


El Gobierno disolvió fondos para vivienda social, acceso a las tecnologías y agricultura familiar
Miguel Peiretti


Según lo dispuesto en el decreto 6/2025, el Ministerio de Economía de la Nación disolvió tres fondos fiduciarios ante el presunto hallazgo de irregularidades en el manejo de fondos e incumplimiento de objetivos. Se trata del "Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar" (PRODAF), el "Fondo Fiduciario Del Servicio Universal" (FFSU) y el "Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social".
La decisión se enmarca en la política de ajuste que sostiene la gestión de Javier Milei en perjuicio de programas de gobierno para la inclusión social y que fundamenta en una presunta necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado.
Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación (SIGEN) realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento. "Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente", destacó el Gobierno en un parte de prensa, a través del cual celebró el recorte.
Según el Gobierno, el Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar había sido creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895, con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.
El fondo habría cumplido su propósito y desde 2020 no se habrían registrado desembolsos, "confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución", según precisó Economía.
Detalló el Gobierno también que el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como "Casa Propia" y "Reconstruir". Según la gestión de Milei, el programa de inclusión habitacional habría sido utilizado "con finalidades políticas y clientelísticas (sic), y se habrían hallado las siguientes irregularidades e incumplimientos: falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros.
En tanto, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC (servicios de tecnologías de la información y la comunicación), con servicios pagados por los usuarios. "Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información" y, según el comunicado del Gobierno, carecía de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a sus objetivos.




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