Una semana en la presidencia le bastaría, por ejemplo, para forzar el arancelamiento universitario, facilitar el libre acceso a armas de fuego y recortar salarios y jubilaciones. No necesitaría más.
Pais18/09/2023 Federico Dalponte
Se escucha a menudo y se repite tanto más. Javier Milei no podría hacer tal o cual cosa porque no tiene apoyo del Congreso, o porque lo impide la Constitución, o porque equis. Suena como un mantra, como una cuestión de fe. Como si dejarlo llegar a la Casa Rosada no fuera finalmente tan peligroso.
Por caso: la Constitución consagra el derecho al salario mínimo y un presidente Milei no podría violentarlo. Pero podría, por ejemplo, eludir al Consejo del Salario y congelar de hecho su monto actual para que la inflación se lo devore, reduciéndolo a un valor nominal insignificante, referencia de nada. “El derecho al salario mínimo lo que genera es desempleo”, dijo el candidato un día después de las primarias.
Ese mantra absurdo soslaya entonces algo obvio: la estructura jurídica argentina admite recovecos, artilugios, puertas de salida para que un presidente tenga cierto margen. Como ejemplos recientes, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica o la exención del impuesto a las ganancias a nueve de cada diez trabajadores que estaban alcanzados. Ambas políticas, que hubiesen requerido aval del Congreso, fueron aplicadas directamente por el Poder Ejecutivo, sin más.
Así, para eliminar la indemnización por despido se requeriría una ley, para penar el aborto o privatizar la salud también. Pero para incidir en la vida cotidiana basta con menos, con meros decretos o decisiones ministeriales. Por ejemplo, la Ley 26.150 de educación sexual integral sólo podría cambiarse a través de otra ley, pero la definición de los lineamientos curriculares básicos son potestad del Ministerio de Educación.
En la misma línea, hay tantísimos otros ejemplos en la historia reciente, desde el otorgamiento de indultos a represores (1990) y la eliminación del servicio militar (1994) hasta la designación de jueces en la Corte Suprema (2015) y la privatización de la empresa pública Transener (2017). Todo hecho por decreto simple de un presidente, sin necesidad de rendir siquiera cuentas al Congreso.
Hay leyes que Javier Milei detesta: por ejemplo, la 26.737 que restringe la extranjerización de tierras y la 27.610 que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Ambas fueron mencionadas explícitamente por el candidato como objeto de reforma. Pero será difícil. Su posibilidad de éxito depende de un acuerdo amplio con Juntos por el Cambio en ambas cámaras del Congreso.
Lo urgente sin embargo no es eso, sino lo que podría suceder el 11 de diciembre, lo que podría él cambiar por mero decreto o decisión administrativa, lo que quedará al alcance de su mano si es presidente.
El trazo grueso indica que, en lo inmediato, podría continuar con la línea inaugurada por Mauricio Macri en diciembre de 2015 y rescindir todos los contratos temporales de los trabajadores estatales y hasta anular concursos recientes. Una política que supuso entonces una reducción del 18% de los puestos de trabajo y que hoy es consistente con la propuesta de eliminación de ministerios que defiende Milei.
El mismo primer día de su asunción, además, podría ordenar al Ministerio de Trabajo la suspensión de todas las homologaciones de acuerdos paritarios en trámite, según admite la Ley 14.250, y frenar así la actualización de los salarios. Eso haría que los aumentos sean voluntarios para las empresas y que, en definitiva, cada trabajador deba renegociar su sueldo de manera individual. Algo que huele dramático en caso de liberarse de modo abrupto el dólar como prometió Milei, pues sólo las paritarias y las subas de salarios por decreto podrían compensar los efectos de una devaluación así.
A eso deben sumarse, con particular preocupación, las consecuencias de una eventual desregulación del sistema bancario. Porque aunque no logre eliminar el Banco Central por ley como propuso, un recorte de sus funciones podría incidir en el funcionamiento del sistema financiero, que ya no tendría quién lo controle ni quién proteja los depósitos de los particulares.
Ese futuro distópico, con Milei de presidente, podría incluir además dos objetivos inmediatos que el candidato planteó con efusividad: la eliminación total de retenciones agropecuarias, según facultad prevista por el Código Aduanero, y la eliminación de toda publicidad oficial con el cierre de Télam como bandera, conforme Decreto 984/09.
