Miguel Peiretti
El proyecto de ley sobre “falsas denuncias”, que ya cuenta con dictamen favorable en comisión en el Senado, avanza en medio de fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos, espacios feministas y sectores del ámbito judicial. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, propone endurecer las penas previstas en el Código Penal, llevándolas hasta los seis años de prisión en casos vinculados a violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren a menores.
Distintos informes y especialistas vienen advirtiendo que este tipo de reformas pueden tener un efecto contrario al que declaran, ya que desalientan las denuncias y refuerzan prejuicios sobre las víctimas. Según datos difundidos en el debate público, las denuncias falsas representan un porcentaje ínfimo —inferior al 1% a nivel global— mientras que la mayoría de los hechos de violencia, especialmente los sexuales, ni siquiera llegan a judicializarse.
En ese marco, la Federación Judicial Argentina, enrolada en la CTA Autónoma, difundió un comunicado en el que rechaza el proyecto y lo vincula con un clima político y judicial regresivo. El gremio encuadra la iniciativa dentro de una ofensiva más amplia que, según advierte, apunta a restringir derechos y a cuestionar los avances en materia de género.
“El proyecto de ‘falsas denuncias’ busca disciplinar y silenciar a quienes denuncian, en particular a mujeres, diversidades y niñeces que atraviesan situaciones de violencia”, sostuvo la FJA. En el mismo sentido, señalaron que la iniciativa forma parte de “una nueva ola de backlash judicial” que intenta revertir conquistas en materia de derechos humanos y acceso a la Justicia.
El backlash judicial, o efecto rebote, es una reacción adversa o contragolpe organizado contra avances en derechos, manifestándose como resistencia estructural en contextos de género e infancia. Se caracteriza por estrategias que buscan deslegitimar denuncias de violencia y proteger a los agresores, incluyendo el uso de teorías desautorizadas como el síndrome de alienación parental
Desde el sindicato judicial remarcaron que “no existe un vacío legal” que justifique la reforma, ya que las denuncias falsas ya están contempladas en el Código Penal. “Lejos de resolver un problema real, el proyecto instala una sospecha generalizada sobre quienes denuncian y refuerza prácticas de revictimización”, indicaron, al tiempo que advirtieron que “se invierte la carga de la prueba y se coloca a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad”.
En esa línea, la FJA alertó sobre las consecuencias concretas que podría tener la eventual aprobación de la ley: “El efecto será claramente disuasorio: muchas personas dejarán de denunciar por miedo a ser perseguidas penalmente si no logran probar los hechos”. Y concluyeron que la iniciativa “atenta contra el derecho de acceso a la Justicia y consolida un escenario de retroceso en materia de políticas de género y derechos humanos”.
Distintos organismos internacionales vienen señalando que el foco en las llamadas “falsas denuncias” no se corresponde con la realidad empírica. Informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres) sostienen que este tipo de presentaciones representan un porcentaje mínimo —en torno al 1% o incluso menos— dentro del total de denuncias por violencia de género y delitos sexuales. A la inversa, advierten que la gran mayoría de estos hechos permanece subregistrada y no llega a instancias judiciales, producto de múltiples barreras de acceso, miedo a represalias y desconfianza en el sistema.
Sobre ese punto, la Federación Judicial Argentina también enfatizó que la iniciativa en debate “no se basa en evidencia sino en construcciones discursivas que buscan instalar la idea de una utilización maliciosa del sistema judicial por parte de las víctimas”. En esa línea, remarcaron que “poner el eje en las denuncias falsas desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales: la falta de respuesta estatal, la revictimización y las dificultades para investigar y sancionar la violencia”, y advirtieron que el proyecto “profundiza un clima de sospecha que desalienta la denuncia y consolida la impunidad”.
