud, Pablo Doro, quien además junto al resto de los condenados deberá hacer frente a un resarcimiento de más de un millón de pesos con actualización e intereses. En la misma causa fue condenado el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, a diez años de prisión efectiva.
Doro fue encontrado culpable de siete hechos (dos en calidad de autor, cinco como partícipe necesario), en un fallo que implica un precedente importante puesto que es la primera vez que se condena a funcionarios por “fraude”.
El Tribunal que integraron Marcelo Soria, Rodolfo Moreno y Mauricio Navarro Foressi hizo lugar de manera parcial a la acción civil que había iniciado Fiscalía de Estado, querellante en la causa, y consideró que Brandán y Doro deberán devolver de manera conjunta $1.016.426,42, mientras que Brandán deberá asumir además un compromiso por $42.441,09 por el daño causado al erario público. Estas cifras deberán pagarse hasta diez días después de que la sentencia quede firme, y serán actualizadas conforme a la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina, más un interés del 0,5% nominal mensual.
En el marco de la acción civil, Fiscalía de Estado había reclamado un daño por $ 79 millones.
El fiscal Miguel Mauvecín, representante del Ministerio Público Fiscal junto a Facundo Barros Jorrat, se mostró conforme con la sentencia “porque había suficientes elementos de prueba y la condena fue cercana a lo que solicitamos”. En la instancia de alegatos habían pedido 12 años para Brandán y siete para Doro.
La causa se inició por una denuncia del entonces diputado catamarqueño Fidel Sáenz. Se trata de contrataciones directas realizadas entre fines de 2003 y principios de 2004 que se realizaron a un reducido grupo de empresas y de manera desdoblada para evitar licitaciones.
En la acusación el ex legislador daba cuenta se ejecutaron compras directas por $27 millones para asistencia social y más del 73% de estas contrataciones correspondían a un grupo de 10 empresas.
Las firmas, se habían constituido ese mismo año con el objetivo de empezar a venderle al Estado, mientras que algunas tenían apenas un mes de creadas cuando se descubrió el fraude. Una de esas emprensas en un espacio de cuatro meses recibió 540 contrataciones.
