Desbarataron una organización transnacional que “reclutaba” argentinos para combatir en la guerra de Ucrania

Una investigación de la Justicia Federal y la PROTEX permitió detener en Tigre a una mujer que lideraba la banda. Captaban a civiles y exmilitares por redes sociales, les prometían sueldos de 3.000 dólares y los obligaban a firmar contratos en ucraniano bajo engaño. Su pareja se dio a la fuga.
Sucesos27/07/2026Miguel PeirettiMiguel Peiretti

banda-ucraniaUna profunda investigación judicial y un operativo desplegado por la Policía Federal Argentina (PFA) permitieron desarticular en las últimas horas una organización criminal trasnacional dedicada a la captación y traslado engañoso de ciudadanos argentinos para combatir en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, tras un pedido conjunto formulado por el fiscal general Sergio Néstor Mola (titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), conducida por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Durante el procedimiento realizado en la localidad bonaerense de Tigre, las fuerzas de seguridad detuvieron a una mujer investigada como una de las cabecillas de la red. Sin embargo, su pareja y presunto coautor de las maniobras delictivas logró eludir la justicia y permanece prófugo, registrándose su salida del país con destino a Brasil pocos días antes del allanamiento. El juez Luis Armella indagará a la detenida bajo el delito de trata de personas.

El modus operandi: promesas de 3.000 dólares y contratos falsos

De acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, la organización utilizaba de manera activa las redes sociales para captar tanto a civiles como a exintegrantes de fuerzas de seguridad y exmilitares. A las víctimas se les ofrecía incorporarse al ejército ucraniano por periodos de entre seis meses y tres años, a cambio de una remuneración mensual cercana a los 3.000 dólares.

Para consumar el engaño y evitar sospechas, los reclutadores prohibían a los damnificados revelar las supuestas condiciones contractuales por supuestas "razones de seguridad". En su lugar, les hacían firmar un contrato redactado íntegramente en idioma ucraniano que detallaba actividades completamente ajenas al ámbito militar, como tareas de construcción.

Asimismo, la banda les impartía instrucciones precisas sobre qué declarar en los controles migratorios del Aeropuerto Internacional de Ezeiza ante el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o de las aerolíneas, obligándolos a sostener la versión falsa de que viajaban al extranjero por motivos laborales vinculados a la edificación.

Cuatro hombres retenidos en Ezeiza destaparon la olla

La investigación penal tuvo su origen en marzo de este año, cuando efectivos de la PSA detectaron serias inconsistencias en las declaraciones de cuatro hombres que se encontraban en la zona de preembarque de Ezeiza con destino a Ucrania.

Los pasajeros no pudieron explicar quién les había financiado los pasajes de avión, quién los recibiría al llegar a Europa, ni las tareas específicas que desarrollarían. Tampoco contaban con tickets de regreso ni con el dinero suficiente para solventar la estadía. Las tareas de inteligencia y el análisis de las comunicaciones posteriores confirmaron que los cuatro habían sido reclutados mediante plataformas web para sumarse al frente de batalla.

Alerta internacional y servidumbre por deudas

La gravedad del caso ya había llevado a la PROTEX en abril a activar una alerta ante la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM). Los fiscales advirtieron sobre una estructura transnacional que generaba deudas económicas ficticias en las víctimas vinculadas al traslado y equipamiento, utilizándolas como mecanismo de sujeción para impedirles romper el contrato, configurando un claro escenario de servidumbre por deudas o trabajo forzoso.

El alcance de este delito coincide con una reciente "notificación morada" emitida por INTERPOL en julio de 2026. Esta alerta internacional se fundamentó en investigaciones del Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, Colombia, donde se detectó idéntico modus operandi: empresas fachada que reclutan jóvenes exmilitares bajo falsas promesas migratorias y económicas en Sudamérica, para luego confiscarles los documentos en Europa y obligarlos a combatir bajo amenazas e intimidaciones.

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