La Fiscalía de San Cristóbal deberá investigar la intoxicación de 21 personas con plomo en Ceres

La resolución dio por terminado un conflicto de competencia que surgió a partir de que el entonces juez federal subrogante de Rafaela, Reinaldo Rodríguez, declaró la incompetencia del caso ya que, en su momento, el fiscal Gustavo Onel, pareció que a lo largo de la investigación no se detectó una afectación de un recurso interjurisdiccional por lo que la intoxicación quedó circunscripta al predio de la ex fabrica Nesaglo.
La causa fue girada hacia la Fiscalía de San Cristóbal y quedó a cargo de la fiscal Silvina Verney, la cual tras analizar las evidencias rechazó intervenir en la investigación y con el aval del juez Gabriel Peralta, devolvió el expediente al Juzgado federal de Rafaela en junio del 2022.

Para destrabar el conflicto, el caso tuvo que ser girado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, un año y cinco meses después resolvió otorgarle la intervención a la Fiscalía de San Cristóbal y que los nueve cuerpos que tiene el expediente sean tramitados en la Justicia provincial.

“Se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado de la Circunscripción Judicial N° 5 de San Cristóbal, Provincia de Santa Fe, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Federal de Rafaela”, indicó la resolución de la Corte que lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fernando Rosenkrantz.

Cronología del caso 

El caso se hizo conocido en 2021 tras la muerte de la niña Xiomara Crespin, de tres años, que tras intoxicarse con plomo debió ser trasladada desde Ceres hasta el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe. La pequeña murió el 6 enero del 2021 por el alto índice de envenenamiento que presentaba en su cuerpo. Según los exámenes médicos presentaba 1,98 gramos de plomo en sangre cuando los valores normales pueden llegar hasta 0,3 gramos.
Junto a la menor también fueron internados en el efector provincial otros tres niños por tener síntomas similares. Todos, según establecieron los informes de laboratorio que fueron incorporados a la causa, presentaban en sus cuerpos considerables cantidades de plomo: 0,48 gr; 0,82 gr; y 0,23 gr. Productos de esos ingresos la Justicia inició una investigación que determinó que los menores intoxicados formaban parte de grupos familiares que supieron ocupar ilegalmente el predio de la ex fábrica de baterías que se encontraba abandonada desde el 2017 tras cerrar sus puertas.
Semanas después de conocerse el caso, el fiscal Gustavo Onel, provisoriamente a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, inició una investigación de oficio y el 4 de febrero del mismo año, se dispuso la clausura, con por personal de la Gendarmería Nacional, del predio que había sido ocupado.
En paralelo, la Municipalidad de Ceres sacó un decreto en donde declaró al predio de la ex fábrica como "zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario".
La pericia reveló que la mayor presencia de plomo no se encontraba en el agua sino en las paredes y plantas del predio. “Si bien la ingesta de agua contaminada con plomo es una de las vías de entrada al organismo (humano) de este metal, esta no es la única; ya que también se puede tomar al aire como un vehículo para la contaminación”, destacó el informe. Según determinaron los peritos, ese vehículo para la contaminación posibilitó a que el plomo se impregne en edificaciones y vegetales que luego fueron tocadas por los ocupantes del predio. Por esa razón, creen los investigadores, la intoxicación de los menores y adultos fue producto de la “inhalación y contacto físico”.

Procesamiento y falta de mérito

Un año después del inicio de la investigación, el Juzgado federal de Rafaela cambió de juez y quedó a cargo de Marcelo Bailaque que luego de analizar las pruebas recolectadas por el fiscal Onel tomó dos decisiones trascendentales en la causa.

Por un lado, procesó a  Norma Inés Orellano  (59), quien en los papeles figuraba como la titular de la fábrica cuando cerraron sus puertas. Según el juez la mujer habría infringido la ley 24.051 que regula el tratamiento de los residuos peligrosos que generan las empresas.

Mientras que, por otro lado, dictó la falta de mérito para la Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, Mónica Mabel Ucero, que fue acusada de haber permitido “por inobservancia” la  contaminación . con plomo de la firma Nesaglo SA ubicada en Tucumán y Larrea de Ceres