Miguel Peiretti
«La universidad no es el problema, es parte de la solución», es el lema que utiliza la comunidad educativa de las universidades públicas del país para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno libertario sobre las casas de altos estudios.
En Córdoba, la marcha comenzó este miércoles a las 13 horas. Previo a ello, a las 11, hubo un abandono de tareas en las universidades públicas nacionales, mientras que a las 12 fue la concentración en el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria. La movilización finalizó pasadas las 15 con un acto de cierre en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, donde se leyó un documento.
Al respecto de los motivos de la manifestación, el secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), Javier Blanco, aseguró que “más del 60% de los docentes no llegan a la canasta básica”. Por otro lado, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC) también anunció que adherirá a la marcha federal universitaria.
Además, incluyó la lectura de un documento clave por parte de varios sectores parte de la comunidad educativa que denunciaron el desfinanciamiento de las universidades públicas.
La Federación Universitaria de Córdoba (FUC) inició el discurso expresando: «La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas«. Aseguraron que esta medida profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y paralizó más de 100 obras de infraestructura que son fundamentales para el funcionamiento del sistema universitario.
Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores Universitarios de Córdoba (AGTUNC) denunció la crisis salarial que atraviesan los trabajadores del sector: «La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y nodocentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza cuando no de la indigencia«. Esta situación, según el gremio, pone en peligro la continuidad de los cuadros académicos y administrativos esenciales para el funcionamiento de las universidades.
Además, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hicieron un llamado directo al presidente de la Nación, destacando que la ley de financiamiento universitario, ya aprobada por el Congreso, «le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario«. Subrayaron que esta ley demanda solo el 0,14% del PBI y es vista como una solución sostenible tanto para la educación como para el presupuesto del Estado.
Finalmente, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) advirtió que de no promulgarse esta ley, «lo que estará en juego es la continuidad de las universidades y el sistema científico», destacando que el impacto no solo afectará a los trabajadores y estudiantes, sino también al desarrollo del país. La organización recalcó: “Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico”.
El documento concluyó con un emotivo llamado a seguir defendiendo la universidad pública, con un agradecimiento a la sociedad argentina por su apoyo: “Sigamos defendiendo a la universidad pública argentina, SIEMPRE”
