Al trigo HB4 se lo publicita como un diseño transgénico resistente a la sequía y un avance promisorio de la ciencia argentina, pero se oculta que en realidad se trata de un nuevo paquete tecnológico con uso de agrotóxicos. Efectivamente, es un evento desarrollado para resistir al glufosinato de amonio, herbicida restringido desde el año 2013 en la Unión Europea por las consecuencias dañinas que tiene para la salud. En tanto su uso deja en la tierra y en los alimentos rastros suficientes para generar daños en el sistema nervioso humano, así como alarmantes deterioros ambientales, como demuestran diversos estudios científicos.

Se avanza de espaldas a la opinión pública y sin cumplir con el art. 41 de la Constitución Nacional, ni con la Ley General del Ambiente Nro. 25675, ni con la Ley Nacional Nro. 27.5661 sobre el derecho a la información, a la participación pública y a la justicia respecto a temas ambientales. Atendiendo a los eventuales efectos perjudiciales del trigo HB4 sobre el ambiente y la salud humana, su aprobación debería ser detenida y revertida cumpliendo con el elemental “Principio precautorio” hasta que se realicen de manera interdisciplinaria, transparente y pública las evaluaciones de impacto social y ambiental. No es aceptable que, en plena democracia, donde el acceso a la información debería guiar el debate público, este tipo de eventos se aprueben en un contexto de opacidad.

La Ley 27566 del Honorable Congreso de la Nación Argentina, tiene su anclaje en el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú. Por ello las denuncias y resistencias en torno a la aprobación y posterior producción del trigo transgénico, viola claramente la médula de este acuerdo hiriendo de gravedad a una democracia de baja intensidad.

En los últimos días, la ONG Naturaleza de Derechos, accedió al acta de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), órgano técnico consultor que emite su opinión sobre la seguridad ambiental dentro del proceso administrativo de aprobación de los órganos vegetales modificados genéticamente (OVGM) en la Argentina. En la misma queda demostrada que 11 miembros de los 42 que la integran en materia vegetal, aprobaron el documento decisión sobre la liberación comercial del Trigo Transgénico HB4 de la empresa INDEAR S.A., el 31 de marzo de 2016.

En una escueta esquela del acta de reunión, los miembros de la CONABIA que aprobaron el Trigo Transgénico señalaron: “en base a la evidencia disponible la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria y la Dirección de Biotecnología recomiendan dar por concluida satisfactoriamente la evaluación de la Segunda Fase de Trigo (Triticum aestivum L.) con el evento IND-00412-7 (OCDE), atendiendo a que los riesgos de bioseguridad derivados de la liberación de este OVGM en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes a los inherentes al cultivo de trigo no genéticamente modificado, conforme lo expresa el Documento de Decisión oportunamente producido. Los miembros presentes dan acuerdo y suscriben el citado documento, para su consideración por el Sr. secretario de Agregado de Valor.”

Acta de la CONABIA sobre el Trigo Transgénico:

Se trata de un documento que hasta hace días atrás era inaccesible. De él surgen las personas que con su firma recomendaron la aprobación de la liberación comercial del Trigo Transgénico HB4 en la Argentina, a saber:

Silvia Lede (CONICET), Guillermo Mentruyt (Asociación de Semilleros Argentinos – ASA), Silvia Passalaqcua (SENASA), Elba Pagano (INTA), Alejandro Tozzini (Asociación de Semilleros Argentinos – ASA), Borjn Welin (Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres), Ana Laura Vicario (INASE), Ricardo Fernández de Ullivarri (Chacra Santa Rosa), Mónica Pequeño Araujo (INASE), Carlos Alberto Cattaneo (secretaria de Ambiente de la Nación) y Claudio Robredo (Chacra Santa Rosa).

De los 11 miembros, 8 tienen fuertes vínculos del agronegocio conocidos o bien directamente son el agronegocio autorregulándose dentro de la misma esfera estatal, para liberar productos del sector agroindustrial con alto impacto ambiental, alimentario y en la biodiversidad, sin el control ciudadano, en abierta violación del Acuerdo Regional de Escazú, y sobre los cuales está demostrado su insostenibilidad ambiental.

