Miguel Peiretti
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Tercera Nominación de San Francisco, a cargo del juez Carlos Viramonte, dictó un fallo sin precedentes al condenar a un hombre a indemnizar a su exesposa con la suma de 49.278.939,76 pesos más intereses y costas. La resolución se tomó tras considerar plenamente probado que la mujer sufrió más de dos décadas de violencia física, psicológica y económica en el ámbito familiar, lo que llevó al magistrado a aplicar una estricta perspectiva de género para sancionar el daño civil sistemático que destruyó la autonomía y la salud de la víctima.
La relación de la pareja se inició en el año 1998 en Mendoza y posteriormente se radicaron en la ciudad de San Francisco, donde tuvieron dos hijos.Los abogados de la victima Virginia Panero y Nicolás Casas lograron acreditar que a lo largo de los más de veinte años de convivencia, el sometimiento fue constante e incluyó graves agresiones físicas en presencia de los menores, insultos degradantes, un control patológico y un aislamiento absoluto que le prohibía a la mujer estudiar, trabajar o mantener vínculos con sus seres queridos. Ante la rebeldía del demandado, quien optó por no presentarse al juicio ni contestar la demanda, la Justicia valoró de manera contundente las pericias psicológicas y las constancias de denuncias previas adjuntas en el expediente.
Para determinar el millonario monto, el juez Viramonte aplicó normativas nacionales e internacionales de protección a las mujeres, bajo el principio de "perspectiva de género". El fallo resalta la obligación del Estado y la Justicia de brindar una reparación económica efectiva cuando se vulneran de manera sistemática los derechos humanos de una persona en el ámbito intrafamiliar.
El tribunal analizó el impacto integral que el maltrato tuvo en la vida de la mujer y lo dividió en tres rubros fundamentales. La mayor parte corresponde a la pérdida de chance futura, fijada en más de 39 millones de pesos, debido a la severa incapacidad psicológica remanente y a la frustración del desarrollo laboral de la víctima, a quien se le impidió históricamente capacitarse e insertarse en el mercado de trabajo. A esto se le sumaron 7,5 millones de pesos por el daño moral para intentar reparar el profundo sufrimiento espiritual y la vulneración de sus derechos humanos, más 2,4 millones de pesos destinados exclusivamente a costear el tratamiento psicológico futuro necesario para su rehabilitación.
Este fallo marca un hito en toda la región al reafirmar que los hechos de violencia de género también conllevan una severa responsabilidad patrimonial en el ámbito civil, trascendiendo la tradicional vía penal. La sentencia, que busca sentar un límite ejemplar frente al flagelo del maltrato doméstico en el departamento San Justo, todavía no se encuentra firme y puede ser apelada por el demandado ante las instancias superiores.
