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El gobierno de Javier Milei desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), que funcionaba con éxito en varias provincias desde 2018. ¿Qué pasa cuando la quita de derechos es más costosa que la implementación de políticas públicas?
Pais13/07/2024(Revista Citrica) El gobierno de Javier Milei desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), que funcionaba con éxito en varias provincias desde 2018. ¿Qué pasa cuando la quita de derechos es más costosa que la implementación de políticas públicas?
La adolescencia es una etapa marcada por las primeras veces: el primer beso, la primera salida al boliche, el primer amor, la primera relación sexual, el primer cigarrillo. Para algunas personas, el primer embarazo. El acceso a la información y a la salud son clave para revertir esta problemática. En Argentina, en los últimos 12 años se logró reducir en un 60% el embarazo adolescente: En 2013 hubo 117.386 embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años; el número se redujo a 69.803 en 2019. En 2022, 43.210 adolescentes tuvieron un hijo/a. Esta reducción se logró gracias a la implementación de políticas públicas, como el Plan ENIA, pero el gobierno de Milei se ocupó de desmantelarlo. El argumento está en su slogan de campaña que se transformó en política de Estado: no hay plata.
Sin embargo, si un gobierno quiere reducir costos, prevenir los embarazos en la adolescencia resultaría una buena alternativa, puesto que el costo de programas como el plan ENIA es bajo, en comparación a los “gastos” que produce la atención en salud durante el embarazo, el parto y el puerperio. Con la maternidad temprana, las oportunidades laborales y de ascenso social se reducen, y estas situaciones se agravan aún más en hogares de bajos recursos y en zonas rurales. Por otro lado, algunas de las consecuencias más comunes del embarazo en la adolescencia son la imposibilidad de terminar la secundaria, la precarización laboral y, sobre todo, para las menores de 15 años, puede conllevar riesgos de salud y mortalidad materna.
El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que garantiza a las adolescencias el acceso gratuito a la salud sexual y reproductiva, comenzó en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, y se sostuvo y profundizó durante la gestión de Alberto Fernández. Es la prueba de que, si las políticas públicas funcionan, valen la pena sostenerlas a través de los gobiernos de turno. Durante cinco años se implementó en 12 provincias del país y generó 709 puestos de trabajo: 112 en Nación, a través de los programas de Salud Sexual y Salud Adolescente y 597 en centros de salud, espacios comunitarios y escuelas.
Uno de esos puestos era ocupado por Verónica Fulco, que desde los inicios del plan ENIA se desempeñó como acompañante pedagógica en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires. Su cargo, al igual que el de la mayoría, se centraba en el trabajo territorial:
“El plan ENIA tenía tres patas: una es de trabajo comunitario, pensando en alcanzar a las adolescencias que no están escolarizadas. Después había dos cargos dirigidos a las escuelas: Por un lado, el de la asesoría de salud que generaba espacios en donde los y las estudiantes podían hacer en privado las consultas que les surjan. “Además, eran una especie de puente entre los centros de salud y las escuelas”, destaca Fulco. “Sabemos que, si bien hay un marco legal que todos los centros de salud deben cumplir, eso no siempre ocurre. Por ejemplo, que no quieran atender a los adolescentes si no van con sus adultos responsables, que les nieguen anticonceptivos o que efectivamente no tengan. Las asesorías en salud estaban para garantizar que nada de eso ocurriera”.
Además el rol de acompañante pedagógico era el de contribuir a institucionalizar e implementar la educación sexual integral en las escuelas, a través de la articulación con los equipos docentes. “En Morón logramos que algunas escuelas tengan alrededor de 40 referentes de ESI y eso requería acompañar a cada institución. ¿Cuándo encontrábamos el tiempo para capacitar a les docentes? ¿Les íbamos a pedir que vayan fuera de su horario laboral? En algunos casos, logramos que las escuelas armen jornadas de capacitación en donde los preceptores se quedaban con los alumnos mientras yo trabajaba con los docentes, pero sino era un trabajo de hormiga en donde buscaba estrategias para brindarle las herramientas a cada docente al que le interesara abordar la ESI”, explica Fulco.
Con los desafíos que implicaba, el plan ENIA demostró ser exitoso: en solo cuatro años desde que se comenzó a implementar, el descenso de la tasa de fecundidad adolescente fue de 12,7. Mientras que en los años previos a su ejecución, entre 2010 y 2017, el descenso fue de 6,2. Si bien el alcance del plan no llegó a ser federal, se desarrolló en las provincias con indicadores más altos de embarazo tempranos y, solo entre 2021 y 2023, abarcó a 151.031 adolescentes (Datos del informe de monitoreo del Plan ENIA, septiembre 2023).
Hace unas semanas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el “rediseño” del plan ENIA, pero nunca se aclaró qué cambios implicaba, qué cargos permanecen y cuáles van a ser cortados por la motosierra. La realidad es que el 31 de marzo terminó el contrato de los trabajadores del Plan, y, desde ese momento, solo hay incertidumbre. “Nosotros estuvimos en la precariedad laboral durante todos estos años, siempre fuimos monotributistas y nuestro reclamo era pasar a planta transitoria. Cada 31 de diciembre se renovaban los contratos y este último año no sabíamos que iba a pasar, nuestras coordinadoras tampoco - explica Fulco - nos enteramos por los medios de comunicación que iban a renovar nuestro contrato por tres meses, pero nunca nadie nos dijo nada. Llegó abril y no sabíamos si darnos por despedidos o seguir yendo a las escuelas. Hasta el día de hoy, la única información que tenemos es la que circula a través de las ruedas de prensa de Adorni”.
Según lo poco que aclaró el vocero presidencial, las provincias pasarían a hacerse cargo de la implementación del plan. “Nosotros, como trabajadores, intentamos interpelar a las autoridades gubernamentales, pero sabemos que muchas provincias no tienen recursos. La realidad es que es un programa nacional y el gobierno no se puede desligar tan fácilmente. Además, el plan ENIA contaba con fondos externos a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), ¿Qué pasó con ese financiamiento?”, se pregunta la trabajadora.
Mientras el Gobierno sigue sin dar respuestas, cientos de personas perdieron su principal fuente de trabajo, además de que miles de adolescentes se quedaron sin una herramienta que les permitía tomar decisiones libres e informadas acerca de su sexualidad y su salud. Si el Plan ENIA demostró resultados exitosos en poco tiempo, ¿qué sentido tiene sacarlo?. “En un momento en que lo público está tan bastardeado, dar cuenta de las políticas públicas que efectivamente funcionan y son necesarias es clave”, concluye Fulco.
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