El Gobierno Nacional informó cambios en el programa Acompañar destinado a víctimas de violencia de género y para acceder a la asistencia, las mujeres y personas LGBT+ deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial.
Pais26/08/2024
Redacción Regionalisimo
A través de decreto 755/2024 publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria notificó modificaciones en el acceso al programa creado por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Según detallaron, “para acceder a la prestación del programa Acompañar se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los dieciocho (18) años de edad”, explica la letra que lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Hasta el momento de los cambios, para acceder a la asistencia bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Las prestaciones económicas también sufrirán un recorte en el plazo de tiempo en el que se abonará la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil que pasará de abonarse durante tres meses consecutivos. Anteriormente, se percibía seis meses consecutivos.
Será “no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva” a percibirse en situación de riesgo por violencia por motivos de género.
Según revelaron fuentes del Ministerio de Justicia, “se detectaron numerosas irregularidades en el Plan Acompañar porque desde el ex Ministerio de la Mujer se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política”.
“Desde el Ministerio de Justicia estamos realizando una auditoría para revisar lo que se entregaba y ordenarlo”, detallaron aunque aclararon también que no hay medidas paliativas previstas para las víctimas que denuncian y no cuentan con independencia económica.
El decreto entrará en vigencia hoy y tras las modificaciones argumentaron que el programa se creó con el objetivo de “promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.
La presentación también alcanza al director ejecutivo del Pami, Esteban Leguízamo. El presidente Javier Milei recibió una denuncia judicial por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz del veto a la ley de reforma jubilatoria.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema recibió 4.430 denuncias de mujeres en el primer trimestre del Gobierno de Milei. La problemática crece a la vez que el gobierno desfinancia programas de acompañamiento a víctimas y vacía organismos.
Desde el Foro Permanente Discapacidad hacen saber a la sociedad en general la vital importancia de retrotraer esta medida.
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Los obispos subrayaron que “es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas” y señalaron que “el desempleo y la informalidad en el mundo del trabajo constituyen un caldo de cultivo para la Trata y Explotación de Personas”.
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