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En los últimos días una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunió con víctimas que estuvieron detenidos tras los incidentes por la reforma. Además, recibieron un petitorio de parte del Malón de la Paz, una organización compuesta por pueblos originarios.
Pais04/08/2023La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió hoy el debate por la creación de una Comisión Bicameral para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy, con la exposición de comuneros indígenas, abogados, docentes y víctimas de los avances represivos, quienes responsabilizaron al gobierno de Gerardo Morales por esos hechos.
El encuentro, que se desarrolló sin la presencia de los diputados de la oposición, fue presidido por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT), Paula Penacca, quien ratificó el compromiso del oficialismo de «acompañar las denuncias y de la Secretaría de Derechos Humanos ante organismos internacionales» ante la «represión brutal que se dio en Jujuy en el marco de la sanción de una nueva Constitución provincial».
«Vamos a necesitar el acompañamiento para que esta Cámara se ponga en sintonía con poder acompañar este proceso en Jujuy para que estén garantizados los derechos de todos y de todas. Seguiremos trabajando», aseveró Penacca al término de la reunión que se extendió por casi cuatro horas.
Julio César Maldivieso, referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy que marchó desde La Quiaca a Buenos Aires para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma, sostuvo que «no hemos tenido participación» en la reforma provincial, y dijo que «no sólo las comunidades indígenas nos movilizamos sino los trabajadores jujeños para defender los derechos de toda la ciudadanía jujeña contra la violencia institucional».
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por su parte, vía Zoom, pidió que «se termine la represión» a los pueblos originarios y a los docentes, y dijo que «lo que está haciendo Morales tiene que ver con los recursos y los bienes que no le pertenecen a él sino al pueblo: el litio, la megaminería, el medio ambiente. Hay que revertir esta situación. Morales no es el dueño de los recursos sino el pueblo».
“Lo que ha hecho el gobernador Gerardo Morales es violatorio de todos los derechos, no solo de la Constitución Nacional, sino del Convenio 169 de la OIT y de la misma declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios”, señaló.
El presidente de la Comisión Nacional por la Memoria de Buenos Aires y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos aseguró que la reforma constitucional “es ilegal”. También, remarcó que “los recursos y los bienes no le pertenecen a él (por Morales), sino al pueblo” y criticó los “Estados feudales”.
Armando Quispe, también referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy, denunció al gobierno de esa provincia «por no respetar los derechos vigentes» y aseguró que «el Estado provincial ha continuado con esta persecución, amenazas y armado de causas. Queremos que esta comisión haga una denuncia ante organismos internacionales. El gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, reprimir, tiene un tinte de carácter de racismo».
“No hemos sido consultados, no hemos tenido participación para esta reforma constitucional que nos tiene que representar a todos los jujeños”. En ese sentido, reclamó que “se cumpla la Constitución Nacional y con el Convenio 169 de la OIT que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas”.
A su vez, Liam Mijael Lamas, víctima de la represión en Jujuy, un joven de 17 años que perdió un ojo durante la represión, ponderó “el reclamo de las comunidades y los docentes”, quienes “tienen un sueldo totalmente indigno”. “No es justo lo que está pasando, pedimos justicia y que esto no se vuelva a repetir”, expresó y reclamó que “el señor Gerardo Morales se acerque, como dice él, a dialogar con las comunidades, con los profesores, que vaya y dé la cara, que no mande a sus secuaces ni a la policía a reprimir”.
Lamas, pidió justicia «para que no se vuelva a repetir» y llamó a Morales que «se acerque a dialogar con las comunidades y que vaya y dé la cara, que no mande a sus secuaces ni a la policía a reprimir».
Olmos Desiderio, referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy, perteneciente a la comunidad indígena de Tilcara, rechazó la reforma de Morales y sostuvo se trata de una reforma «inconstitucional e ilegal», a la vez que advirtió que contempla «la privatización del agua, con la cual nos están condenando al exilio y desaparición como cultura».
La legisladora nacional de Jujuy y precandidata a senadora de Unión por la Patria (UxP), Leila Chaher, afirmó que esa provincia «es el caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer en el país. Lamento que no estén legisladores de la oposición para escuchar lo que se vive en la provincia», señaló y y dijo que «presentamos este proyecto para crear esta bicameral para investigar los abusos y violación de los derechos humanos. Estas denuncias las venimos presentando hace 8 años. Morales ha degradado las instituciones de una manera muy peligrosa».
Fernando Chiri, de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), afirmó que «llevamos 8 años sin manifestarnos» y afirmó que «vamos a seguir al lado de esta luchaEn el medio, “la reforma de la Constitución pasó de un momento a otro” y entonces se unieron más sindicatos junto a los pueblos originarios a protestar, “paralizando la provincia después de ocho años de no poder manifestarnos y salir a la calle”, resaltó. Alertó porque actualmente hay docentes con causas contravencionales y, por eso, subrayó que “esto no termina, esto sigue”, además de considerar que la reforma debe reverse “punto por punto”. y seguimos buscando recomposición salarial que corresponde. El pueblo es protagonista de su destino».
Asimismo, la diputada del FdT por Salta, Verónica Caliva, destacó que el proyecto de Chaher «es fundamental para poder investigar todas estas violaciones de derechos humanos que se están relatando», y adelantó que «ya está listo el proyecto para declarar de interés del Congreso al Tercer Malón por la Paz», así como «la creación de una comisión para abordar demandas históricas de las comunidades indígenas».
La integrante de Sadop, Marcela Cura, relató que «somos todos el mismo pueblo que estaba pidiendo lo mismo y terminamos pidiendo por esta reforma que se fue cocinando con muy poca claridad», y recordó que «llevábamos 8 años sin ingresar a la paritaria. Si bien hubo un acuerdo con la firma de un acta, una vez más no se llegó finalmente a ningún acuerdo. Seguimos marchando y reclamando».
“Días después empezó a circular un borrador de esa reforma que era totalmente informal. No solamente no había absolutamente nada de lo que habíamos propuesto y los puntos que resaltamos como positivos habían desaparecido”, contó y apuntó: “Esta reforma se fue cocinando en pocos días con muy poca claridad de lo que pasaba”.
También, vía Zoom, Orlando Carriqueo, referente indígena de la comunidad Mapuche Tehuelche de Río Negro, sostuvo que «venimos a plantear que la democracia no logra resaltar la composición social que tiene la Argentina» y sostuvo que «el derecho a la participación se enmarca dentro de los derechos que tenemos. Los pueblos indígenas no hemos logrado esa representación».
Por su lado, Joel Paredes, víctima de la represión en Humahuaca, pidió que Morales «se haga cargo y dé la cara y que se arregle esto pronto, Justicia para todos».
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