Julia Mengolini ante la CIDH: «Fui víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes»

Este miércoles se celebró una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Universidad de Miami, Estados Unidos. Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y otras organizaciones, participaron. Algunas de las declaraciones más destacadas fueron de Julia Mengolini, periodista y fundadora de Futurock, y de Hugo Alconodada Mon, prestigioso periodista de investigación de La Nación.

Durante la audiencia se presentó un panorama alarmante sobre las condiciones en las que trabaja el periodismo. Tal como difundió en un parte de prensa Amnistía Internacional «organizaciones de la sociedad civil denunciaron qué está ocurriendo: un contexto de hostigamiento y deslegitimación desde el propio Estado que usa su poder para perseguir, humillar y silenciar, tanto en el terreno virtual como en las calles».

El gobierno, representado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, negó que exista una política de desprestigio hacia los periodistas y sostuvo que las denuncias sobre agresiones en las manifestaciones son hechos aislados: “el periodismo no es un adversario, sino un aliado “. Sin embargo, según la evaluación de las OSC el país que describe el gobierno no tiene ningún correlato con la realidad. La semana pasada, el funcionario se había presentado ante un comité contra la tortura de las Naciones Unidas (ONU) y cuestionó abiertamente la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar.

Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y otras organizaciones ilustraron un panorama completamente diferente al del gobierno. Las cifras del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA son alarmantes. En 2024 se registraron 179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53% respecto a 2023. “El presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025″, sostuvo Paula Moreno, presidenta de FOPEA.

 La Comisión se solidarizó con la periodista Julia Mengolini quien contó sobre la campaña de difamación y violencia digital sin precedentes en su contra. “Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija de 6 años. El propio presidente amplificó esas agresiones, publicando casi 100 mensajes en mi contra en tan solo cuatro días, se burló públicamente y justificó la violencia diciendo que “me merecía el vuelto”. Todo ello, además de las denuncias penales en su contra.

Por su parte, Hugo Alconada Mon describió los intentos de hackeo a sus redes, las amenazas a su celular y cuentas financieras, así como la registración a su nombre de páginas pornográficas, todo tras haber revelado el plan de inteligencia del gobierno que habilitaba la posibilidad de espionaje ilegal sobre opositores y periodistas.

El testimonio por parte del integrante del sindicato de prensa SIPREBA sobre los ataques físicos concretos a periodistas, habilitados por estos discursos, fue determinante para ilustrar las implicancias del emblema “no odiamos lo suficiente a los periodistas” orquestado desde las más altas autoridades.

Las organizaciones denunciaron también cómo esa violencia también tiene su correlato en la calle. “En 2024 y lo que va de 2025 cerca de 300 trabajadores de prensa resultaron heridos : lesiones oculares, heridas en el rostro, impactos de balas en el cuerpo. Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, denunció Paola Garcia Rey, directora adjunta de Amnistía internacional Argentina.

 “En efecto, éstas han sido centrales para determinar la trayectoria del cartucho de gas lacrimógeno que perforó el cráneo de Pablo Grillo y para desmantelar la defensa del Ministerio de Seguridad hacia el Gendarme que disparó de manera ilegítima. La ministra calificó el hecho como fortuito y trasladó la responsabilidad al fotorreportero por haberse puesto “en la línea de tiro”, agregó.

Tomás Cuesta, fotoperiodista de ARGRA contó lo qué significa hoy salir con una cámara a cubrir una manifestación en Argentina . “Desde hace dos años, los trabajadores de prensa normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra: casco, máscara de gas, gafas. Nos mantenemos en contacto y atentos a ver si todos volvimos bien. No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la policía lo es, y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”.

Finalmente, el CELS recordó que el Protoclo Antipiquetes ya fue cuestionado no solo por la CIDH sino otros nueve relatores de la ONU. Y aprovechó para hacer entrega a la Comisión de una carta escrita por la mamá de Pablo Grillo.

La CIDH, a través de su secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panzi, identificó una tendencia caracterizada por un contexto de amenazas, criminalización a los periodistas y activistas de derechos humanos. Y ofreció realizar una visita a la Argentina, a instancias del pedido realizado por las organizaciones presentes. “Me pregunto si hay una interpretación correcta de lo que está expresando la sociedad civil porque tengo la impresión de que no se está entendiendo desde el Estado que esto es un gran problema”, concluyó la comisionada Gloria de Mees.