La Justicia Federal de Córdoba falló a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para cobrar el aporte solidario y extraordinario a un empresario de nuestra provincia que había cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa aprobada en 2020 para morigerar los efectos de la pandemia de Covid-19.

El dictamen ordenó llevar adelante la ejecución sobre activos embargados del contribuyente por 37 millones de pesos. Se trata de un importante desarrollador inmobiliario cordobés que, luego de sancionada la ley 27.605 por el Congreso, presentó una declaración jurada determinativa respecto del aporte, con un monto a favor del organismo conducido por Carlos Castagneto de 47 millones de pesos.

Incluso, la persona llegó a abonar en efectivo una parte de ese saldo informado. Sin embargo, posteriormente realizó presentaciones en la Justicia Federal de Córdoba en contra de este pago por única vez que estaban obligadas a realizar las personas con alta capacidad contributiva.

Como tampoco integró el resto de la cifra que, según el propio contribuyente, le correspondía abonar acorde a sus activos, la AFIP inició un juicio de ejecución fiscal. En ese marco, recientemente el juzgado federal número 3 de la ciudad de Córdoba, rechazó los planteos del empresario y su pedido para levantar el embargo trabado por el organismo.

Asimismo, ordenó llevar adelante la ejecución por la deuda impositiva, las costas y los honorarios, por un total de 37 millones de pesos, mediante la inhibición general de sus bienes, que ya fue efectivizada ante el Registro General de la Provincia.

Como se recordará, el aporte solidario y extraordinario fue uno de los instrumentos impulsados por el gobierno nacional durante la emergencia sanitaria para ampliar y fortalecer las fuentes de financiamiento genuino del sector público.