En momentos de crisis económica suele repetirse siempre una misma estrategia: en lugar de que el debate público se concentre en los problemas económicos, se instala la idea de que determinados grupos son los responsables. A lo largo de la historia, en distintos países, los inmigrantes han sido uno de los principales blancos de ese mecanismo perverso.
En la Argentina de Milei, mientras la mayoría de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes o sostener su poder adquisitivo, el Gobierno volvió a poner en el centro de la discusión a los extranjeros, impulsando cambios en el régimen migratorio, el cobro de la atención médica a no residentes y la posibilidad de que las universidades arancelen a estudiantes nacidos en otros países sin residencia permanente.
Sin embargo, los datos oficiales desmienten muchas de las cifras que circulan para justificar estas medidas, fundamentalmente las que vociferó el vocero presidencial, Adrián Ravier, que ya se perfila bastante más mediocre que su antecesor Manuel Adorni. Se afirmó, por ejemplo, que el 40% de los estudiantes de Medicina son extranjeros, pero esa cifra es falsa. Según información oficial, los estudiantes extranjeros representan alrededor del 4% de la matrícula de las universidades públicas. Incluso en la Facultad de Medicina de la UBA, donde la proporción es mayor, los estudiantes extranjeros representan aproximadamente el 28% de la matrícula, muy lejos del 40% esbozado por funcionarios del Gobierno.
Desde la propia UBA sostienen que los ingresos que podrían obtener si implementaran un arancel para estudiantes extranjeros serían “marginales a nivel presupuestario” y que, además, la medida terminaría perjudicando a la economía local, ya que cada estudiante aporta más al consumo y a la actividad económica durante su estadía que lo que eventualmente podría recaudar la universidad mediante una cuota.
Algo similar ocurre con el sistema de salud. En la mayoría de las provincias, la atención brindada a extranjeros no residentes representa una fracción muy pequeña del total de prestaciones. Aun así, el tema se profundiza y se escandaliza, generando la percepción de que constituye uno de los principales problemas del sistema. Racismo cargado de brutalidad y falta de conocimiento. El cóctel al que ya nos tiene acostumbrado Mieli.
Además, el Gobierno tiende a agrupar (por conveniencia o desconocimiento) bajo la categoría de “extranjeros” a personas con situaciones muy distintas: quienes llegan temporalmente al país y quienes viven desde hace años en Argentina, trabajan, pagan impuestos, forman familias y cuentan con diferentes categorías de residencia. Esa generalización contribuye a construir la imagen de que existe un abuso masivo de los servicios públicos cuando los propios datos muestran otra realidad.
Si algo faltaba para llevar al extremo el uso de la lógica “extranjero-como-gasto-público”, es el decreto que firmó Milei para expulsar del país a inmigrantes que “expresen mensajes de odio” contra la Argentina y sus ciudadanos. La medida también alcanza a quienes promuevan discriminación o violencia por motivos de nacionalidad y a quienes ultrajen símbolos patrios. El Gobierno utiliza como excusa la “campaña antiargentina” del Mundial de fútbol, que nunca existió -salvo para la difusa realidad con que se convive en la Quinta de Olivos-, para salir con un decreto que, además, no define con precisión qué conductas comprende ni establece mecanismos claros para su aplicación, lo que abre interrogantes sobre su alcance y deja un amplio margen para la discrecionalidad. Otro papelón.
Por más que Milei y buena parte de sus funcionarios fantaseen con otro mundo imaginario, la Argentina construyó históricamente su identidad basada en la apertura a la inmigración. La Constitución de 1853 y la Ley de Inmigración y Colonización de 1876 expresaban con claridad el objetivo de poblar el territorio y fomentar el desarrollo económico mediante la llegada de trabajadores extranjeros, garantizando que no se restringiera ni gravara con impuestos el ingreso de quienes vinieran a “mejorar el suelo”. Fue una visión de país que marcó buena parte de nuestra historia. Mucho antes, incluso, la Argentina pudo haber elegido un camino expansionista o colonialista, sin embargo, optó por acompañar y ser protagonista de los procesos de independencia de los pueblos vecinos.
Está en el ADN argentino abrir las puertas a quienes llegan desde otros lugares. Así se forjó una identidad que todavía perdura. Pretender convencer de que las crisis económicas justifican abandonar esa tradición forma parte de un relato que distintos gobiernos neoliberales utilizaron para desplazar el foco de los problemas hacia supuestos enemigos externos.
(Canal Abierto) El Gobierno pretende desviar el foco de atención radicalizando su discurso contra los migrantes y los residentes nacidos en otros países, para evitar responder sobre la crisis económica. Al otro lado, intentará entregar soberanía con su nueva Ley de Extranjerización.
El problema no es debatir las políticas migratorias, sanitarias o educativas. Es legítimo discutir cómo deben financiarse los servicios públicos, siempre que las decisiones no perjudiquen a las mayorías, así como establecer las reglas que correspondan para quienes no residen en el país. Lo verdaderamente preocupante es cuando ese debate se construye sobre datos falsos o engañosos que, en lugar de contribuir a una discusión seria, terminan funcionando como una herramienta de distracción.
Pero no todos los extranjeros parecen representar un problema para este Gobierno. Existe otra categoría: la de quienes llegan con grandes capitales. Para ellos se creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que luego fue ampliado con beneficios difíciles de encontrar en otros países. Ahora, además, se les pretende facilitar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que, en los hechos, abriría la puerta a una mayor extranjerización de la tierra, con fines que no están relacionados con la mejora del suelo.
De esta manera, el Gobierno busca flexibilizar y eliminar los límites a la compra de suelo rural por parte de estos capitales en una clara pérdida de soberanía y falta de transparencia. Fundamentalmente otorgando prioridad a la protección patrimonial de los propietarios y los inversores por encima de otros principios constitucionales como la función social de la propiedad, la protección ambiental y el interés público.
Esta semana, en una de esas entrevistas callejeras que se viralizan en las redes sociales, una madre contaba, con la voz baja y visiblemente preocupada, que cada vez le costaba más llegar a fin de mes y comprar los medicamentos que necesitaba. Antes de terminar la nota apareció su hijo, de poco más de veinte años, para afirmar que el rumbo económico era el correcto y que estaba de acuerdo con la venta de tierras a extranjeros porque “van a comprar para invertir y generar trabajo”. La cara de la madre…
Si el Gobierno consigue los votos, el jueves habrá sesión. Pero también habrá un pueblo movilizado frente al Congreso de la Nación. La discusión no será solamente sobre inversiones extranjeras. Será, una vez más, sobre qué modelo de país se pretende construir y cuánto más se va a beneficiar a los amigos del poder.
