Para Córdoba, Ecogas pidió un aumento promedio del 190%

La Nación confirmó que desde febrero y hasta abril se comenzarán a retirar los subsidios a la energía en todo el país. Así lo comunicó el lunes pasado el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien dijo que la quita se efectivizará en tres tramos de 33 puntos porcentuales en cada mes.

En Córdoba, Ecogas pidió recomponer sus tarifas e indexarlas por la inflación mayorista. De este modo, aunque todavía no está confirmado el volumen de los aumentos que el Gobierno les autorizará a las licenciatarias de todo el sistema energético, lo concreto es que se producirán fuertes aumentos en las boletas cuando lleguen los consumos de febrero, marzo y abril. Finalmente, en los consumos de mayo ya se pagará un precio pleno.

Chirillo también adelantó que a partir de abril habrá cambios en el sistema de segmentación actual (los niveles N1, N2 y N3) de acuerdo con los ingresos de todo el grupo conviviente y no sólo de quien tiene a su nombre el servicio. El objetivo final del Gobierno nacional es bajar el gasto público mediante una reducción sustancial de las transferencias del estado a los bolsillos de los usuarios.

Por otro lado, el secretario destacó en la Audiencia Pública convocada de manera virtual por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que “el sistema energético actual se encuentra con una balanza comercial deficitaria de US$ 30.000 millones en los últimos diez años”. Respecto a Córdoba, la Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas, y que además distribuye en Catamarca y La Rioja), solicitó en la audiencia una suba de 449% en el área de concesión, con un impacto promedio en la tarifa del 190%.

La directiva explicó que la factura promedio actual de los usuarios residenciales está en alrededor de $4.500 mensuales, “cifra que representa solo el 1,1% de la Canasta Básica que mide el Indec”, aseguró. En ese sentido, comentó que el impacto final en las facturas de Centro será, en promedio, de $ 5.000.

En el mismo pedido, Ecogas aclara que son “tarifas de transición” hasta tanto se reorganice el sistema. Ante este panorama y de acuerdo a lo anticipado por el portal el Cronista, las asociaciones de defensa del consumidor ya se preparan para dar la batalla ante la Justicia, con la intención de conseguir, como en 2016, que la Corte Suprema frene los aumentos e imponga criterios de mayor gradualidad aún.