Causa Aralí: Imputados no declararon y allanaron oficinas de trabajadoras sociales
Se negaron a declarar dos de los detenidos e imputados por el crimen de Aralí la niña de 8 años de Brinkmann asesinada con posterior incendio de la vivienda para ocultar el crimen. Allanaron oficinas provinciales y municipales donde se desempeñan profesionales del trabajo social
Sucesos03/12/2024Redacción RegionalisimoMatías Ezequiel Simeone (33) y Cristian Hernán Varela (40)quien son defendidos por el asesor letrado de Morteros, Gerardo Pérez se negaron a ampliar la declaración en la causa donde están imputados por homicidio criminis causa.
La causa que fue investigada por el fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, paso a la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco quien además de seguir incorporando los resultados de las pericias solicitadas por Gieco, deberá investigar a profesionales y funcionarios de Senaf sobre las responsabilidades que tienen sobre sus actuaciones en relación a la familia.
Además de Simeone y Varela imputados como supuestos autores de homicidio criminis causae, que es haber matado para lograr la impunidad, también se encuentra detenida, la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch (28), quien está imputada por supuesto homicidio calificado por el vínculo por haber omitido su cuidado. La mujer al ser indagada negó los cargos en su contra y se abstuvo de seguir declarando.De acuerdo a lo investigado por el fiscal Oscar Giecco Matías Ezequiel Simeone (33) pareja de la madre de la niña y Cristian Hernán Varela (40) habrían abusado sexualmente de la niña a la que asesinaron para encubrir ese delito y luego generaron el incendio de la vivienda de Caseros 857 para ocultar el crimen.
La continuidad de la investigación quedó ahora a cargo de Yamila Di Tocco, quien tiene la responsabilidad funcional de determinar las actuaciones de la Senaf y la Uder San Francisco que reinsertaron a los hermanos a la familia a pesar de las advertencias que habían recibido sobre la situación.
Allanamientos
En las últimas horas allanaron las oficinas de la trabajadora social en el Hospital Municipal de Brinkmann y las oficinas de la Uder en la Casa de Córdoba en San Francisco.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de informática de la Policía Judicial de Córdoba quienes procedieron al secuestro de material documental relacionado a la causa.
Ahora el mismo personal deberá analizar la información secuestrada en ambos procedimientos para ser aportada a la investigación a los fines de que la fiscalía pueda determinar las responsabilidades profesionales
De todos modos es probable que Di Tocco no sea quien termine resolviendo la situación de Senaf y Uder quedando en manos de quien asuma la titularidad de la fiscalía de Morteros en los primeros meses del próximo año
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Edición del miércoles 4 de diciembre de 2024
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