La presión popular logró frenar la reforma antidemocrática de Benjamín Netanyahu

Israel enfrenta una grave crisis política con protestas en todo el país contra las reformas impulsadas por la coalición de gobierno para debilitar el sistema judicial y concentrar el poder en la figura de Benjamín Netanyahu.  El rechazo a las polémicas iniciativas del primer ministro y sus aliados de ultraderecha y ultraortodoxos no sólo provenían de sectores de izquierda o progresistas, con masivas movilizaciones y el llamado a una huelga general para este lunes 27 de marzo. Al respaldo de un grupo militares jerárquicos a la declaración en rebeldía de numerosos reservistas del ejército, en las últimas horas se sumó la salida del ministro de Defensa, Yoav Galant.  

A esta altura no parecen haber exagerado los críticos del sistema político israelí que hablaban de un auto golpe de Estado, el camino hacia la instauración una dictadura e incluso una escalada violenta. En este contexto es que el primer ministro israelí anunció una pausa para dar tiempo a un “diálogo auténtico” para evitar una “guerra civil”.

La joven nación de Medio Oriente atraviesa una importante crisis institucional hace al menos cuatro años. Desde entonces, hubo varias las elecciones, disoluciones del Knéset (su Parlamento) e intentos frustrados para formar coaliciones de gobierno. El año pasado las turbulencias institucionales parecían haberse desinflado cuando Netanyahu -líder del conservador Likud- volvió al poder gracias al respaldo de dos partidos ultraortodoxos y tres de ultraderecha. 

Desde entonces, el primer ministro tiene una sola obsesión, la de eludir las acusaciones y causas de corrupción que hace años pesan sobre él, las mismas que lo eyectaron del cargo en abril de 2019. Ese es el telón de fondo de los actuales proyectos para maniatar la Justicia y blindar su magistratura, a lo que se suma un renovado impulso conservador de sus aliados coyunturales. “Quieren imponer un comité de elección de jueces de la Corte Suprema en el que tenga mayoría el Parlamento que hoy controlan”, explicó días atrás Pablo Gorodneff, secretario general del Llamamiento Argentino Judío, organización que pretende representar a sectores progresistas de la comunidad en nuestro país. 

Este ataque contra el Tribunal Supremo se explica por la potestad que este detenta para revisar judicialmente la legislación e intervenir en las decisiones gubernamentales que violan los derechos humanos de minorías (como los solicitantes de asilo, propietarios de tierra palestinos en Cisjordania o un colectivo LGBTIQ+ que cosecha desprecio por parte de aquellos sectores ultraortodoxos que hoy están en el poder).   

Sin embargo, en caso de aprobarse estas reformas, no sólo se trataría de un retroceso democrático para los ciudadanos y residentes israelíes. “Una cosa es ser judío, otra sionista y otra israelí, pero uno no puede dejar de reconocer la relación que existe entre lo que pasa en Israel y las comunidades judías en otras partes del mundo”, afirmó en diálogo con Canal Abierto. 

“Sostener una ocupación y convertirse en un Estado opresor, pese a haber sido un pueblo que históricamente sufrió la opresión, y creer que esto no va a influir en la política interna del país, es una fantasía pueril”, analizó Gorodneff, y agregó: “la ocupación y los sucesos de la guerra han hecho que los sectores más fundamentalistas de ambos lados hayan sido los triunfadores; para plantearlo de manera concreta, ¿qué es lo peor del muro que divide a palestinos de israelíes? Lo peor es que funcionó”.   

Consultado sobre los posibles desenlaces de esta crisis, al momento de la entrevista el analista confíaba en que una continuidad de las protestas pospusiera el tratamiento de la reforma judicial e incluso forzara “un quiebre en la coalición de gobierno”. En efecto, este domingo la oficina de Netanyahu anunció la destitución de Yoav Gallant en un comunicado de una sola línea, después de que este se convirtiera en el primer miembro del gabinete en pedir una pausa en los controvertidos planes de reforma.  

En Israel todos dan por descontado que en caso de que se aprueben los proyectos, la Corte las impugnaría. Lo cierto es que, ante el mismo supuesto, la propia legislación permitiría al Ejecutivo ignorar la resolución judicial.    

Por el momento, la economía ya empezó a sentir los efectos ante semejante incertidumbre. Sin ir más lejos, el shekel–la moneda local- se depreció en febrero casi un 6% frente al dólar estadounidense, su valor más bajo en tres años. En particular, el sector tecnológico y de startups -representa un 15% del PIB israelí, un 10% de su fuerza de trabajo y la mitad de sus exportaciones- ya planteó su temor de que un debilitamiento del sistema judicial ponga en riesgo la propiedad intelectual, una de las piedras basales para esta industria.