La trata de personas en Argentina: Uno de los negocios delictivos más rentables

Sociedad 28 de enero de 2023 Por Ayelén Goñi
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 2022 fueron rescatadas más de 900 personas de las redes de trata en el país. Sin embargo, organizaciones civiles y de Derechos Humanos denuncian la ausencia estatal. 
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Entre enero y octubre de este año, 971 personas fueron rescatadas de regímenes de explotación vinculados con las redes de trata, un crimen que se ubica en el tercer lugar de “los negocios delictivos más rentables”, después del tráfico de armas y el narcotráfico. Según el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la cantidad de víctimas registradas en la Argentina suma un total de 18.282 en los últimos 14 años.

Dentro de la cifra oficial publicada sobre el año que terminó (no contempla las de organismos no gubernamentales u otras situaciones) 427 personas se identificaron como hombres, 538 como mujeres y 6 trans, 47 son menores de edad. En cuanto a las nacionalidades comprometidas, 727 son argentinas y 244 extranjeras. Y los operativos de rescate se realizaron en 20 provincias, pero sólo en Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza y Corrientes se asistió a 732 personas. 

Si bien en el plano internacional, Argentina está catalogada como país de origen, tránsito y destino de este delito, es decir que las redes captan dentro del territorio nacional a las víctimas, las trasladan y explotan fuera de él y operan de igual modo. Pero al revés, la pandemia por Covid-19 fortaleció la “trata interna” entre provincias y dentro de las fronteras de las distintas jurisdicciones.

Nuevas pero conocidas modalidades de trata

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la trata como la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas” con fines de explotación por medio de la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción que implican rapto o engaño a personas que, en su mayoría, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. 

Estas vulnerabilidades se acentúan en los escenarios donde la desigualdad social es creciente a puntos de ser extrema. La falta de oportunidades laborales y medios de subsistencia en sintonía con la impunidad con la operan las redes de trata a nivel mundial proporcionan un terreno fértil para los negocios de los tratantes que cuentan con los lazos políticos y económicos necesarios para adecuar sus negocios.  

Las redes delictivas supieron cómo adaptar y aplicar el sometimiento humano mediante distintos mecanismos. Por eso, en los últimos años casos vinculados a sectas filosóficas o religiosas, que ejercen mecanismos de manipulación sobre sus víctimas con la finalidad de reducción a la servidumbre y explotación sexual, como así algunas de las causas judiciales por narcotráfico que recaen sobre personas que son utilizadas para el transporte de estupefacientes, llamadas comúnmente “mulas”, se perfilan en la línea de investigación de trata junto con las modalidades más reconocibles socialmente. Algunas son la explotación sexual (en su mayoría de niñas, mujeres y trans en prostíbulos clandestinos o habilitados) y la explotación laboral de personas obligadas a realizar trabajos forzosos en los campos, talleres textiles, obras de construcción, mineras y petroleras.

“En cuanto a reducción a la servidumbre es lo más parecido que tenemos en el imaginario social como esclavitud porque, justamente, implica ser sierva o siervo de alguien que te dice lo que tenes que hacer”, dice Daniela Gasparini, Coordinadora de Capacitaciones del PNR.

En este contexto, según la información estadística publicada en octubre, la mayor parte de las víctimas rescatadas por el PNR se encontraban en ámbitos de explotación laboral, con predominancia de talleres textiles en zonas urbanas y campos de cosecha en zonas rurales, pese a que la mayoría de las denuncias y los allanamientos son de carácter de explotación sexual.

Dentro de los motivos por los que se da esta situación, Gasparini destaca que la laboral es un tipo de explotación que se identifica cada vez más como un delito de trata de personas y, por lo tanto, se incrementen las denuncias y a su vez, son espacios factibles para operar con mayores grupos de personas. 

“Cuando vas a un prostíbulo o un departamento privado donde explotan a mujeres y a trans, es menor la cantidad que en lo de explotación laboral, por eso son menos las víctimas rescatadas de explotación sexual que del laboral”, dice Gasparini en cuanto al motivo de las cifras oficiales.

