El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hacer lugar al recurso de queja que interpusieron los fiscales de Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, ante la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la imputación del senador Armando Traferri como jefe de una asociación ilícita. Los fiscales apelaron ante la Corte la decisión de la Justicia provinciales de reconocer fueros absolutos al legislador del departamento San Lorenzo.

Aunque no resulta vinculante, el dictamen de Casal abre la puerta a un fallo de la Corte, que en caso de ser positivo obligaría a reconsiderar la posibilidad de juzgar a Traferri como jefe de una asociación ilícita.

En el máximo tribunal especulan, en año electoral, con la posibilidad de resolver en el corto plazo el recurso de queja, en un tema complejo que involucra al federalismo por un lado pero también a la impunidad de los legisladores provinciales, que no pueden ser juzgados.

El legislador del departamento San Lorenzo quedó involucrado en una causa que comenzó con el asesinato de un apostador en el Casino City Center de Rosario cuando un sicario de la banda de Los Monos baleó el complejo de la zona sur de esa ciudad, como mensaje mafioso vinculado con el zar del juego clandestino, Leonardo Peiti.

Para la Fiscalía, el ex fiscal regional Patricio Serjal fue, junto con Peiti y Traferri, el organizador de una banda delictiva dedicada al juego ilegal en diversas modalidades. En el caso de Serjal, brindando cobertura judicial. Los funcionarios entendieron que, abusando de su cargo, le daba directivas al fiscal Gustavo Ponce Asahad (condenado mediante un acuerdo abreviado cuya sanción se disminuyó a la mitad bajo la figura del arrepentido) sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas con apuestas clandestinas.

Schiappa Pietra y Edery recurrieron a la Corte Suprema nacional en apelación al fallo del máximo tribunal santafesino, que consideró constitucionales los fueros legislativos del senador provincial peronista Armando Traferri, con una mayoría de 5-1.

La Corte Suprema provincial había dictaminado que la norma que prohíbe investigar a un legislador se corresponde con lo estipulado en la Constitución de Santa Fe, lo que se conoce como fueros absolutos, con lo cual el senador sanlorencino no puede ser citado audiencia imputativa por los fiscales, quienes lo acusan de ser organizador de una red de apuestas ilegales.