Continúa el 14º juicio al terrorismo de estado en Córdoba con la declaración de ocho testigos
La Justicia Federal está juzgando a siete imputados, en su mayoría a ex personal de la D2, por delitos contra siete sobrevivientes y siete desaparecidos.
Los cuatro acusados formaban parte de una organización denominada “Compañía de Reserva Mohamed Ali Seineldin”, que operaba sin autorización del Ejército. El grupo captó a varias personas. Cobraba una cuota mensual por pertenencia y para recibir entrenamiento militar
Sucesos 08/05/2023 Redacción Regionalisimo(ComercioyJusticia) El fiscal general Maximiliano Hairabedian le solicitó al Tribunal Oral Federal Número 2 la imposición de penas de hasta 7 años de prisión para cuatro hombres que integraban una asociación ilícita de tipo paramilitar.
Los acusados formaban parte de la organización denominada Compañía de Reserva Mohamed Ali Seineldin.
Funcionaba sin autorización del Ejército y logró captar a varias personas de buena fe, a quienes sus miembros les hacían creer que eran un grupo legal y les cobraban una cuota mensual para pertenecer y recibir entrenamiento militar.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) reclamó 7 años de prisión para Martín Eloy Browne, como jefe y organizador de la banda, por falsificación de documento público agravado por ser de las fuerzas armadas y por tenencia ilegal de armas.
Además, solicitó que se declare su reincidencia porque tiene una condena previa.
En tanto, requirió 5 años y 6 meses de prisión para Adán Myszkozky, también como organizador, y 4 años para Luis Galván, como miembro y responsable de falsificación de documento público agravado. La misma pena solicitó para Federico Kores, como miembro de asociación ilícita y uso de documento falso.
En los casos de Myszkosky, Kores y Galván Hairabedian tuvo en cuenta como agravante sus ideas antisemitas y simpatías por el nazismo; ello así, porque al estar asociados a una organización de tipo paramilitar ese ideario elevó el riesgo de afectación al orden público.
El caso comenzó a instruirse a partir de una denuncia formulada el 23 de abril de 2018 por el general de Brigada Alberto Esteban Sigón, comandante de la 2da División del Ejército Argentino.
En su presentación, Sigón afirmó que individuos no autorizados por el Ejército, autotitulándose reservistas y arrogándose títulos y honores no concedidos formalmente, emitieron credenciales apócrifas en nombre de aquél y del Ministerio de Defensa, organizado a ciudadanos en tal calidad.
De acuerdo a la acusación, Browne -en carácter de jefe de compañía y auto proclamándose capitán-, secundado por Myszkozky y los demás imputados ostentaron indebidas jerarquías militares.
Indicó que, para ello, se asociaron y conformaron un grupo armado y de tipo castrense destinado a cometer delitos que actuaba bajo el nombre Compañía de Reserva Coronel Mohamad Alí Seineldin, que NO estaba autorizada a funcionar como tal.
Precisó además que la organización engrosó sus filas a partir del reclutamiento de ciudadanos en Córdoba y de Buenos Aires bajo la engañosa promesa de lograr el carácter de reservista y ascensos rápidos sin demasiados requisitos en el escalafón del Ejército; que los postulantes se incorporaron al grupo pagando una suma mensual y que debían contribuir económicamente para la realización de supuestas prácticas militares.
Según se estableció en el proceso, una de ellas se llevó a cabo en un predio cercano a la localidad de Camilo Aldao, en el Centro Recreativo de Empleados de Comercio, y los asistentes recibieron certificaciones y credenciales apócrifas.
En la investigación se acreditó que tanto los reclutados como los encargados de la compañía se presentaban en sociedad con uniformes militares y ostentando simbología y graduaciones falsas.
Asimismo, se probó que los ahora penados pretendieron la entrega de una suma de dinero por parte de reclutados bajo el pretexto de otorgamiento de una tarjeta de crédito con beneficios.
Paralelamente, se detectó que Browne era titular de una organización no gubernamental en la localidad bonaerense de Bella Vista, desde donde también captaba fondos.
El fiscal detalló que en la estructura de la organización Browne ostentaba un título falso de capitán y que era el “superior” al mando, y que luego suyo se posicionaron los demás imputados, quienes cumplían distintas funciones, a saber: de administración, de reclutamiento y de entrenamiento táctico y militar.
Expuso que también hacían tareas de inteligencia, que emitían documentación y que recopilaban información.
A partir de la denuncia se hicieron allanamientos en los domicilios de los acusados, de donde se incautó una gran cantidad de documentación apócrifa, credenciales falsas y, en el caso de Browne, una pistola 9 milímetros con cargador y cartuchos con municiones, además de carpetas y legajos con registros de los integrantes y ex integrantes de la “compañía”.
La Justicia Federal está juzgando a siete imputados, en su mayoría a ex personal de la D2, por delitos contra siete sobrevivientes y siete desaparecidos.
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