Por otro lado, los medios virtuales, que son actualmente una de las vías más fuertes y activas de captación, requieren menos presencia física en un determinado lugar. “Hoy también hay explotación sexual virtual, hemos estado en allanamientos donde no entraban ni salían personas en situación de prostitución, en el lugar había sólo cámaras y un cuarto donde en determinado horario iba la persona que estaban explotando o lo hacían digitalmente”, explica Gasparini.

Cuestionamientos al Programa de Rescate

Argentina es reconocida mundialmente en materia de políticas de Estado destinadas a prevenir, combatir y erradicar el delito de trata con leyes como la 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas junto al ya mencionado PNR, que funciona desde el año 2008 y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

En paralelo, se habilitó la línea 145 para realizar denuncias vinculadas al delito de trata. La línea es oficial, nacional, anónima, gratuita y de acuerdo al PNR, las denuncias por ese medio son judicializadas, es decir que “tienen la misma validez que la denuncia en una comisaría”.

Sin embargo, algunas organizaciones sociales contra la trata y organismos de derechos humanos señalan que las cifras difundidas oficialmente no sólo no contemplan las de las personas que estas organizaciones rescatan y/o asisten, para las cuales, denuncian “no hay justicia”, sino que no además no son eficientes en términos de acompañamiento real.

“Cuando se muere una chica -muchas veces por suicidios-, el Estado está ausente. La Argentina tiene las mejores leyes contra la trata, tiene un Consejo Federal Contra la Trata, Rescate y Acompañamiento, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, pero no funciona ninguno. No nos reciben, no nos escuchan y menos a las víctimas”, dice Margarita Meira, fundadora de la organización Madres Víctimas de la Trata con sede en Constitución y mamá de Susana Becket, joven de 17 años que en 1991 desapareció en manos de las redes y la encontraron un año después asesinada en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el PNR sostienen que han trabajado en conjunto con esta organización y que el Estado sí realiza rescates y acompañamientos. “Si hay insuficiencias o dificultades en los recursos y demás, es otro tema, los rescates son números oficiales”, dice al respecto Gasparini y considera que hay que trabajar en conjunto “por el interés superior de la víctima”. 

Por su parte, Meira explica que las “insuficiencias” son determinantes para la recuperación de las personas que estuvieron sometidas a la esclavitud sexual: “A veces las acompañamos al Hospital Muñiz porque de la trata, si sobreviven, salen con secuelas psicológicas y enfermedades infecciosas, y están solas en los tratamientos, no reciben nada”. 

La Justicia Federal es la que otorga intervención al PRN ante casos de trata de personas. Estás intervenciones son mediante entrevistas e incluso en allanamientos y la finalidad del programa es “asistir” a las víctimas. Desde Madres Víctimas de Trata, advierten que, en muchas ocasiones, concluidos los allanamientos las “pibas quedan en la calle” y expuestas nuevamente a ser secuestradas por los proxenetas. 

“Por ley hay que denunciar en un juzgado, pero nosotros les decimos a las víctimas que nos llamen inmediatamente porque si lo dejamos a Rescate y Acompañamiento, y son presas nuevamente para la trata”, dice Meira. 

“Que nos llamen y nosotros vamos a acompañar y llevar los casos a la justicia, porque Rescate y Acompañamiento no acompaña en tribunales, no lleva los casos”, concluye.

Trata:  delito de lesa humanidad

Como parte de la lucha contra las organizaciones de explotación sexual, se busca que el delito sea considerado un crimen de lesa humanidad y que el Estado les otorgue indemnizaciones a las víctimas sobrevivientes por los daños irreversibles a los que fueron expuestas.

“Ya se votó en 2015 en el Senado, pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri lo archivó. Ahora, nuevamente, queremos que se apruebe, pero va a ser difícil”, sospecha Meira y explica que es complicado asistir a un encuentro de trata en el Senado de la Nación porque, en ocasiones anteriores, asistió junto a chicas que fueron explotadas sexualmente y algunas de ellas se vieron expuestas a sus violadores.

“Reconocen a sus violadores y a veces son altos funcionarios del gobierno, entonces sabemos que no se va a votar fácilmente”, reflexiona y da cuenta de que la problemática de la trata conserva la magnitud que la caracteriza por estar directamente amparada por el poder político. 

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