Los miembros de la CONABIA con graves conflictos de intereses son:

– Guillermo Mentruyt (Asociación de Semilleros Argentinos), gerente de Asuntos regulatorios de Corteva Agroscience (2017-2022), Dow Agrosciences (1992-2014). También presidente de Argenbio, Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología creado por las transnacionales Bayer, Basf, Syngenta y Corteva. Mientras fue miembro de la CONABIA entre mayo 2006 y Julio 2017 su empresa Dow se vio beneficiada con el visto bueno de dicho organismo en las aprobaciones comerciales de las variedades transgénicas de Maíz.

– Alejandro Tozzini (Asociación de Semilleros Argentinos), gerente de Asuntos Regulatorios de la empresa Syngenta entre los años 2007 y 2017. También un declarado antimapuche en expresiones racistas en las redes sociales.

– Borjn Welin (Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres), investigador que colabora con la Transnacional de SummitAgro S.A. La Estación Experimental Obispo Colombres a la que pertenece es la que procura la aprobación comercial de la Caña Transgénica TUC-873RH-7, que ya tiene el visto de la CONABIA, órgano que la integra.

– Silvia Lede (CONICET) tiene un vínculo histórico con Bioceres, empresa desarrolladora del Trigo HB4. En el 2004 formó parte de un equipo de desarrollo biotecnológico de Bioceres que trabajó la transformación genética de la soja con genes antifúngicos mediante un convenio suscripto con la Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

– Silvia Passalaqcua (SENASA). Funcionaria pro-transgénica que aparece en conferencias a favor de los OGM organizadas y financiadas por Bayer.

– Ana Laura Vicario (INASE). Funcionaria pro-transgénica con colaboraciones en documentos de Argenbio, institución privada de las empresas transnacionales Bayer, Basf, Syngenta y Corteva.

– Ricardo Fernández de Ullivarri y Claudio Robredo pertenecen a Chacra Santa Rosa, institución privada pro-transgénica interesada en la aprobación del evento biotecnológico TUC-873RH-7 en la Caña de Azúcar.

El acta de la CONABIA sobre el trigo transgénico es una muestra cabal de cómo se aprueban los OGM en la Argentina, a través de un órgano cuyos miembros presentan fuertes conflictos de intereses para avalar (a puertas cerradas) la liberación de productos que representan un riesgo de daño irreparable a la diversidad genética y no cuentan con los adecuados estudios y ensayos que aseguren la inocuidad alimentaria de los ORM (organismos genéticamente modificados), la que se basa en argumentos meramente dogmáticos.

Para las aprobaciones, el reglamento señala que las decisiones se adoptaran por mayoría simple de votos y no sobre la totalidad de miembros, requiriendo que en esa mayoría simple obligatoriamente este comprendida mínimamente por 2 votos del INTA o INASE, 1 voto de una institución Pública y Externa a la órbita del Ministerio de Agricultura, y 2 votos de instituciones miembros diferentes entre sí. Conforme a ello, y de acuerdo a los arts. 12 y 18 del Reglamento interno de la CONABIA, para las aprobaciones de los OVGM bastaría sumar al quórum un representante más del SENASA y/o INASE y aquellas podrían obtenerse solo con cinco votos, siendo que el total de integrantes de la CONABIA son 49 (42 especializados en Biotecnología Vegetal y Microorganismos).

A partir de la reglamentación de la CONABIA, el resultado de la votación sobre las decisiones del órgano colectivo deberá reflejarse en el acta, explicitando las Instituciones Miembro que apoyaron cada una de las opciones consideradas, y los argumentos presentados en sustento de las alternativas que no correspondieran a la decisión mayoritaria. Algo de lo que el acta de la CONABIA sobre el Trigo Transgénico no da cuenta. El debate sobre el trigo HB4 promete escribir nuevos capítulos, ya que las decisiones entre gallos y medianoche, demuestran claramente que los únicos beneficiados ante la implementación del mismo, serán los mismos de siempre.

Las consecuencias ambientales y sanitarias negativas derivadas de la agricultura industrial basada en transgénicos y agrotóxicos pueden consultarse en numerosas investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales. Al mismo tiempo cuantiosos testimonios y denuncias han sido impulsados de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Este modelo de agricultura concentra capital, reprimariza la economía, incrementa la dependencia, profundiza la desigualdad económica y social, destruye ecosistemas, amenaza la soberanía alimentaria y deja a su paso territorios devastados ambiental y socialmente. No va más.