Ordenan a Nicaragua a liberar a Monseñor Rolando Álvarez Lagos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha notificado el día de hoy al Estado de Nicaragua la Resolución de Medidas Provisionales adoptada en favor de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, en la que ordenó su liberación inmediata.

Mundo 28/06/2023 Redacción Regionalisimo Redacción Regionalisimo
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En su Resolución, la Corte encontró que, con la detención de Monseñor Álvarez Lagos, se configuran una serie de factores de riesgo que imponen la adopción de Medidas Provisionales, ya que se encuentra en una situación de gravedad de que se consumen daños irreparables a su vida, salud e integridad personal.

Además, sostuvo que esta situación es agravada debido a que habría sido condenado a la “pérdida de derechos ciudadanos de carácter perpetuo y a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, lo que lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

Al respecto la Corte dispuso:

Requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal.
Requerir al Estado para que, mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata de Monseñor Álvarez Lagos, proceda a garantizar un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados. Esta orden no podrá ser utilizada para retrasar la liberación del beneficiario.
Incorporar las Medidas Provisionales otorgadas en la presente Resolución al Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, de manera que la situación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos quede comprendida dentro de ese asunto.
El Tribunal otorgó un plazo hasta el 7 de julio de 2023 para que el Estado de Nicaragua le informe sobre la situación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, a la luz de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión.

Encarcelado hasta 2049

Mons. Rolando Álvarez, de 56 años, es el primero arrestado, acusado, condenado y despojado de su nacionalidad, desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, fue condenado a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria" y fue despojado de su nacionalidad.

Monseñor Álvarez se negó a salir de Nicaragua para exiliarse en los Estados Unidos. Por ello, un tribunal nicaragüense lo condenó, al día siguiente de negarse a abordar un avión junto a otras 222 personas, sacerdotes, seminaristas, opositores políticos o simples críticos del régimen. Una sentencia leída por un juez de la Corte de Apelaciones calificó a monseñor Álvarez, de “traidor a la patria” condenándolo a permanecer en prisión hasta 2049.

El obispo de Matagalpa está acusado de “conspiración para atentar contra la integridad nacional y la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”. Se suponía que el juicio comenzaría el 15 de febrero, pero la sentencia llegó antes. Además del obispo, otros dos sacerdotes, Manuel García y José Urbina, del clero de la diócesis de Granada, siguen recluidos en las cárceles de Nicaragua.

Sacerdotes expulsados por "traidores a la patria"

En cambio, otros cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas acusados de "conspiración" y condenados a diez años de prisión ya llegaron a los Estados Unidos, donde deberán obtener un permiso de residencia por un período inicial de dos años. Las ocho personas se encuentran entre aquellas para las que la Corte de Apelaciones de Managua ordenó "la expulsión inmediata y efectiva por haber cometido actos que atentan contra la independencia, soberanía y libre determinación de los pueblos, por incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica". Los expulsados fueron declarados "traidores a la patria", sus "derechos ciudadanos suspendidos de por vida" y privados de la ciudadanía nicaragüense.

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