Citan al directorio de Vicentin para ampliar la imputación, ahora por asociación ilícita

El fiscal de la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional Rosario Miguel Moreno convocó para el próximo 21 de diciembre al directorio del conglomerado empresario Vicentin para ampliar la imputación por el supuesto vaciamiento irregular a asociación ilícita.

Los directivos, entre quienes se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Scarel y Miguel Vallazza, ya están imputados por defraudación y presentación de balances falsos.

La imputación puede extenderse a la consultora internacional KPMG, sospechada de intervenir en la confección de un balance cuestionado, informó la agencia Noticias Argentinas.

La investigación apunta también a otras cuatro empresas de naturaleza mixta (parte pertenecen a Vicentin y parte a otros inversores): Río Primero, Terminal Puerto Rosario, Tifferol y Buyanor.

El fiscal decidió avanzar con la imputación al mismo tiempo que la Corte Suprema provincial le devolviera el expediente de la convocatoria de acreedores al juez de Reconquista Fabián Lorenzini, con una serie de recomendaciones para la continuidad de la tramitación.

El máximo tribunal le recomendó al juez del concurso “extrema prudencia para ponderar la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal”.

Lorenzini se aprestaba a aprobar una propuesta de pago de Vicentin a sus acreedores que se debía financiar con la venta de acciones de las empresas que integran el grupo, según diversos trascendidos.

Pero ello está frenado por medidas cautelares ordenadas en el marco del proceso penal, justamente para evitar una eventual defraudación en perjuicio de los acreedores.

La Corte se anticipó a un conflicto entre jueces de distintos fueros y determinó que Lorenzini no puede decidir en contradicción con las medidas cautelares dictadas en sede penal.

La Corte provincial ordenó “brindar seguridad y transparencia a todos los involucrados y, a través de ello, incrementar la confianza en el Poder Judicial de Santa Fe”.