Miguel Peiretti
A partir de la investigación con la participación de Asuntos Internos de la PFA, allanaron una vivienda de calle Paraná al 300 de Rafaela, donde residía el agente de Leonardo P. junto a otros efectivos y en el domicilio del efectivo en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En todos los casos se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y elementos de interés probatorio, que ahora analizan peritos especializados.
La denuncia —según trascendió— fue presentada por sus propios compañeros, quienes detectaron movimientos financieros sospechosos y posibles maniobras ilícitas. El oficial podría haber utilizado los datos de al menos diez policías para efectuar compras sin autorización.
De acuerdo a la investigación, el oficial habría robado identidades bancarias, y accedido a datos de tarjetas de crédito y débito de colegas, para realizar compras, pagos y transferencias sin ningún tipo de autorización.
El perjuicio económico sería millonario, y las víctimas no se limitarían al ámbito policial: también habría personas ajenas a la fuerza involucradas.
Mientras avanza el expediente, el fiscal Loyola también analiza presuntos hechos relacionados con drogas, surgidos tras el análisis inicial del material secuestrado. Por ahora, esta línea se mantiene en evaluación, pero no se descarta que se amplíe la imputación.
La imputación inicial es por estafas reiteradas, aunque no se descarta que aparezcan nuevos delitos conforme avance el análisis del material secuestrado.
Además trascendió que este caso podría derivar en otras presentaciones formales por otros temas relacionados con horas adicionales que brindan los agentes en edificios públicos.
