(APe).- La Santafesina SA goza de buena salud y a la espera de nuevos poderes que promete el gobernador Maximiliano Pullaro a través de un proyecto de ley que le devolverá la posibilidad de detener ante la falta de documentos, allanar sin orden judicial y hasta declarar un barrio entero casi en estado de sitio por el tiempo que se le de la gana. Un fenomenal retroceso democrático porque ya lo dice la propaganda oficial: “el miedo cambió de lado”.
En la ciudad de Santa Fe, capital del segundo estado de la todavía existente república Argentina, cinco policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte por el fallecimiento de Mauro Daniel González, un hombre de 35 años que murió el 17 de enero de 2026 después de ser detenido mientras atravesaba una crisis subjetiva en barrio Yapeyú, en la ciudad de Santa Fe. Un sexto efectivo, integrante del Cuerpo Guardia de Infantería, fue acusado por vejaciones calificadas.
“La investigación judicial sostiene que los uniformados lo golpearon durante la detención, continuaron agrediéndolo durante el traslado, ignoraron las advertencias de su familia sobre su delicado estado de salud y lo dejaron agonizando en un calabozo de la Comisaría 8ª, donde falleció horas más tarde sin recibir atención médica. Las imputaciones fueron formuladas por el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, ante la jueza Cecilia Labanca. El representante del Ministerio Público de la Acusación acusó a Lucas Aranda, Melisa Díaz, Sebastián Daniel Bandirali, Facundo Sebastián Amarillo y Sabrina Petion, todos integrantes del Comando Radioeléctrico, como coautores de tortura seguida de muerte. Al agente del Cuerpo Guardia de Infantería Juan Cruz Barros le atribuyó el delito de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima. Amarillo, además, fue imputado por otros hechos de vejaciones, daños y falsedad ideológica de instrumento público”, dijeron los medios de comunicación del primer fin de semana de julio de 2026.
Mientras tanto, a mediados de junio del mismo año, los dichos de los policías marcan la continuidad de la matriz de La Santafesina SA.
Diez efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario fueron imputados el martes 16 de junio por haber prendido fuego a una persona a la que habían detenido para incriminarlo en una causa relacionada al narcomenudeo. El hecho ocurrió en mayo de 2024 en una vivienda de la zona norte, donde según la Fiscalía uno de los policías roció con alcohol etílico a la víctima y le acercó la llama de un encendedor. Los demás agentes fueron acusados de encubrirlo en el acta de procedimiento y en declaraciones posteriores ante funcionarios de la Fiscalía.
La víctima fue un hombre, hoy de 44 años, que quedó con graves secuelas: una traqueotomía posiblemente permanente, pérdida de la voz y alteraciones respiratorias. En su momento declaró por escrito y narró cómo —dentro de una casa con otros tres detenidos— lo obligaron a hacerse cargo de una mochila que tenía varias dosis de cocaína. Que en esa secuencia lo prendieron fuego y no lo asistieron, por lo que tuvo que tirarse agua con orina que había en un inodoro.
La investigación que encabeza el fiscal Pablo Socca expone un procedimiento plagado de irregularidades y un delito grave que derivó en la imputación por tentativa de homicidio para seis de los agentes detenidos. Pero también deja entrever que se trata de un accionar habitual, lo que se evidencia en las amenazas a los otros detenidos en la vivienda donde ocurrieron los hechos: "Fíjense lo que dicen de nosotros. Yo soy re sicario, yo robo, los mato a ustedes, soy más sicario que cualquiera de acá, ¿saben por qué? porque yo soy policía y hago lo que quiero". Además, entre los imputados hay un policía recientemente condenado por un caso similar.
La Santafesina SA goza de buena salud porque la democracia se hace cada vez de menor intensidad e importa más el miedo como control social que la seguridad de las grandes mayorías.
