Ex Intendente de Ceres y otros funcionarios irán a juicio por corrupción

(ElLitoral) El mes pasado, el juez penal de San Cristóbal, Juan Gabriel Peralta, firmó el auto de apertura a juicio contra los exfuncionarios Camilo Enzo Busquets, Lucas Sebastián Cañete y Betiana Soledad Godoy, una resolución que dejó la causa lista para el debate. Ahora sólo falta que la Oficina de Gestión Judicial defina la integración del tribunal pluripersonal y fije la fecha de inicio.
En paralelo, y ya con la acusación firme, los tres imputados dieron un paso clave: cambiaron a sus defensores. Hasta entonces asistidos por la Defensa Pública, designaron como abogados particulares a Pablo Mosconi y Rafael Juárez.
 Los referentes del estudio Mitre Asesores Jurídicos, asumieron formalmente el patrocinio el 6 de noviembre, después de que la Cámara Penal de Rafaela confirmara la resolución de primera instancia que desestimó los planteos defensivos.
El giro en la estrategia legal llega en un contexto procesal que se volvió irreversible desde el 1º de septiembre de 2025, cuando el camarista rafaelino Matías Drivet rechazó in limine los agravios presentados por los imputados y ratificó lo decidido por el juez Peralta el 20 de mayo de 2025. Aquella resolución confirmó la validez de la acusación y despejó el camino hacia el juicio.

Alta complejidad

La investigación reúne catorce hechos atribuidos a la gestión municipal encabezada por Busquets, quien gobernó Ceres entre 2003 y 2019, período en el que Godoy y Cañete fueron sus exsecretarios de Hacienda.
Según la imputación del fiscal de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional Nº 5, Guillermo Loyola, se habrían cometido maniobras de malversación de caudales públicos agravada, fraude a la administración, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros delitos.
A la acusación fiscal se plegó como parte querellante el abogado santafesino Ignacio Alfonso Garrone, quien representa a la Municipalidad de Ceres, actualmente a cargo de la intendente Alejandra Dupouy, que será testigo en el juicio.
Fiscalía y querella señalan, entre los hechos más relevantes, el presunto desvío de subsidios provinciales, la falta de depósito de aportes sindicales retenidos a empleados municipales, la omisión deliberada de deudas en el informe de traspaso de gestión en 2019 y la adjudicación indebida de obras públicas.
También pesan cargos por aceptación ilegal de cargo y abuso de autoridad, a raíz de designaciones irregulares dentro del municipio.
La resolución de apertura de juicio firmada en octubre pasado incluye un extenso listado de testimoniales y pruebas documentales ofrecidas por las partes, que serán debatidas en la etapa oral.

Los agravios rechazados

En su fallo del 1º de septiembre, el camarista Drivet analizó uno por uno los argumentos elevados por la defensa pública -entonces emprendida por los Dres. Aníbal Caula y Adrián Rocca-, y concluyó que ninguno justificaba frenar el avance hacia el juicio.
El primer punto cuestionado había sido la negativa a otorgar la suspensión del proceso a prueba. Las defensas pretendían acceder a este mecanismo alternativo, pero el fiscal interviniente se opuso.
Para Drivet, dicha oposición fue “razonable y fundada”, especialmente por la naturaleza de los delitos –vinculados a corrupción estatal– y por los estándares internacionales contenidos en la Ley 26.097 y la Ley 24.759. En el caso de Godoy, además, el camarista señaló que ni siquiera había existido un ofrecimiento reparatorio que permitiera evaluar el beneficio.

El segundo agravio apuntaba a la supuesta prescripción de algunos de los hechos. Sin embargo, Drivet ratificó la posición del Ministerio Público Fiscal y consideró acreditado que la citación a audiencia imputativa –acto interruptivo según la normativa penal– estaba debidamente probada.
Incluso evaluó especialmente el hecho 14, vinculado a un nombramiento irregular de 2011: allí destacó que uno de los imputados era “el máximo funcionario local” y que la pesquisa se inició a partir de una auditoría posterior al cambio de gestión, escenario en el que podían haber existido factores que demoraran el avance del expediente. Por ello, descartó la prescripción total o parcial.
El tercer planteo se centraba en la presunta violación del plazo razonable, dado que la investigación lleva ya varios años. Para Drivet, el caso “carecía del desarrollo argumental mínimo” para avalar la queja.
Recordó que los imputados transitaron todo el proceso en libertad, manteniendo sus actividades laborales e incluso cargos públicos. Sumó a ello la complejidad objetiva del expediente, con catorce hechos autónomos y pluralidad de imputaciones. Así, calificó el tiempo trascurrido como “lógico y racional” dadas las características del caso.

Camino al debate

Tras el revés en Cámara, la defensa tomó otro rumbo. Mosconi y Juárez, ahora al frente de la estrategia, trabajan sobre un expediente voluminoso que ya superó todas las instancias preliminares.
En Ceres y San Cristóbal, el avance del caso mantiene expectantes a actores políticos, empleados municipales y vecinos, que esperan un debate donde por primera vez se ventilarán públicamente los detalles de la gestión cuestionada.
Con la acusación ratificada en todas sus partes y la etapa instructoria cerrada, la definición de la fecha del juicio depende exclusivamente de cuestiones administrativas de la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal. Una vez integrado el tribunal –que será pluripersonal–, las partes serán convocadas para organizar el cronograma del debate.
Mientras tanto, los tres exfuncionarios se preparan para afrontar un juicio que podría convertirse en uno de los más relevantes de los últimos años en la región, no sólo por la cantidad de hechos en juego, sino también por el impacto institucional que podría tener sobre la administración pública local.