¿La justicia más justa?

(APe).- “¿Crees que la Justicia empieza a ser más justa?”, dice el locutor de una FM al mediodía, en referencia a la sentencia de cadena perpetua para cinco de los ocho jóvenes que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa. “Dejanos tu mensaje, comentando por sí o por no y por qué”.
Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi fueron sentenciados a prisión perpetua y Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron condenados a quince años de prisión, después de un juicio hiper mediatizado gracias al histrionismo de Fernando Burlando, defensor de la causa.
Con la inmediatez de la agenda, las noticias y las redes replicaron memes y pedidos para que, además de pudrirse en la cárcel, a los condenados se los expusiera a la peor de las vejaciones. Se viralizaron los pedidos de violación y las cámaras de tevé se instalaron en la puerta del penal, como nunca lo hacen cuando las condiciones de hacinamiento devienen motines y los detenidos mueren como moscas por los incendios o la situación habitacional. Se calcula que, en la provincia de Buenos Aires, las cárceles tienen una capacidad nominal para cerca de 30 mil detenidos. Hoy, superan los 52 mil, de acuerdo con datos oficiales. Esas son las condiciones de vida con las que se espera que, quienes se ven privados de su libertad, se preparen para volver a reinsertarse y convivir en sociedad.
Con las horas, el conejo punitivista salió de la galera mágica de las distintas facciones partidarias que, como parte de la ilusoria victoria de la Justicia, completaron el truco con las banderas de reforma judicial, mano dura, más cárceles, baja de la edad de imputabilidad y cuanta tendencia inquisitoria pudiera reaparecer.
“Se aplicó un castigo ejemplar”, rezan los medios que entrevistan a Fernando Burlando, abogado defensor de la familia de Fernando; el mismo que, también en nombre de la justicia, defendió otrora a los asesinos de José Luis Cabezas y declaró a favor de la tenencia de armas: “No dudaría en matar”, dijo consultado aquella vez.
“¿Es la justicia más justa?” repite el locutor en la radio y se replican los mensajes de los oyentes que sostienen que “el que mata tendría que morir y tiene que haber pena de muerte”. Y es que, con la violencia sazonando el caldo de la indignación social, hace rato que la “Justicia” devino distribución de penas -para ciertos delincuentes- y las causas penales, expedientes cuyos actores cobran vida de acuerdo con su funcionalidad.
Los asesinos de Fernando Báez Sosa son, para el relato de los medios de comunicación, estereotipos funcionales noticiables. No usan visera ni llantas, no reciben subsidios por la falta de oportunidades que, desde el discurso, la progresía hoy señala que todxs tenemos. No portaron armas a los 15 años, ni pasaron por reformatorios, no tuvieron que salir a pedir dinero para comer, ni robaron a cuchillazos, ni vienen de un barrio de esos a los que el GPS cataloga como “peligroso”. No sería concebible que hayan asesinado, no son pibes que puedan pasar al anonimato fácilmente, como cuando la policía cada veinte horas los fusila por la espalda.
Su capital social y económico los posiciona entre quienes pueden acomodarse, como en la vida misma, para sortear una justicia “eficaz”: las cuentas bancarias de sus padres bien podrían haber comprado su libertad. Es por eso que, dada la notoriedad del caso; por su crueldad inusitada y por la masificación que alcanzó; pasaron a ser noticia las veinticuatro horas del día, para ser ejemplares predilectos de una justicia que es postulada como “ejemplar”. Una justicia que vocifera a los cuatro vientos que los asesinos de Fernando Báez Sosa son la excepción a la regla de una clase que recibe los castigos, como puede evidenciarse en la sentencia, en igualdad de condiciones.
Y en esa falaz igualdad de condiciones, esa condena “ejemplar” -tradición heredada de la concepción católica de castigo, que hoy muchos festejan -porque “sin perpetua no hay justicia”- será la misma aplicada como norma para todos aquellos otros pibes que, sin ser una excepción a la regla sino más bien un error marginal del sistema, engrosan el ejército de jóvenes que pueblan las cárceles de nuestro país. Cárceles pobladas de pibes que crecen en contextos de vulnerabilidad, abandonados a su suerte, desprotegidos por sus familias, herederas de los mismos destratos sistémicos, reproducidos por generaciones. Pibes y pibas invisibilizados y desoídos, en todas las instancias del proceso de sociabilización.
Esta misma semana asistimos al alegato por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado por su madre y su pareja, después de que su dolor fuera invisibilizado por médicos, maestros, abogados, jueces, fiscales, asistentes sociales. Todas las instituciones cuya función era la de contenerlo y protegerlo fallaron. Pero ¿qué hay de los Lucios que sí sobreviven? No todos pueden enarbolar el largo vía crucis de sus cortas vidas y hacer algo bueno de ellas sin la ayuda necesaria y es entonces cuando las mismas instituciones que se ausentan toda vez que vivir se convierte para las niñeces en un deporte de riesgo, aparecen a la hora de condenarlos, por no haber hecho lo suficiente para vivir en libertad en una sociedad que parece haberles dictado la condena desde el mismo momento en que nacieron.
Cárceles donde las condiciones de vida violan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Rejas, cemento y ladrillos para pibes que, habiendo nacido en los márgenes, serán definitivamente condenados a ellos.
“¿Es la justicia más justa?” repite el locutor, desconociendo acaso las consecuencias de la condena a los asesinos de Fernando Báez Sosa. Quizás realmente lleve alivio a su familia, ojalá así sea. Pero, en la pretensión del castigo ejemplar hoy vitoreada se esconde el determinismo al que se condenará con cadena perpetua, ahora por norma, a quienes, sin ser noticiables, pasarán al anonimato invisibilizados, esta vez por esa “justicia más justa” y esas instituciones que, en lugar de garantizar infancias sanas y libres, cementa los primeros ladrillos para invisibilizarlas detrás de los muros de la indiferencia y la desigualdad.