El mismo día también podría dejar sin efecto –como prometió– todas las licitaciones de obra pública que se hallen en trámite, según admite la Ley 13.064, frenando así la construcción de escuelas, hospitales, cloacas, etcétera, o la compra de todo material que el presidente juzgue no indispensable, como equipamiento de ciencia y tecnología o libros de lectura para escuelas, como posibilita el Decreto 1.023/01.
En cambio, lo que la sociedad argentina sí podrá comprar son armas, cuya liberación es propuesta por Milei porque “aquellos Estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos”. Pues incluso si no lograra modificar la Ley 20.429 que regula su acceso, tendrá a su cargo el funcionamiento de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, el organismo encargado de certificar la aptitud psicofísica de los solicitantes y su idoneidad en el manejo de armas.
Por no hablar, claro, del manejo de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas por parte de Victoria Villarruel. En 2018, Macri permitió por decreto la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. En 2020, Alberto Fernández lo anuló. Pero todo quedó a punta de decreto. Una nueva decisión presidencial podría revertir el criterio actual. Algo preocupante si se repara, además, en que el punto 6 del apartado de seguridad de la plataforma electoral de La Libertad Avanza plantea como ideario “eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas” –defensa en juicio, presunción de inocencia, debido proceso, etcétera–.
Si eso es lo que puede suceder sin apoyo del Congreso, difícil imaginar hasta dónde llegaría con. Por eso es lógico que Milei haya propuesto diferir la política de mercantilización de la salud y la educación para una etapa posterior. Para eso necesitará ganar antes al menos una o dos elecciones legislativas. Algo bastante probable si lograra frenar la inflación, como sucedió ya entre 1991 y 1995, cuando la sociedad argentina premió la estabilidad nominal pese a que la desocupación llegaba al 17%.
En cualquier caso, lo cierto es que la inflación es, ante todo, una herramienta ideal para recortar ingresos. Y lo saben los economistas ortodoxos que rodean a Milei. Si la evolución de los precios continúa en los niveles actuales, basta con no homologar paritarias para licuar los salarios, eso está claro. Pero quienes perderían también por efecto contagio son los jubilados y los beneficiarios de asignaciones familiares, pues su actualización automática depende de la recaudación tributaria y del índice de salarios.
Quienes logren sostenerse podrán, no obstante, afrontar con sus propios bolsillos los aumentos de los servicios hasta ahora regulados, para cuya liberación no se requiere ley alguna, sino apenas una decisión ministerial. Será el caso, por ejemplo, del transporte público, de las tarifas de gas, agua, electricidad y de las prepagas, para las cuales Milei propone, en el punto 17 del apartado sobre salud de su plataforma, “que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar”.
En la misma línea, algo de particular interés podría suceder también con la ley de presupuesto. Dada la fragmentación política actual, es bastante improbable que la Argentina tenga un presupuesto aprobado para 2024, por lo cual se prorrogará de modo automático el del ejercicio actual, tal lo previsto por la Ley de Administración Financiera.
Ello producirá, como consecuencia de la inflación, un desajuste en el cálculo de las partidas para cada repartición estatal, dejando a criterio del Poder Ejecutivo su nueva distribución. Así, por ejemplo, las universidades nacionales deberán reclamar sí o sí auxilio presupuestario a un presidente que está convencido de la necesidad de arancelarlas. Inquieta pensar qué alternativas barajarán los rectores para afrontar un escenario así. Lo mismo para hospitales de dependencia nacional como el Garrahan o el Posadas, museos como el Bellas Artes, espacios culturales como la Biblioteca Nacional. Todos a merced de las reglas del mercado en que Milei confía mientras promete recortar gastos por el equivalente a 15 puntos del PBI.
En esa línea, los gobernadores no la tendrán más fácil. Si bien el plan que propone el candidato presidencial para eliminar la coparticipación requiere el voto del Congreso, el Ejecutivo tiene potestades de sobra para desfinanciar a las provincias: reducción de impuestos coparticipables, freno al plan federal de obra pública y eliminación de los aportes del tesoro nacional (ATN) y otras transferencias no automáticas (TNA).
Todo ello, que anunció y prometió Milei, podrá hacerlo sin reformar una sola ley. Alcanzará con su cargo, su firma y la voluntad de millones de votantes que, por acción u omisión, dejen que eso suceda.
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